El Parlamento de Venezuela -de mayoría opositora- aprobó el martes un acuerdo de respaldo a la sentencia del tribunal supremo de justicia paralelo, que condenó al presidente Nicolás Maduro por corrupción tras el escándalo de constructora brasileña Odebrecht.

El legislativo, cuyas decisiones son consideradas nulas, manifestó su “respaldo político” a la decisión suscrita por los magistrados en el exilio que acordaron el pasado 15 de agosto una condena de 18 años y tres meses al mandatario venezolano.

La Asamblea Nacional insistió en la existencia de “méritos” suficientes para un proceso judicial al presidente Maduro por presuntos “hechos de corrupción”.

La sala plena del tribunal paralelo dictó la sentencia en un recinto del Congreso colombiano, donde escuchó la acusación de la fiscal general destituida, Luisa Ortega, quien huyó de Venezuela en agosto de 2017 tras ser removida por la todopoderosa Constituyente oficialista.

El 9 de abril los 13 magistrados principales y 20 suplentes de la corte paralela -exiliados en Colombia, Chile, Estados Unidos y Panamá- solicitaron al parlamento venezolano que autorizara el enjuiciamiento de Maduro por presunta corrupción relacionada a sobornos de Odebrecht.

El legislativo avaló el juicio, aunque todas sus decisiones son consideradas “nulas” por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano en ejercicio, que es señalado de servir a Maduro.

El TSJ declaró al Legislativo en desacato desde que en 2016 la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumiera 112 de los 167 curules, invalidando todas sus resoluciones.

Los magistrados -ahora en exilio- fueron nombrados por la oposición para corregir supuestas irregularidades en la designación de los jueces que ocupan esos cargos en el TSJ.

Por su parte, la secretaría general de la OEA pidió el martes desconocer todos los actos del “ilegítimo” TSJ, refiriéndose en particular a recientes pedidos de extradición vinculados al aparente atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

La semana pasada, la máxima corte autorizó pedir a Colombia la extradición del diputado opositor exiliado Julio Borges, acusado de atentar contra Maduro el pasado 4 de agosto, durante un desfile militar en Caracas con dos drones cargados de explosivos.

En un comunicado la OEA señaló que las únicas instituciones democráticas en Venezuela son: la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015, la corte cuyos miembros eligió el Legislativo, y la Fiscalía General, destituida por la Constituyente tildada de “fraudulenta” por la oposición y desconocida por varios países.