La gestión del intendente Carlos Arroyo reclamó que sea dejada sin efecto la suspensión del último aumento del boleto al argumentar que la implementación de esa medida judicial podría afectar el “interés público”.

Al mismo tiempo desde el entorno de Arroyo se cuestionó la interpretación que el juez Marcelo Fernández realizó en torno a la exigencia legal que establece que los incrementos de las tarifas deben ser aprobados por la “mayoría absoluta” del Concejo Deliberante.

El Ejecutivo espera que estos y otros argumentos sean tomados como válidos por la Cámara en lo Contencioso y Administrativo para evitar que el precio del boleto deba que ser retrotraído a su antiguo valor, de $6,86.

El gobierno apeló el fallo del juez Fernández este miércoles en un intento por preservar la vigencia de la actual tarifa en el marco de una causa iniciada por los dirigentes Marcelo Artime y Leandro Laserna, de Acción Marplatense
Ambos se presentaron en los Tribunales la semana pasada planteando diversas objeciones sobre la forma en la que se realizó el trámite para aumentar el precio del boleto.

En su presentación realizaron cuestionamientos contra el estudio de costos -denunciando la existencia de “errores” e “inconsistencias”- y llamaron la atención sobre la cantidad de votos con los que fue aprobada la ordenanza.

El juez resolvió postergar el análisis acerca de las presuntas irregularidades señaladas por Artime y Laserna, pero consideró que los 12 votos emitidos a favor del aumento no fueron suficientes como para dar por legalmente aprobada la norma, por lo que ordenó que su aplicación fuera suspendida.

Al apelar esa decisión la Municipalidad advirtió que la implementación de la orden judicial provocaría una “afectación del interés publico” debido a la situación de “conflicto” que se generaría “entre los usuarios y la comunidad”, le indicaron a LA CAPITAL fuentes del Ejecutivo.

Sumado a esto la comuna cuestionó el criterio con el cual el magistrado evaluó el resultado de la votación, durante la cual, el pasado 29 de diciembre, hubo 12 concejales que apoyaron el aumento del boleto, otros 11 que lo rechazaron y uno que se abstuvo.

Para el juez estos números no arrojarían la “mayorida absoluta” -entendida como la mayoría de los votos emitidos- requerida por la LOM para estos casos.

Los funcionarios de Arroyo plantearon que existen “innovaciones legislativas” que hacen una interpretación diferente de la norma y presentaron como antecedente una votación ocurrida en 2011, cuando un proyecto para aprobar el aumento del concluyó con un empate de 12 a 12, provovando que el entonces titular del cuerpo, Marcelo Artime, debiera desempatar.

Para evaluar este argumento los jueces deberán considerar ahora qué analogías podrían existir entre ambos casos.