Mar del Plata comienza a transitar la última semana del mes turístico más fuerte del año, con la mirada puesta en la Cámara de Diputados de la Nación, donde comienza a tratarse la Ley Ómnibus elevada por el presidente Javier Milei quien, como se adelantó en esta misma sección, estará en Mar del Plata el sábado 3 de febrero. Este proyecto de ley incluye dos temas más que sensibles para la economía regional como lo son la modificación en las condiciones de la actual Ley Federal de Pesca y la posible derogación de la ley de Zona Fría, que reduce los descuentos en las tarifas de gas. Cámaras empresariales, industriales, sindicatos, trabajadores, entidades intermedias y autoridades políticas vienen alzando la voz para advertir a los diputados nacionales (General Pueyrredon cuenta allí con solo una legisladora, Juliana Santillán, de La Libertad Avanza) que de aprobarse ambas iniciativas, Mar del Plata sufrirá graves consecuencias económicas.

El intendente Guillermo Montenegro no tuvo tiempo de celebrar más que por algunas horas el exitoso resultado del operativo de seguridad desplegado el fin de semana en el marco del control de la nocturnidad -se movilizaron más de 200 mil personas para asistir a recitales, fiestas y boliches- y la gran afluencia de turistas que llegaron a ocupar el 85 por ciento de la capacidad hotelera, en una temporada que ha sido de regular a mala para toda la Costa Atlántica aunque “aceptable” para Mar del Plata gracias a la masiva afluencia de jóvenes. El lunes, el jefe comunal salió a marcar su firme posición en defensa de Mar del Plata, enviando incluso un mensaje a los legisladores de su propia fuerza. “La pesca se encuentran al borde de la defunción”, señalaron en el arranque de la semana desde el puerto marplatense, cuando ingresó al Congreso el nuevo proyecto del Ejecutivo, en el cual se acusa al sector de llevar a cabo su actividad de manera casi gratuita, olvidando que desde que se implementó el sistema de cuotas la pesca aportó más de 20 mil millones de dólares en materia de retenciones.

Montenegro aparece obligado pero a la vez convencido de salir a liderar la oposición a la intentona del Ejecutivo que se definirá en el Congreso. “Voy a seguir trabajando para que los diputados y senadores tengan en cuenta la realidad de nuestra ciudad y así defender los intereses de la región”, señaló el jefe comunal, mientras intensificaba los llamados telefónicos a los legisladores de su fuerza para que tengan en cuenta su posición. Cabe destacar que la suerte del proyecto dependerá del apoyo que le brinde la bancada del PRO. Sin los votos “amarillos” o de la UCR -además de la oposición del Frente de Todos, la izquierda y algunas fuerzas provinciales- el proyecto del Ejecutivo naufragaría. Para Montenegro, cualquier modificación tiene que ser conversada y discutida con las regiones afectadas. “Necesitamos que la voz de quienes vivimos en el interior del país sea escuchada y no menospreciada como tantas veces en los últimos años”, se quejó. Montenegro manda señales fuertes a su propia tropa. ¿Qué posición tomará, por ejemplo, el actual diputado nacional del PRO y exintendente de Pinamar (otro de los 90 distritos bonaerenses beneficiados con la Ley de Zona Fría), Martín Yeza, cuando se analice este tema en el recinto?

Quien está llamado a jugar un rol preponderante, tanto en el tema de la pesca como en el de las tarifas del gas, es el marplatense Maximiliano Abad, senador nacional por el radicalismo, quien puede ser una de las llaves o espadas legislativas para ponerle un freno a ambos proyectos en caso de obtener media sanción en Diputados. Ya Abad fijó su posición en el tema pesquero, señalando: “la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a la Ley Federal de Pesca va en sentido contrario al de generar mayor empleo e inversión”. “Abad tiene una enorme oportunidad para enarbolar y defender a rajatabla la bandera de la industria y la economía marplatense”, reconocían en el Ejecutivo local a propósito del debate que se viene. El senador, en tanto, mantiene diálogos constantes no solo con sectores de la pesca, sino también con diputados y senadores de la UCR y también del PRO, dejando en evidencia el daño que produciría para Mar del Plata la aprobación de esa iniciativa.

“Hoy todos hablamos de temporada, recién arranca el año, pero no hay margen como para permitir que se derrumbe uno de los pilares de la economía regional como lo es la pesca y la industria naval, porque la situación a partir de los próximos meses será mucho más dura aún”, señalan desde la Regional Mar del Plata de la CGT, donde confían en cosechar una multitudinaria adhesión al paro del miércoles. “Ya se siente el impacto económico en todos los sectores y recién estamos en enero. Las ventas cayeron en todos los rubros y si a eso le sumás que faltan los aumentos de los servicios, de la prepaga, de las cuotas de los colegios y la compra de los útiles escolares, no habrá bolsillo que aguante”, vaticinan en la central obrera local. Una situación novedosa irrumpe ante este paro. El Gobierno habilitó una línea telefónica y un correo electrónico para recibir denuncias. “Si sos víctima de extorsión por parte de los que quieren parar el país, denuncialos”, recomendó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mientras tanto, en Mar del Plata, tanto el sindicato de empleados de comercio como el que agrupa a los trabajadores gastronómicos lanzaron también sendas líneas telefónicas para “recibir denuncias de trabajadores y trabajadoras que enfrenten obstáculos para sumarse a la medida de fuerza”.

