El fiscal general de Jujuy, Jorge Lello Sánchez, sostuvo hoy que la dirigente social Milagro Sala, presa desde enero del 2016, “debe seguir detenida donde está”, luego de que el juez Gastón Mercau le concediera ayer la prisión domiciliara en una de las causas en las que le fue dictada la prisión preventiva, para ser cumplida en el inmueble que posee en el barrio El Carmen y que, según su defensa, no se encuentra en condiciones de habitabilidad.

“Ella tiene que seguir donde está. En prisión preventiva, en el establecimiento carcelario (de Alto Comedero) porque no tuvo ninguna afectación física ni clínica que amerite” el cumplimiento del arresto domiciliario, dijo Lello Sánchez.

El representante del Ministerio Público formuló sus declaraciones en Radio La Red en el marco del debate desatado ayer tras la decisión del juez Gastón Mercau quien dispuso que Sala cumpla prisión domiciliaria en la zona de El Carmen, en respuesta al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque aún falta la decisión de otro juez que entiende en otras dos causas que involucran a la líder de la Tupac Amaru.

En tanto, desde la Coordinadora por la Libertad de Milagro Sala, también se opusieron a esa decisión al destacar la “vulnerabilidad” a la que estaría sometida la presa teniendo en cuenta que esa vivienda “fue saqueada y no cuenta ni con puertas, baño, ni ventanas”.

Sin embargo, Sánchez evaluó que la decisión de Mercau lo “sorprendió” por otro motivo, y porque “para eso debiera tener el expediente, el que estaba en la Corte Suprema”.

Por esto calificó de “irregular” la forma en la que se tomó la decisión y agregó que le “llama la atención”. Para Sánchez, “el juez se equivocó porque una recomendación -en referencia a la cautelar de la CIDH- es una recomendación. Los fallos de la Corte no son contestes en decir si la recomendación es obligatoria. Sí el fallo y hasta cierto punto”.

También aclaró que Sala “tiene tres prisiones preventivas y si bien se expidieron sobre esta, sobre las otras dos, todavía no”, en referencia a las que tramita el magistrado Pablo Pullen Llermanos.

Para el jefe de fiscales, los defensores de Sala “diseñaron una estrategia política, es un lobby político, porque Sala jamás contestó, ni argumentó, ni refuto jurídicamente en un proceso penal”.

En particular, sobre la vivienda de El Carmen, dijo: “Allí (Sala) pasaba los fines de semana, está ubicada en un lugar privilegiado y ahora aparece saqueada, pero no hicieron la denuncia sobre estos eventos. Aparece como una estrategia también”.

“En esa vivienda se hicieron procedimientos y se secuestró material para acreditar la defraudación que se le atribuye y una organización militarizada que tenía dentro de la Tupac con informes de inteligencia y cosas por el estilo.

Cuando llega la policía se ve a los caseros volviendo del campo y ante los interrogatorios descubren que habían ido a ocultar una computadora, pendrives, CDs y toda información que resultó vinculante a fines de establecer que ella era jefa de asociación ilícita y relativas al movimiento del dinero”, concluyó.