Mientras la recolección de residuos aún no llegó a normalizarse por completo luego de una protesta de un grupo de recuperadores informales, que se extendió durante 48 horas, ayer el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) anunció una medida de fuerza que afectó nuevamente al servicio.
El gremio decidió realizar un paro por 24 horas a causa de las “pésimas condiciones” en las que se encuentran las instalaciones del predio de disposición final.
De ese modo, las 14 personas del Ente Municipal de Servicios Urbanos que cumple tareas en ese lugar anoche no recibió a los camiones de la empresa “Transportes 9 de Julio” y los mismos se vieron impedidos de volcar la basura transportada. Así, por tercera vez en la semana la basura no fue recolectada en la ciudad.
“Los trabajadores municipales realizan su trabajo en condiciones infrahumanas. Están a la intemperie, no tienen baño ni un lugar donde guarecerse y eso es inaceptable”, explicó a LA CAPITAL el secretario de Prensa del STM, Luis María Muñoz. Así, el gremialista confirmó que el paro se inició a las 0 de hoy y finalizará a las 24.
La huelga la llevan adelante, exclusivamente, los 14 municipales que prestan servicios en el lugar en tres turnos, cumpliendo la función de recepcionar a los camiones recolectores de residuos, los registran en el libro de ingreso, los abren y los descargan.

Sin soluciones

“Este problema no es nuevo. Se lo habíamos planteado al (Poder) Ejecutivo, que en su momento se comprometió a resolverlo, pero no hicieron nada”, aseguró.
Muñóz explicó que además de declarar la medida de fuerza el sindicato reclamó la intervención del Ministerio de Trabajo, para que a través de una comisión verifique cuáles son las condiciones en las que el personal realiza sus tareas.
“Hemos pedido que una comisión especializada en temas de seguridad e higiene se pronuncie sobre si esas son las condiciones adecuadas para que una persona trabaje”, indicó.
Entre el martes y el miércoles, el acceso al centro de disposición final permaneció bloqueado por una protesta de recuperadores informales. El grupo impidió durante 48 horas el ingreso de los camiones de la empresa de recolección porque exigían mejoras en el playón de descargas donde desarrollan su actividad. Por ese motivo las calles de Mar del Plata y Batán quedaron abarrotadas de residuos.
La medida de fuerza concluyó anteayer a la tarde, luego de que el Ente Municipal de Servicios Urbanos realizara algunas tareas para tratar de acondicionar el lugar.
Al mismo tiempo, la situación generó un fuerte cruce entre el intendente Carlos Arroyo y el juez de Garantías, Daniel De Marco, quien tomó intervención en el caso luego de que la Municipalidad pretendiera que la Justicia realizara un desalojo.