El sindicalismo peronista ha dado un paso importante en procura de su reunificación, prevista para dentro de unos meses.
Esa vuelta a la mesa común era esperada desde hace bastante tiempo, pero quizás lo que sorprenda es el momento y la cantidad de ejes comunes que ese sector de poder ha hallado en tan poco trayecto de un nuevo Gobierno al que pareció en principio haberle dado un crédito importante y al que ahora, incluso, le van a enrostrar una movilización.
También puede resultar llamativo que el proceso se concrete sin excluidos y con pases de factura con sordina, pero en realidad para quienes conocen el paño gremial y se toman el trabajo de repasar la historia nada de esto puede sorprender.
Los dirigentes sindicales que vieron pasar montones de administraciones de variado signo político han resuelto, en este marco, llamar a una marcha de protesta y de reclamo, algo que tardaron años en concretar en la era kirchnerista.
Algo cruje en la relación entre la administración de Mauricio Macri y los sindicatos. Y no se trata solo del Impuesto a las Ganancias, uno de los planteos centrales para justificar la protesta y la enésima etapa de unidad.
Por ello tampoco puede dejar de colocarse en el escenario del análisis y en la balanza el hecho de que el PJ también está en proceso de ebullición, cambio y aggiornamiento, lo cual encastra perfectamente con los intereses del gremialismo pejotista.
En cuanto a las demandas, además de Ganancias se blande el pedido de cortar la sangría de suspensiones y despidos que avanza lentamente pero sin pausa, tanto en el ámbito público como en el privado.
Para frenar esta ola incipiente se propuso, vía Hugo Moyano primero pero a través de otros inmediatamente después, el pago de la doble indemnización, como ocurrió en los ardientes días de la Argentina post-Alianza, allá por 2002, durante el Gobierno de Eduardo Duhalde. La iniciativa, como era previsible, fue rechazada por el oficialismo.
En cuanto a Ganancias, los gremialistas quieren que se trate ya una reforma integral, que por supuesto contenga la quintaesencia del antinatural impuesto: las escalas para el cálculo de la aplicación del tributo.
Allí está el nudo de la cuestión, y si el Gobierno accediera a adelantar el tratamiento del tema podría haber una importante descompresión de la situación.
Pero la gestión Macri no tiene claro todavía cómo compensar el bache fiscal que provocaría una merma de ingresos vía Ganancias.
Además, ya quedó al descubierto que el impuesto será afrontado por más asalariados de los que se dijo, panorama que se complicará cuando queden plasmados en los recibos de sueldo los aumentos firmados en paritarias.
Los gremialistas la tienen clara y son claros: vuelve a correrse el riesgo de que los incrementos salariales terminen neutralizados o, peor aún, que tengan un signo negativo cuando se produzca el descuento de Ganancias.
Entonces, como ya lo han vivido, están seguros de que sus representados van a soliviantarse y a la presión habrá que darle respuesta.
En este esquema juega un rol fundamental además la devolución de dinero de las obras sociales sindicales a esos entes prestadores de salud, que también están en crisis en muchos casos y generan reproches de los afiliados. Dicen que el macrismo ya estuvo restituyendo plata, pero nadie cuenta cuánta y si es constante ese trámite, permanente exigencia de las CGT.
Como si fuera poco, se avizora el impacto de otro impuesto que degrada los ingresos, como es Bienes Personales, ya que hay muchos que deben pagar ese tributo que se aplica cuando su patrimonio supera los 305 mil pesos, una verdadera risa.
El Gobierno publicó estos días las escalas y pudo verse que en infinidad de casos un sencillo auto pequeño de fabricación nacional se puede comer la mitad de ese tope ridículo.
Con toda esa carga en la mochila, presionados por arriba y por abajo, los gremialistas peronistas entonces decidieron poner proa a la reunificación, haciéndole caso una vez más a Martín Fierro, para que no se los devoren los de afuera.
Y la marcha, para dentro de alrededor de un mes, tiene, claramente, un doble objetivo: ir mostrando los dientes y establecer un tácito plazo para negociar con el Gobierno la satisfacción de los reclamos sobre cuestiones que, en definitiva, recaen sobre las ya castigadas espaldas de los asalariados.
Treinta días no es poco para conversar y tratar de buscar acuerdos, pero existe el riesgo cierto de que haya un punto en el que los intereses de los gremios y los del Gobierno entren en fricción y quizás no pueda ser sorteado.
El anuncio trajo reminiscencias del accionar de gremios, políticos y legisladores del PJ en los albores de la democracia, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, cuando hicieron naufragar la ley de reforma sindical (la Ley Mucci) y así se inició una escalada que terminó unos años después con el retorno del peronismo al poder.
Estas analogías hay que tomarlas con pinzas, claro, pero no pueden dejar de observarse similitudes llamativas, como el hecho de que una medida que les resulta antipática pone a los opositores pejotistas en la misma vereda, más allá de sus diferencias, y que haya un Senado, como en aquel entonces, desfavorable para el oficialismo.
Los días y las previsibles negociaciones por venir, en definitiva, irán mostrando lo que puede llegar a ocurrir. De todas maneras hay luces amarillas, pues existe la posibilidad de que un aparente idilio inicial termine siendo apenas un romance estival, que iría  apagándose con los vientos de un otoño tempranero.

DyN.