Si alguien tenía alguna duda de que la historia volvería a repetirse, ahora no posee motivo para tenerla: la bandera blanca ya estaba preparada para ser blandida antes de la batalla.

Aún antes de que terminaran las 24 horas del paro general dispuesto por la CGT ya las partes estaban intercambiando contactos como si nada hubiera pasado.

Y algún fullero experimentado debe haberle soplado al oído del gobierno que había una carta interesante para jugar y que podía ser tentadora para las partes supuestamente en pugna.

Por eso la administración de Mauricio Macri dejó caer sobre el paño político la idea del blanqueo de la millonada de trabajadores en negro que a alguien se le debe haber ocurrido en todos estos años, pero que por alguna u otra razón -que podrían sospecharse- no encaró.

El plan es registrar a esos 4,5 millones de desaparecidos sociales a razón de 300 mil por año, según lo que dejaron escapar las autoridades, lo que significaría terminar la faena en una década y media. O sea, de acá a poco más de otros tres gobiernos. Pavada de número.

Pero antes que nada algo es algo. El punto en discusión es cómo. Envalentonado por el blanqueo de capitales que el propio oficialismo considera un éxito y cree que es análogo al problema del trabajo en negro (casi cuatro de cada 10 empleados), el gobierno explora perdones tributarios varios.

Lo que ocurre es que la idea fue lanzada en un momento en que los tres sectores en danza tienen intereses propios fundamentales y cualquier definición es crucial.

La administración necesita que las arcas fiscales no se desmoronen y entonces no puede tocar lo que signifique aportes previsionales y a la seguridad social. Por un lado, por la cuestión económico-fiscal y por otro por las elecciones vitales para su futuro.

Aportes patronales

Pero para los empresarios ese es el punto sensible y adonde apuntan justamente. Los empleadores pretenden que el blanqueo se edifique a cambio de la baja de los aportes patronales, un reclamo que está siempre en la cúspide de su agenda. Además, la Unión Industrial Argentina (UIA), entidad madre empresarial, debe renovar sus autoridades y Daniel Funes de Rioja, de la poderosa corporación de compañías de alimentos (COPAL), aspira al sillón mayor y entonces se irá poniendo más duro a medida que se acerque la fecha decisiva.

Del lado sindical todo es bien aceptado y pugnarán por el blanqueo, ya que la registración de trabajadores implicará ingresos para los sindicatos y las obras sociales. En ese caso, no obstante, estarán del lado del gobierno en cuanto al punto de no bajar los aportes patronales.

Pero ¿será posible avanzar en tamaña idea en medio de una conflictividad que no cede, una economía que sigue en problemas, negociaciones paritarias que podrían complicarse en muchos ámbitos y otro plan ambicioso del gobierno como flexibilizar convenios de manera individual al estilo Vaca Muerta?
Loable la idea de sacar del ostracismo a millones de trabajadores.

Sería loable también dejar muy en claro que habrá premios y castigos. Lo mismo que se firme con letra y tinta indelebles un acuerdo de las partes que exceda gobiernos y dirigentes.
Pero la carta que se ha puesto en el tapete, como tantas otras, en el contexto en que se está jugando lamentablemente tiene toda la pinta de ser otro naipe marcado.