El gobierno de Mauricio Macri vuelve a practicar el peligroso juego de la prueba/error/rectificación ahora en uno de los temas más sensibles de los argentinos: el laboral.

Enancado en la reformulación del convenio de trabajo de los petroleros, y en el marco de la futura explotación del yacimiento Vaca Muerta, la administración pretende imponer una nueva flexibilidad laboral.

Se habla de las reformas de “segunda generación” y de la “baja de los costos laborales”, pero son solo eufemismos para enmascarar el objetivo de varios de los gobiernos desde el retorno de la democracia, cual es hacer más lábiles las normas que rigen el trabajo en el país.

Lo intentó Raúl Alfonsín empezando por el amplio paraguas de la “democratización sindical” y el plan fracasó apenas vio la luz. Al contrario, el modelo tradicional se fortaleció.

Luego vino Carlos Menem, quien sí lo consiguió pero como parte de un modelo para el cual era condición necesaria, como fue la privatización de las empresas públicas. Y allí los sindicatos, sobre todo los poderosos, fueron socios del menemismo.

El posterior gobierno de la Alianza, que se fue a los dos años de haber llegado a la Casa Rosada, tuvo un estrepitoso fracaso con su renovado intento de flexibilidad que pasó a la (triste) historia con el mote de “Ley Banelco”, sospechada de haber sido prohijada en medio de la corrupción de las coimas.

El kirchnerismo no hizo nada porque jugó al toma y daca con los gremios con las cajas de las obras sociales y otros favores políticos hasta lograr una inédita atomización del sindicalismo peronista en tres CGT, más las dos CTA de centroizquierda.

Ahora, para continuar con la costumbre, el macrismo vuelve a la carga. Algunos, como loros, repiten argumentos trilladísimos, y hablan de legislación anquilosada, de los convenios del ’75, de los altos costos laborales y varios etcéteras más, con la excusa de que cambiando todo se van a favorecer las inversiones y la creación de puestos de trabajo.

El debate se abre cuando desde el propio Estado esta y las anteriores administraciones han tolerado y avalado anomalías contrarias a la normativa, como el otorgamiento de sumas no remunerativas, o han promovido metodologías y compensaciones de dudosa legalidad.

Pero eso no sería lo peor, ya que el panorama en el que se efectúa el planteo sigue siendo el de hace más de una década por lo menos, con casi el 40 por ciento de los trabajadores en negro; muchos sueldos que en promedio no alcanzan a cubrir la canasta familiar y despidos y suspensiones que generan preocupación.

En las últimas semanas, además, se informó del parate de algunas industrias en el interior argentino, lo cual genera, en esas zonas, un efecto dominó realmente alarmante.

También las cargas impositivas que no tienen nada que ver con los tributos salariales siguen a la orden del día. Porque las modificaciones al Impuesto a las Ganancias son pan para hoy y hambre para mañana, y lo que ingresa por un bolsillo se va por el otro debido a los aumentos en los servicios anunciados en todos los distritos ya desde el comienzo de 2017.

Por ejemplo, solamente alguien demasiado ingenuo podría creer que el aumento en las naftas no será trasladado a los precios.

Además, ya no se puede convencer a nadie de que con medidas de tipo administrativo o por mero efecto de leyes se puede crear empleo. Los puestos de trabajo se fomentan con un conjunto de factores en armonía conjugados al compás de una actividad económica próspera, como se ha dicho millones de veces.

Lo demás es puro palabrerío destinado a objetivos de corto plazo, como alivianar los bolsillos de quienes deben afrontar los costos laborales y, como ha ocurrido tantas veces, no trepidarán en firmar suspensiones y cesantías cuando les plazca.

Así que se está nuevamente en presencia de otra intentona en materia laboral en la que vuelven a atar en el sulky el caballo mirando para atrás.