Los padres de Lucía Pérez (16), la adolescente que en octubre de 2016 muriera en el interior de la casa de un vendedor de drogas, anunciaron este miércoles que pedirán el juicio político contra los jueces del Tribunal Oral N°1 que dictaron una sentencia absolutoria contra los acusados de femicidio.

En noviembre del año último el Tribunal Oral N°1, integrado por los magistrados Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale juzgó a Juan Pablo Offidani, Matías Farías y Alejandro Maciel por distintos delitos y roles. A Farías se lo acusó de abuso sexual por acceso carnal agravado por el resultado muerte y el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio como autor responsable, mientras que a Offidani como partícipe secundario. Maciel, en tanto, llegó a juicio imputado del delito de encubrimiento agravado.

La deficiente instrucción realizada en los meses previos por la fiscal María Isabel Sánchez fue expuesta como parte de la dificultad de la compleja causa.

Los acusados durante el juicio.

Offidani y Farías fueron condenados a 8 años de prisión por la venta de estupefacientes en una sentencia que “no consideró la perspectiva de género que explicara la situación a la que fue sometida la adolescente”. Los jueces se ciñeron a cuestiones técnicas científicas a través de las cuales no se pudo probar la existencia de abuso sexual ni de un causal de muerte específico.

Pese a que desde la evidencia no se pudo lograr certeza respecto al abuso y a la muerte, y que el propio fiscal Daniel Vicente debió retirar la acusación contra Maciel, se enfocó el caso como una grosero y notorio episodio de violencia de género. Por eso Vicente pidió perpetua para los otros dos acusados, al igual que el representante de la familia Pérez aunque con algunas diferencias.

Tras conocerse el fallo, salvo funcionarios del ámbito jurídico y forense que lo avalaron con fundamentos técnicos, gran parte de la sociedad se mostró conmocionada y lo calificó de “misógino” y “machista”.

Lucía Pérez murió el 8 de octubre de 2016.

El ministerio público, a través del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en su apelación a Casación sostuvo que “abuso sexual seguido de muerte, toda vez que de lo analizado precedentemente de la prueba surge que la víctima se encontró en una posición en la cual no pudo analizar y decidir concretamente si deseaba mantener relaciones sexuales, pues se afectó su esfera de libertad mediante la provisión del estupefacientes y aprovechando la relación desigual de poder que los unía”.

La presentación de los padres de Lucía Pérez se realizó en el anexo del Congreso con el impulso de diputados de diversas fuerzas y representantes de organizaciones de derechos humanos.