En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Municipio debe enfrentar otro dolor de cabeza: las consecuencias legales y económicas de los errores de la administración de Carlos Arroyo. La Justicia acaba de emitir un fallo contundente contra la quita de la bonificación docente resuelta en su momento por el exsecretario de Hacienda, Hernán Mourelle, y además ordenó el pago de sumas retroactivas que podrían poner en un importante aprieto a las arcas municipales.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata falló recientemente a favor de los docentes municipales, que siguen batallando por la polémica decisión política adoptada por la gestión de Arroyo de quitarles la histórica bonificación docente, derecho luego restituido en el inicio de la administración de Guillermo Montenegro.

El conflicto se desencadenó en 2018, cuando el gobierno de Arroyo y su entonces secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, modificaron por decreto la fórmula del código 59 que históricamente beneficiaba a los docentes del sistema educativo municipal. La medida enardeció a los maestros y al Sindicato de Trabajadores Municipales y derivó en una creciente espiral conflictiva.

En ese contexto, el Concejo Deliberante restableció el beneficio, pero Arroyo vetó la ordenanza en cuestión y el cuerpo deliberativo, por insistencia, volvió a instaurarla. En agosto de 2020, vale recordar, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires declaró abstracto el conflicto de poderes que planteó a fines de 2018 el ex intendente Carlos Arroyo con el Concejo Deliberante tras recortar la bonificación docente.

A raíz de la demanda iniciada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata por uno de los docentes municipales afectados a los fines de obtener la anulación del polémico decreto 2272 firmado el 25 de octubre de 2018 y cobrar las diferencias salariales (retroactivo), la Justicia hizo lugar parcialmente a la acción judicial y reconoció el derecho del trabajador de percibir la bonificación especial y condenó al Municipio a “abonar el importe que resulte de la liquidación más los intereses” en el plazo de 30 días corridos.

El fallo expone duros cuestionamientos en torno a la medida impulsada por Mourelle y remarca que “no puede sostenerse que el intendente (Carlos Arroyo) carecía de competencia para decidir que la bonificación especial docente debía calcularse tomando como referencia el módulo de 24 horas. semanales del nivel 12 del Escalafón Municipal”.

Ahora bien, la resolución judicial a favor del docente municipal sienta un precedente clave en torno al resto de los trabajadores damnificados en el mismo sentido.

El fallo llevaría al Municipio de General Pueyrredon a tener que abonar importantes sumas de dinero en carácter retroactivo por el error de la anterior gestión, que dos años y medio después aún genera consecuencias legales y económicas.