El secretario general de la UTA en Mar del Plata, Adrián Giménez, negó que adherentes a la conducción del gremio hayan iniciado los hechos de violencia que ayer a la madrugada dejaron dos heridos de armas de fuego y aseguró que “los disparos venían de Infantería”.

Consciente de que la agrupación “Juan Manuel Palacios”, que bloquea desde el sábado la salida de los colectivos de la empresa 25 de Mayo y mantiene paralizado el transporte, acusa al gremio de comenzar el enfrentamiento, Giménez explicó: “Nos hicimos presentes en la cabecera del grupo 25 de Mayo para darle traslado a los compañeros que querían salir a trabajar”. Pero “la negativa fue rotunda”.

Enseguida apuntó: “Les dije (a los que llevan adelante el bloqueo) que se iban a tener que hacer cargo de lo que sucediese”.

Giménez repudió los hechos de violencia. “Yo estaba en la primera línea, entiendo que los disparos venían de Infantería, porque estaban atrás mío”, dijo en una conferencia de prensa en la sede de la UTA local.

El dirigente gremial no desconoció que “en el fragor hubo pelea y hay dos compañeros heridos de bala”. “Son hechos de violencia de suma gravedad. Como les tocó a mis compañeros, porque son compañeros a pesar de las diferencias que tenemos, me pudo haber tocado a mí”, agregó.

El gremialista repudió lo sucedido y se quejó de la percepción que se deja entrever en la opinión pública. “Del otro lado son Teresa de Calcuta y nosotros somos los que cometimos los hechos vandálicos”, ironizó. Y apuntó: “Del otro lado hay mucha gente que no pertenece al transporte”.

Giménez reforzó esa hipótesis al asegurar que de “la minoría” que paraliza el servicio “20 son trabajadores del transporte” pero “el resto no pertenece”, e hizo notar el apoyo a esa facción del Sindicato de Camioneros. “Hay cuestiones que no entendemos”, agregó. Y señaló que la intención de la agrupación disidente es sacar “un rédito político”.

El titular de la UTA también cuestionó a la Justicia por los tiempos que se toma para resolver las presentaciones judiciales del gremio contra la interrupción del servicio. “¿Qué pasa con la Justicia?”, se preguntó, y luego, al responder una pregunta de LA CAPITAL, agregó: “La Justicia es muy lenta. No tuvimos resultados”.

Según explicó el abogado del gremio, Fabián Driussi, el reclamo judicial busca que se permita el ingreso y egreso de las unidades a la cabecera, “que (los manifestantes) dejen circular y permitan trabajar a los trabajadores”.

En la misma línea, Giménez acotó: “Se coarta la libertad de trabajo, se corta la arteria para el ingreso y egreso del servicio de transporte, la ciudadanía queda rehén y los trabajadores que quieren trabajar no pueden hacerlo porque un grupo minúsculo lo impide”.

La conducción de la UTA buscó aclarar que la facción que corta el servicio no tiene personería gremial para realizar la medida, y la diferenció con la retención de tareas que lleva adelante el gremio entre las 22 y las 6 desde el 22 de junio.

“Hay una presentación en forma escrita de la suspensión del 30% de los trabajadores (por parte de la empresa) y de un 30 % de los salarios. Nosotros la rechazamos y empezamos la retención de tareas”, afirmó.

María Silvia Coronel, a cargo de los asuntos laborales del gremio, pidió “que quede claro que el salario y el aguinaldo” que percibieron los trabajadores “fue por una gestión que hizo el sindicato el jueves” ante el empresario Juan Inza, “no por lo que pasó el fin de semana”.

Además, Giménez rechazó que haya pagos pendientes que la UTA no reclame, como sostiene el sector opositor. “Está contemplado en actas a nivel nacional una diferencia salarial, un incremento solidario de 4000 pesos que rige de marzo a junio, que es lo que se nos adeuda. En el transcurso de esos días íbamos a acordar la forma de pago”.

El reclamo de la UTA, según subrayó, también incluye la situación de “las 250 familias del transporte de media distancia que ayer percibieron 20 mil pesos de mayo”. “Están sin trabajar desde el 20 de marzo”, recordó, y aseveró que la empresa argumenta que no les puede pagar en tiempo y forma por “la negativa del ATP” por parte del Estado. “Nosotros contemplamos la media distancia en las negociaciones”, resaltó Giménez.