La Iglesia comenzó a encender señales de alarma porque considera que el presidente Mauricio Macri demora más de lo aconsejable el llamado a una mesa de concertación social para buscar acuerdos y afrontar los grandes desafíos nacionales, entre ellos la lucha contra la pobreza.

Para los obispos, el contexto de recesión, las inversiones que no llegan y los 1,5 millones de argentinos desocupados, sumados al tarifazo y al aumento de los pobres e indigentes desde que Cambiemos llegó al poder, apuraron los tiempos.

La decisión es clave e institucionalmente es Macri, y solo Macri, quien puede convocar a una gran mesa de diálogo para consensuar políticas sobre los problemas más candentes.

En ambientes eclesiásticos reconocieron que hay más permeabilidad en el entorno presidencial para avanzar en esa dirección, pero advirtieron que es el primer mandatario quien pone “palos en la rueda” porque considera que hacerlo puede afectar la gobernabilidad.

Prioridades al parecer distintas que provocan roces entre el Gobierno y la Iglesia, en momentos en que el Papa pide sensibilidad ante las situaciones de exclusión y habla del problema de la desocupación en el país, la UCA atribuye a las “medidas de ajuste” de la administración macrista la situación social actual y, casualmente o no, la justicia entrerriana allana de oficio un convento de la ciudad de Nogoyá tras una denuncia periodística por supuestas torturas.

La preocupación eclesiástica por las demoras para convocar a una mesa de concertación nacional la explicitó monseñor Jorge Casaretto, durante un encuentro de dirigentes para “repensar la política” que se desarrolló en el Congreso.

“Un pacto social para un gobierno, ¿qué es? ¿Es un signo de debilidad o un signo de grandeza”, interpeló el obispo miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

La Iglesia impulsa desde la crisis 2001-2002 la idea de un gran acuerdo nacional. En la “década ganada” por el kirchnerismo la cerrazón del gobierno y su confrontación con el Episcopado -sobre todo con Jorge Bergoglio- impidieron avanzar en ese sentido.

Ahora los obispos van por más, a tono con la “cultura del encuentro” que fomenta su compatriota el Papa, y en dos direcciones: una urgente y de fondo, y otro profunda y de mediano y largo plazo.

Urge, aseguraron los prelados consultados por DyN, buscar soluciones al aumento de la pobreza y trabajar en sistemas de contención para cubrir a quienes están cayendo en este flagelo. Un problema que requiere también, agregaron, darle “institucionalidad” a los movimientos populares. Un punto en el que la Iglesia tiene discrepancias con el Gobierno.

Esta urgencia radica en el riesgo de estallidos sociales, tal como lo alertó el obispo de Santo Tomé (Corrientes), monseñor Hugo Santiago: “Por experiencia sabemos que cuando empieza a haber mucha gente excluida, viene la violencia, el aumento de la droga; empiezan con los delitos menores y los problemas… todo el mundo está notando esta problemática y sabe que hay que trabajar por la inclusión”.

Además de esta urgencia, los obispos auspician la búsqueda de consensos sobre políticas de Estado que trasciendan los gobiernos: la lucha contra la pobreza, el combate del narcotráfico, la prevención de las adicciones, el impulso de la educación integral, el acceso universal a la salud, la generación de empleos dignos, la erradicación de la trata de personas, la promoción del cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

DyN.