Lo cierto es que Mar del Plata, que se apresta a celebrar el 150º aniversario de su nacimiento, se encuentra en pie de guerra. Hay mucho en juego en estas horas. Una familia de Mar del Plata que actualmente abona alrededor de 15 mil pesos de gas en su hogar pasaría a recibir, en el tercer trimestre de este año, facturas con importes cercanos o superiores a un millón de pesos, según alertó el director del Instituto Consenso Federal y exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, al calcular el impacto de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei para este servicio esencial, en caso de derogarse la Ley 27.637 (Régimen de Zona Fría) que beneficia a esta región. En lo referente a la pesca, el Gobierno pretende licitar las cuotas de captura anual por especie y por zona de pesca, al tiempo que se establece un régimen de regalías que deberán pagar las empresas pesqueras por la explotación del recurso. “La licitación de cuotas pesqueras generará una reducción de la actividad y de los empleos aunque el Gobierno sostiene que la modificación es necesaria para garantizar la sustentabilidad de los recursos pesqueros y generar mayores beneficios para el Estado y la población”, referían representantes del sector al conocerse el proyecto elevado en la mañana del lunes.

“Nuevos participantes, lo cual no sería el problema, sino que es al mejor postor. A quienes venimos trabajando regulados con la Ley Federal de Pesca, haciendo inversiones y sosteniendo capacidad instalada de las plantas, no se nos tiene en cuenta ni por historia, inversión, renovación de la flota o actual tenencia de cuotas. Además, el proyecto no exime ir de la misma manera con otros recursos como langostino y calamar. Es lisa y llanamente un certificado de defunción para la actividad”, resumía el presidente de una de las cámaras empresariales, quien a su vez dio a conocer estadísticas “frescas” sobre exportaciones pesqueras de 2023. En tal sentido, dijo que el año pasado se exportaron 447.264 toneladas de pescado por un valor de 1.757.148 dólares. En 2022 habían sido 434 mil toneladas que generaron 1.804 millones de dólares.

Desde la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina, se indicó que las exportaciones totales argentinas de Productos Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron los US$ 38.255 millones durante 2023, representando el sector pesquero el 4,6%. Las exportaciones de PP cayeron un -39,4%, las MOA lo hicieron un -27,9% y las exportaciones del sector pesquero tuvieron una variación negativa del -2,3% y totalizaron los US$ 1.757 millones. En tanto, los tres principales países de destino -España, China y EE.UU.- representaron el 46% del total de las exportaciones pesqueras por un valor de US$ 812 millones, mientras que los 10 primeros los hicieron en un 64%. Además, se apuntó que “el langostino entero registró una baja del volumen exportado del -9,4% con relación a 2022 y una caída superior en el valor exportado del -21,8% producto. Esta caída significó la pérdida de US$ 118 millones”.

También la principal entidad empresarial de la ciudad como lo es la UCIP se pronunció contra la posición del Gobierno en materia de pesca. Desde la entidad anticiparon que la pérdida de 40 mil puestos de trabajo ubicaría a la ciudad con un índice de desempleo superior al 20 por ciento. “Es una reforma innecesaria que pone a la ciudad al borde de una de las mayores desocupaciones de su historia”, consignaron. Blas Taladrid, presidente de la UCIP, además apuntó que la iniciativa “atenta contra la inversión del empresariado local que durante años se ha afincado en General Pueyrredon y que, a partir de las licitaciones de cupo sin tener en cuenta historial alguno, como por ejemplo inversión, empleabilidad y abastecimiento local, antecedentes y procesamiento en tierra, muchas firmas “verán disminuido su valor como antagónico premio al esfuerzo de años y la reinversión de utilidades”.

Más allá del banderazo realizado el pasado viernes en el Puerto, en rechazo a la propuesta del Ejecutivo, ya comenzaron a evaluarse una serie de medidas a tomar para visibilizar el reclamo. “Si se aprueba la ley, Mar del Plata va a tener un problema social de una magnitud inconmensurable”, admitía en diálogo con Canal 8 el presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa). El texto del proyecto de Ley Ómnibus, con las modificaciones incluidas y enviado al Congreso, da cuenta expresamente de la preocupación que generó el tema. “La modificación del régimen de pesca generó un gran debate público y parlamentario”, dice el documento. Además, el Gobierno arremete contra empresarios y sindicatos pesqueros: “La base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita. Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”, según el Gobierno.

