Por Ramiro Melucci

Ni las alusiones a la insuficiente capacitación de los vacunadores eventuales. Ni los cuestionamientos por la escasez de dosis. Ni las críticas por la no inclusión de los centros de salud municipales en el plan. Nada de eso molestó tanto a la Provincia de la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, como la declaración en TN de que Facundo “Apache” Villalba, dirigente gremial de ATE y la CTA vacunado, no era personal sanitario.

La funcionaria había tomado distancia de la campaña de inmunización y abierto un frente de conflicto con el director de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, por los criterios llevados a la práctica en Mar del Plata, pero aquella referencia en vivo rompió el esquema. No solo porque era incorrecta, sino porque por primera vez el municipio sembraba dudas sobre la transparencia de la campaña bonaerense.

Las palabras de la secretaria llegaban en un momento caliente. Los medios nacionales machacaban con la denuncia por supuestas irregularidades impulsada por el ayudante fiscal Javier Pettigiani y el ala dura de Juntos por el Cambio se proponía mantener el tema en agenda. Una combinación explosiva.

Las diputadas Marcela Campagnoli y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, hicieron su aporte con una visita a Mar del Plata. Dieron notas con críticas al gobierno provincial, recorrieron los puestos de vacunación y mantuvieron un encuentro con el intendente en el COM. A esa altura el teléfono de Montenegro explotaba: le pedían entrevistas de todos lados. Para que echara más leña al fuego. 

Pero el jefe comunal tomó la calle contraria. Decidió bajarle el tono a la polémica. Sobre todo después de la respuesta del jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica. Bernabei no volvió a hablar con los medios y Montenegro rechazó cada uno de los pedidos que se le acumulaban en el whatsapp.

El modo apaciguado con que el Concejo Deliberante reflejó los hechos fue la confirmación de que ya se estaban distribuyendo los paños fríos. Es cierto que Marina Santoro, del Frente de Todos, calificó a las declaraciones de Bernabei como “un acto de irresponsabilidad” y que la radical Vilma Baragiola habló de “personas que acceden a la vacunación que no tendrían que estar vacunadas”, pero también que el debate retornó pronto a la calma. El cuerpo hasta aprobó una ordenanza para generar un plan integrado de vacunación. Los tiempos legislativos suelen producir este tipo de contradicciones: nunca como ahora esa pretendida integración entre el municipio y la Provincia estuvo más lejos.

Los medios nacionales machacaban con la denuncia por supuestas irregularidades y el ala dura de JxC se proponía mantener el tema en agenda. Una combinación explosiva.

En ese marco de diferencias amplificadas y de baterías telefónicas agotadas (Bianco dixit), el Frente de Todos anunció una gestión de la titular de la Anses, Fernanda Raverta, con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y la directora general de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila, para el envío de $ 437 millones destinados al sistema educativo municipal.

La novedad, comentada por las concejalas Virginia Sívori y Verónica Lagos, era que los fondos permitirían “sostener y ampliar el sistema” a través de un “aporte extraordinario” para abonar el cien por ciento del salario de todos los docentes municipales.

La comuna y el exintendente Gustavo Pulti pararon las antenas. Aclararon que eran partidas contempladas en el convenio firmado en 2009 con el entonces gobernador Daniel Scioli y Cristina Fernández de Kirchner, que era la presidenta.

La omisión del contexto alteró particularmente los nervios del exjefe comunal, que no se explicaba el protagonismo de Raverta. Por eso recordó que el acuerdo no solo era para financiar salarios, sino también para mantener la infraestructura, por lo que habló de un “cumplimiento parcial”.

El gobierno de Montenegro puntualizó por lo bajo que las partidas corresponden al año pasado y que “no son ni para ampliar ni para mejorar el sistema, sino para mantenerlo”. Aludió al mismo tiempo a un encuentro que el intendente mantuvo con Trotta en noviembre. Las gestiones se habrían iniciado ese día, pero la comunicación oficial no las mencionó: solo resaltó el pedido del jefe comunal al ministro para que los egresados tuvieran su acto de colación.

Con esas explicaciones y otras frases compartidas (“es como si se anunciara el envío de la coparticipación”, dijeron), el Ejecutivo y Pulti dieron a entender que es natural que lleguen esas partidas y que no se necesitarían gestiones estruendosas.

La comuna y el exintendente Gustavo Pulti pararon las antenas. Aclararon que eran partidas contempladas en el convenio firmado en 2009 

Los antecedentes de la época arroyista abren un interrogante sobre tal naturalidad. Las diferencias del exintendente con María Eugenia Vidal y Mauricio Macri hicieron que el convenio no siempre se respetara. En marzo de 2016 Arroyo reveló por primera vez que “se le complicaba mucho la gestión” porque la Provincia y la Nación no le enviaban la plata. Dos años después, en un contexto de ajuste, el Ejecutivo reconoció que el monto que le mandaban alcanzaba para financiar solo “el 52,2%” de la masa salarial.

Recién en noviembre de 2019, con la derrota electoral a cuestas y a días de dejar la intendencia, Arroyo anunció un acuerdo con el Ministerio de Educación y la Dirección de Cultura y Educación para “recuperar recursos” en el marco del convenio tripartito. Envalentonado por el triunfo y a días de asumir, Montenegro retrucó públicamente que la gestión la había hecho él con Vidal.

Esta trastienda demostraría que, si bien un decreto nacional y una ordenanza establecen los aportes, el mero requerimiento administrativo necesita además un entendimiento político. Allí terció Raverta, que aprovechó la foto con el Presidente y Trotta por el relanzamiento del plan Progresar para difundir una buena noticia para Mar del Plata. Los recelos son lógicos, pero la única manera de evitarlos es que haya una ley. Ahí sí el asunto se asemejaría mucho más a la coparticipación.

El radicalismo mira este panorama con la atención dividida. La interna del domingo próximo lo absorbe. Y por momentos lo perturba. Solo de esa forma se explica que la rivalidad entre Cristina Coria y Ariel Martínez Bordaisco haya tenido como campo de batalla el recinto de sesiones. La concejala reveló en público que no quiso votar a favor de la continuidad del presidente del Concejo, sino abstenerse, en la sesión del 1 de marzo. Aseguró que Bordaisco no se lo permitió y lo tildó de “poco democrático”. El titular del legislativo explicó que el pedido de palabra de Coria llegó tarde y que por eso no se la dio. “Quizá la virtualidad jugó una mala pasada. Nunca hubo intención de acallar ninguna voz”, respondió.

El resto de los bloques miró la riña radical con una mezcla de incomodidad y asombro. Comprensible. Lo que podría haberse resuelto en una charla reservada se dirimió de la peor forma: delante de todos.