Organizaciones sociales protestan en el centro por la implementación de la ley de emergencia alimentaria, que a un mes de su promulgación y a 45 días de su aprobación en el Congreso y en el Concejo Deliberante muestra pocos avances.

Bajo las columnas de Barrios de Pie, Votamos Luchar y el Polo Obrero, y en sintonía con otros focos de protesta a nivel nacional, manifestantes marcharon desde Plaza Rocha a la Municipalidad con el objetivo de ser recibidos por autoridades municipales para analizar la situación. La normativa a nivel local habilita al Ejecutivo a impulsar acciones y celebrar acuerdos tendientes a dar respuesta al gran número de familias que tienen dificultades para acceder a alimentos. Hasta el momento, solo se aumentó el monto de la tarjeta alimentaria que se recibe a nivel local, de $300 a $750.

“Lamentablemente hasta el día de la fecha no tenemos ninguna novedad de ninguna mejora con respecto a lo que se había aprobado, que era generar mejoras en las políticas alimentarias a los comedores y merenderos comunitarios”, señaló en diálogo con Lu6, el referente de Barrios de Pie en la ciudad, Rodrigo Hernández, quien cuestionó que las medidas tomadas hayan sido “simbólicas y no efectivas”.

“Nos parece algo ilógico que se haya declarado la emergencia alimentaria y no se haya hecho nada. Pareciera que se quiso dar un poco de calma en pleno clima electoral. Pero ahora, después de las elecciones, seguimos con los mismos inconvenientes. Hay organizaciones que recibieron menos litros de leche. Este mes seguramente no se entreguen las garrafas a los merenderos porque dicen que hay un problema con la entrega”, agregó.

Asimismo, Hernández se mostró esperanzado con la posibilidad de que las autoridades municipales los reciban. “Vamos a instar a los funcionarios que van a gobernar hasta el 10 de diciembre a que gobiernen hasta el último día y no generen un vacío a nivel institucional que haga que tengamos que seguir movilizándonos”, señaló.

Desde Votamos Luchar y el Polo Obrero, en tanto, también cuestionaron la falta de acciones tendientes a resolver las urgencias alimentarias de gran parte de la población y aseguraron que “siguen cerrados y con los montos congelados”. “En septiembre aumentaron los precios en casi un 6% y se espera que en octubre, noviembre y diciembre aumenten similares porcentajes. A eso se suman despidos y cierres de fábricas todos los días, con salarios, jubilaciones y programas sociales sin aumento”, señalaron en un comunicado.

Y agregaron: “Ya nadie niega esta necesidad luego de que los acampes y las movilizaciones de septiembre colocaran en la agenda nacional y obligaran al Congreso a tratar un aspecto de esta gravísima situación por la que atraviesan millones de familias. No podemos esperar ninguna demora más en la aplicación de esta medida”.

En concreto, el pedido incluye: apertura de los programas sociales frente al descomunal crecimiento de la desocupación; congelamiento de precios de los alimentos de la CBA, aumento de los montos asignados para comedores y merenderos; aumento de la AUH y del SSC y HF, y de las jubilaciones minimas en proporción a la inflación; bono de fin de año en los tres casos, para compensar la pérdida del poder adquisitivo perdido.