La presidenta del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, Vilma Baragiola, elevó este martes un proyecto de comunicación al Concejo Deliberante a través del cual solicita al gobierno bonaerense que intime a la empresa provincial Central de la Costa Atlántica SA. para que brinde una respuesta “urgente y concreta” a los reclamos de los trabajadores, quienes llevan adelante un plan de lucha desde el viernes para exigir mejores condiciones laborales.

“Pedimos al gobierno provincial que tome cartas en el asunto e intime a la empresa a solucionar a la brevedad el conflicto y a realizar las inversiones correspondientes“, indicó Baragiola y recordó que “a través de los años hemos acompañado los distintos los reclamos y necesidades de los trabajadores de Luz y Fuerza”.

Los trabajadores de la Central Eléctrica 9 de Julio realizan desde el último viernes un plan de lucha que consta de paros de dos horas durante cada día, en el marco de reclamos por el estado de abandono y denuncias de “vaciamiento” contra la empresa, como así también por la ausencia de herramientas y la falta de inversión y mantenimiento. “Son cosas que ponen en riesgo la seguridad y la vida de los trabajadores”, consideró la edil.

Según explicaron desde el Sindicato Luz y Fuerza, la denuncia fue presentada en el Ministerio de Trabajo y confirmaron que mantendrán las medidas de fuerza por tiempo indeterminado hasta que las autoridades den “una respuesta concreta” a los reclamos.

La Central Eléctrica 9 de Julio depende de la empresa del estado provincial “Centrales de la Costa Atlántica SA.”, que se dedica a la producción y comercialización de energía eléctrica a través de la operación de sus cuatro centrales ubicadas en General Madariaga, General Pueyrredon, Mar de Ajó y Necochea.

“La desinversión, la falta de mantenimiento y la precarización laboral han generado un justo estado de alerta y movilización”, dijo Baragiola y además mencionó que el conflicto “impacta directamente en los consumidores, atentando contra el servicio y poniendo en duda la correcta continuidad del mismo”.

Por tal motivo, la concejal exigió que el gobierno provincial “tome cartas en el asunto e intime a la empresa a solucionar a la brevedad el conflicto y a realizar las inversiones correspondientes”.