La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció en las últimas horas el “retiro definitivo” del embajador en México, al argumentar que el jefe de Estado de ese país, Andrés Manuel López Obrador, “viola el principio de no injerencia en asuntos internos” al apoyar al destituido y encarcelado exmandatario Pedro Castillo.

El anuncio, realizado a la última hora del viernes en un mensaje televisado al país, ocurre el mismo día en que López Obrador calificó a Boluarte de “espuria” y reiteró que “México va a seguir apoyando al presidente (Castillo) injusta e ilegalmente destituido”.

“Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas por el presidente de México sobre asuntos internos de Perú, y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno”, dijo Boluarte, junto a su jefe de Gabinete, Alberto Otárola y la canciller, Ana Cecilia Gervasi.

López Obrador declaró a la prensa que tanto la presidenta Boluarte como el Congreso tienen una desaprobación de entre el 85% y 90% en encuestas, “y aún así ellos mandan con las bayonetas y con la represión, con la fuerza, ya van más de 60 asesinados”.

El retiro del embajador de Perú en México, Manuel Talavera Espinar, conlleva a que “las relaciones diplomáticas quedan formalmente a nivel de encargado de negocios”, dijo la mandataria peruana.

La cancillería mexicana dijo en un comunicado que “lamenta la decisión del actual gobierno de la República de Perú de reducir el nivel de relaciones diplomáticas entre ambos países”.

Comunicó que el gobierno mexicano “mantendrá su nivel de representación diplomática y consular” en ese país para “para promover los vínculos” bilaterales y brindar atención a la comunidad mexicana en Perú.

Añadió que el Gobierno reitera su convicción de “mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos en beneficio de ambas sociedades”.

Pero en su mensaje, Boluarte manifestó que el presidente López Obrador “ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022”, del cual dijo que generó el “rechazo unánime de las instituciones que integran el orden democrático en Perú” y motivó la destitución constitucional del exmandatario por el Congreso peruano.

Castillo está detenido en Perú, acusado de rebelión luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto.

El expresidente peruano fue arrestado por la policía cuando se dirigía con su esposa e hijos a la embajada mexicana en Lima: la entonces primera dama, Lilia Paredes, sí logró ingresar a la delegación diplomática con sus hijos, y se trasladó a territorio mexicano.

El jueves pasado Paredes fue recibida por López Obrador, y del encuentro el mandatario dijo: “La abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú, sobre todo con el pueblo humilde, pobre, indígena, humillado”.

Según el jefe de Estado mexicano, “hay lamentablemente mucho racismo y clasismo, y muchos intereses creados en Perú” de una parte de la clase política.

En su declaración televisada, Boluarte manifestó que “el señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido a Perú y México, al privilegiar afinidades ideológicas”.

La semana pasada la mandataria peruana acusó a su par mexicano de negarse a entregarle la presidencia rotativa de la Alianza del Pacífico. A ello México respondió que lo consultaría con el grupo de Río, un mecanismo regional permanente de consulta y concertación política que, además de México y Perú, incluye a Brasil, Argentina, Colombia, Panamá, Uruguay y Venezuela.

Previamente, un par de semanas desde la caída de Castillo, Perú había decidido la expulsión del embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, coincidiendo con la aprobación del asilo a la familia de Castillo.

Además de México, también los gobiernos de Colombia, Argentina y Bolivia, tuvieron roces con el Ejecutivo peruano por la destitución de Castillo y la posterior represión de quienes exigen elecciones anticipadas, entre otros reclamos.

En ese marco, el Congreso peruano declaró persona non grata al presidente colombiano, Gustavo Petro, a raíz de que este expresara que había semejanzas entre la Policía peruana y tropas nazis.

La destitución de Castillo desató una ola de protestas en las que se produjeron las muertes de al menos 60 personas, incluyendo 48 civiles fallecidos por enfrentamientos con efectivos de seguridad, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo.