El pasado viernes 31 de julio se registró una nueva muerte evitable en Mar del Plata. A sólo 18 meses de la tragedia de Punta Mogotes, donde una madre y su hija murieron sepultadas por el derrumbe de un alero sobrecargado de una construcción en altura, una mujer corrió la misma suerte al ser alcanzada por el desprendimiento del revestimiento de un quinto piso de un edificio de la calle Arenales.

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX, desde la asunción de su nueva gestión en diciembre de 2019, priorizó el trabajar en la prevención y la concientización en el tratamiento de este flagelo, que no sólo alcanza a esta ciudad sino también a todo el espectro de las localidades costeras, debido al clima marítimo que las caracterizan.

Entre las distintas acciones que se implementaron se destaca la carta enviada el 4 de febrero junto a otras Instituciones involucradas, al intendente del partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, alertando sobre las deficiencias, necesidades y potencialidades relevadas en un diagnóstico realizado en conjunto.

Asimismo, se llevó adelante una campaña de difusión en medios masivos locales, intentando instalar y posicionar el tema en la agenda de la ciudad; se propició su tratamiento en el Foro de la Construcción que conduce esta entidad y se trabaja regularmente en comisiones internas abordando aristas legales, técnicas y económicas.

En la actualidad se implementó un curso de capacitación, formación y actualización para arquitectos y arquitectas que intervienen en las tareas profesionales que abordan la problemática.

“A estas iniciativas que generamos desde lo profesional, creemos que es necesario sumarle un análisis de la actuación de los actores intervinientes, no con el fin de repartir culpas sino como una manera de que cada sector asuma su responsabilidad y tome conciencia de su rol”, señalan desde el Consejo Directivo del Colegio.

Si bien esta comuna es pionera en la implementación de ordenanzas que atienden estas dificultades, donde las mismas inclusive son replicadas en otras ciudades, la dependencia que hoy debe regular y hacer cumplir estas normativas, se encuentra operando en forma deficitaria por falta de recursos, infraestructura y personal.

Es imperioso recomponer esta aérea y que el Municipio cumpla el rol de policía y de responsable de la seguridad pública que legalmente le compete.

Los integrantes de los consorcios, administradores, consejos de administración y los consorcistas en general, deben tomar conciencia respecto de las contrataciones de informes y obras que realizan. No se trata de cumplir con la normativa para no estar en infracción, se trata de velar por vidas humanas en primer lugar y de preservar su propio patrimonio en segundo orden, teniendo en cuenta que como propietarios son los primeros en la cadena de responsabilidades civiles y económicas.

Finalmente, señalan: “si bien desde nuestra profesión asumimos y somos conscientes de la responsabilidad que implican nuestras actuaciones e intervenciones, debemos actualizarnos y capacitarnos periódicamente, como demanda el rol protagónico que implica nuestra intervención en el mantenimiento y reparación de estas edificaciones y sus patológicas”.

“Consciencia social y responsabilidad comunitaria es la consigna que consideramos deben asumir las partes intervinientes para atender y contener esta problemática”, puntualizaron.