Precisamente, el Gobierno no retrocedió y argumentó: “A título de ejemplo, las regalías en langostinos son de alrededor 0,3% y los de merluza hubbsi son de alrededor el 0,15%. Este es el problema que urge resolver. De esta manera, el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras”. Por otro lado, el proyecto ahora aclara que “una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra internacional en el sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera. Esta palabra es removida en esta versión clarificando dicha confusión”, se consignó.

El presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), Fernando Rivera, expresó que una de los principales problemas que contiene el proyecto es la asignación de las cuotas de pesca, es decir, el derecho que tienen los barcos para pescar una determinada cantidad de peces. “Ese derecho se quiere cambiar. Antes se otorgaba por la historia que tenían las empresas, por la cantidad de personal ocupado que tenían, por la mano de obra que empleaban, por las exportaciones que realizaban y por las inversiones que habían hecho. Ahora todo eso se modifica por un sistema de licitación en el cual puede venir cualquiera, licitar y el que ofrece el mayor importe se lleva la cuota de captura”, explicó en su charla con el canal marplatense, donde insistió en que se trabaje sobre las herramientas que “no están cuestionadas”, como la Ley de Pesca y el sistema de cuotas de captura asignadas por 15 años, y “no cambiar de forma abrupta”.

Además, Rivera advirtió que, de no modificarse los puntos que incumben al sector pesquero en la Ley Ómnibus, “se puede poner en peligro a una que en Mar del Plata mueve a más de 40.000 personas y que exporta 900 millones de dólares” y avisó que en el caso de que la ley se apruebe y los buques pierdan la cuota, no van a poder operar. “Las embarcaciones no van a poder seguir dando trabajo en tierra y Mar del Plata va a tener un problema social de una magnitud inconmensurable. Por eso, lo que decimos es que hay que retirar todo lo relacionado con la pesca del proyecto de ley y analizar todas las cuestiones que haya que mejorar en el marco del Consejo Federal Pesquero, donde el Poder Ejecutivo tiene todas las atribuciones”, sentenció. Además, explicó que “una de las cosas que se había logrado con la Ley de Pesca era que hubiera un acuerdo entre fresqueros y congeladores donde se repartía armoniosamente la cuota de captura. Con el porcentaje de los fresqueros acá se da trabajo a 20.000 o 25.000 personas que están directa o indirectamente en la industria. Si Mar del Plata pierde eso, directamente esas personas se van a quedar sin trabajo. Se va a convertir en una ciudad inviable”, especificó.

Otro frente de tormentas en una intensa jornada de rechazos. También el lunes, el intendente Guillermo Montenegro y el exjefe comunal Gustavo Pulti se expresaron en contra del proyecto de eliminar a Mar del Plata de la Zona Fría como pretende el Gobierno nacional, lo que generaría un notable incremento en la tarifa del gas para miles de marplatenses y batanenses. “Hace dos años, se aprobó una ley que contempla que los argentinos que viven con condiciones climáticas adversas puedan acceder a una tarifa de gas acorde a la situación de cada lugar. Esta ley, como saben, es extensiva a muchas regiones del interior del país, incluida Mar del Plata”, recordó Montenegro poco después de que este medio advirtiera que la modificación estaba incluida en la Ley Ómnibus. “Hoy nos enteramos que desde el Ejecutivo Nacional quieren derogar esta ley. Soy un convencido de que la única forma de hacer las cosas bien es escuchando al interior del país y conociendo su realidad, que es la realidad de miles de argentinos que viven en nuestras provincias. No se pueden tomar decisiones solo desde la lógica del AMBA”.

El jefe comunal dijo que “es importante que entendamos que no es un capricho ni una cuestión de beneficios porque sí: es una manera de hacer que las zonas geográficas en las que es 100% necesario usar más calefacción debido a las bajas temperaturas puedan hacerlo. El gas es vital para los hogares y nadie puede negar que no es lo mismo calefaccionarse en Mar del Plata que en Capital Federal o el conurbano”. Montenegro alegó que siempre se puede conversar y encontrar mejoras a los proyectos que acompañen las necesidades del Gobierno de la Nación, “pero que de ninguna manera perjudiquen exponencialmente a nuestros vecinos”. Por último, se comprometió a trabajar “para explicarle a cada autoridad y a cada legislador el riesgo enorme que tendría aprobar este proyecto. Vamos a defender a cada marplatense”, concluyó.

En este contexto, el exintendente Gustavo Pulti escribió en sus redes sociales que Mar del Plata y la región “necesitan un Congreso digno que defienda a su gente de las injusticias que se van a perpetrar si se aprueba la Ley Ómnibus y, en particular, el artículo 318 que haría impagables las facturas de gas”. El actual diputado provincial resaltó que la Ley Ómnibus “se mete con los ingresos de la gente, con los recursos naturales, con la Constitución Nacional, con la soberanía nacional y con la posibilidad de lograr el desarrollo económico con progreso social. Por eso, debe ser rechazada en su totalidad”, completó.