Comunidades originarias y organizaciones sociales que mantenían cortes de rutas en norte de Jujuy, en rechazo a la reforma parcial de la Carta Magna provincial que “limita el derecho a la protesta social”, y fue recientemente aprobada por una Asamblea Constituyente, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad locales.

En tanto, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, defendió la prohibición de realizar cortes de rutas y calles, contemplados en el texto constitucional y consideró que la implementación de esa prerrogativa debería ser discutida “a nivel nacional”.

Las manifestaciones contra la reforma -aprobada parcialmente el viernes por la madrugada- se llevaban adelante en distintas localidades, entre ellas, Purmamarca, donde los manifestantes establecieron un corte en el cruce de las rutas 9 y 52 durante toda la noche, soportando incluso temperaturas bajo cero.

Los pobladores que participaban de esta medida de acción directa denunciaron que a las 6 de la mañana del sábado, llegó un importante contingente de efectivos de la Infantería policial con el propósito de efectuar un desalojo de la ruta donde se desarrollaba la protesta.

Cuando amanecía, la Policía avanzó sobre los manifestantes y se inició una represión en el cruce de caminos que se encuentra en el ingreso a este poblado del norte jujeño, donde los efectivos no lograron concretar el despeje de las rutas.

Fuentes ligadas a los organizadores de la protesta indicaron que dos integrantes de la comunidades originarias de Coquena y de Collamboy resultaron detenidos y liberados luego de unas horas.

“Me llevaron a las piñas y patadas, tengo dolor en la rodilla y la cara. Era el precio que había que pagar por esta causa noble y justa. La nueva Constitución viola nuestros derechos”, señaló Desiderio Olmos uno de los detenidos.

Los manifestantes, que había definido en un primer momento realizar un corte total, decidieron permitir en las últimas horas el paso de manera intermitente por lapsos que se habilitaban periódicamente.

“Durante toda la noche se dejó pasar cada una hora, pero hoy a la mañana Gerardo (Morales) mandó a reprimir y por eso las comunidades definieron el corte total. Antes de que llegara la Policía, la cosa estaba tranquila”, expresó Armando Quispe, de la comunidad de Queta.

Quispe se refirió así a los momentos de tensión vividos en el corte y que motivaron a otros pobladores de la zona decidieron a sumarse a la medida de fuerza.

Las filas de autos llegaron a alcanzar alrededor de cinco kilómetros, ello por el inicio del fin de semana largo, que atrae muchos visitantes a la región.

Alrededor de las 15 horas, autoridades del Gobierno provincial se acercaron hasta el lugar del corte, pero se retiraron con el unánime repudio de todas las comunidades y al grito de: “que renuncie Morales”.

En tanto, los manifestantes quedaron en alerta por un posible nuevo intento de desalojo.

El viernes, al norte de Jujuy, la policía local ya había intentado avanzar con el desalojo de un corte total de la ruta nacional 9, en la localidad puneña de Abra Pampa, distante a 212 kilómetros de la capital provincial.

Las personas, en su mayoría docentes e integrantes de comunidades indígenas, replicaron mediante imágenes el enfrentamiento producido, tras el cual no abandonaron el reclamo, pero decidieron también abrir el paso por cada hora.

Otro de los cortes de ruta se registra desde ayer en la ciudad fronteriza de La Quiaca, sobre la ruta nacional 9, por parte también de comunidades originarias e integrantes de distintos espacios.

Sobre lo acontecido en las últimas horas en Jujuy, desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), expresaron en una publicación en sus redes sociales: “Jujuy es democracia social, no una monarquía. Ni un paso atrás en los Derechos Indígenas conquistados”.

En tanto, en solidaridad, desde el sector docente, que mantiene un paro por tiempo indeterminado desde hace dos semanas, también se convocó pasado el mediodía a una permanencia en el acceso sur a la capital provincial.

“Es para repudiar la represión de nuestros pueblos originarios, rodearlos de apoyo y seguir insistiendo en el aumento salarial y el respeto de nuestros derechos, que serán vulnerados por una Reforma inconstitucional, votada de espaldas al pueblo”, indicaron desde el Cedems, uno de los principales gremios docentes en la provincia.

El espacio concretó una nueva asamblea general en la que resolvió continuar la medida de paro con nuevas expresiones de reclamo en las calles, entre ellas, un banderazo a realizarse este 20 de junio, bajo la consigna “yo apoyo a los docentes” y el pedido de una recomposición que permita llegar a un piso de 200 mil pesos, con una mejora del salario básico.

Además, en torno a la reforma, resolvieron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad al Superior Tribunal de Justicia y declararán personas no gratas a los convencionales que votaron a favor de la modificación de la carta magna.

Respecto a la situación en Jujuy, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires salió a rechazar el intento de restringir la protesta social a través de la reforma de la Constitución, y advirtió que se pretende “quitar los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.

La CPM analizó en un comunicado que “la represión, la criminalización de la protesta y su prohibición son el peor camino” e hizo un llamado a los diferentes partidos políticos, gobiernos, funcionarios y legisladores “a cambiar de rumbo y retomar aquel consenso construido al calor de la memoria del horror: la democracia es la plena vigencia de los derechos humanos”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió, por su parte, que la reforma apela a la “paz social” para “limitar el derecho a la protesta”.

Detalló que se “mencionan estándares internacionales de derechos humanos” pero que “quedan en letra muerta: Ya que prevé que se sancione una ley para limitar las manifestaciones y deja abierta la puerta para que el gobierno y la policía decidan quiénes pueden y quiénes no pueden protestar”.

“La idea de ´paz social´ limitada a la ausencia de conflicto en la calle sólo sirve para criminalizar y estigmatizar a quienes se manifiestan”, planteó el Cels en su cuenta de Twitter.

Organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios jujeños confluyeron en una multitudinaria marcha de protesta contra la reforma parcial de la Constitución provincial aprobada en la madrugada.

La manifestación se acopló al plan de lucha que vienen manteniendo desde hace diez días los gremios docentes de la provincia.

“Gerardo Morales aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo jujeño”, fue la principal expresión de repudio en la jornada, que sumó el inicio de cortes de ruta y calles en diversas localidades.

Morales, por su parte, defendió la reforma de la Carta Magna provincial al señalar que “la Constitución de Jujuy va a ser la primera que pone en debate un tema que tenemos que discutir a nivel nacional que es el corte de rutas y calles”.

El postulante a la presidencia por el radicalismo explicó,  que se “mantiene el artículo 32 de la Constitución” respecto que “la manifestación es un derecho por el que no hay que pedir permiso, pero en tanto sea pacífica y sin armas”.

Y precisó: “Lo que sí hemos agregado es un artículo que regule la manifestación en los términos de los parámetros de Naciones Unidas, que establece que está prohibido estigmatizar y criminalizar, pero prohíbe los cortes de ruta, cortes de calles y las usurpaciones de edificios públicos”.

Ayer, se conoció que el Gobierno nacional, a través de la cartera laboral, pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución jujeña, según adelantó la ministra Kelly Olmos.

Entre las distintas críticas a lo aprobado, el Gobierno de Jujuy salió hoy a publicar en su web oficial lo referido al nuevo texto de la reforma con relación a las comunidades de los Pueblos Originarios.

Al respecto, argumenta que “Jujuy pasa a tener la única Constitución del país que reconoce el rango constitucional de la consulta previa e informada de las comunidades para la gestión de sus recursos naturales y sus intereses particulares”.