La Justicia de Garantías rechazó el pedido de prisión preventiva de Lucía Magalía Ojea, la mujer embarazada que el 26 de diciembre mató a balazos a Julio Villarreal, y ordenó su excarcelación por entender que “ningún parto puede tener lugar en prisión”.

Días atrás, el fiscal Leandro Arévalo había solicitado la prisión preventiva de Ojea para que continuara detenida mientras avanzaba con la investigación por “homicidio”, al argumentar que existía un riesgo procesal manifiesto si la mujer quedaba en libertad.

El abogado defensor particular de Ojea, Mauricio Varela, se opuso al pedido de prisión preventiva presentado por el fiscal y solicitó el sobreseimiento la mujer que cursa el octavo mes de embarazo al asegurar que hay elementos suficientes que acreditan que se trato de un caso de legítima defensa.

Varela indicó que existió una “agresión legítima” ya que Villarreal se presentó en el domicilio de Ojea en el barrio de Santa Rita  armado, junto a otras personas no identificadas, y con fines de robo.

“Ojea se defendió, tomó un arma de fuego y repelió la agresión de Villarreal, con disparos que culminaron con su vida. Además resultó herida de arma de fuego en su mano en esa confrontación, por lo que tuvo que ser trasladada al HIGA. Fue víctima de un hecho delictivo con fines de robo”, explicó Varela al juez de Garantías Gabriel Bombini.

En este contexto, Varela explicó que Ojea sufría una agresión ilegítima, con peligro real e inminente tanto para ella como para su familia, por lo que la defensa ejercida mediante el arma de fuego resultó racional; pues fue con el propósito de repeler las amenazas realizadas por un ladrón que se introdujo en la propiedad portando un arma en sus manos es que disparó.

Finalmente, el abogado defensor también aseguró que “no hay elementos” que permitan sospechar que Ojea en libertad podría frustrar los fines del proceso, haciendo hincapié fundamentalmente en el estado avanzado de embarazo.

Una situación excepcional

En su resolución, el juez de garantías Gabriel Bombini remarcó que se trata de una “situación excepcional” y que se deben atender “los principios de interés superior del niño y de intrascendencia de la pena, dado que ningún parto puede tener lugar en prisión por atentar contra la dignidad de una madre y de su hijo; tales casos requieren
necesidades específicas que no pueden reunirse en el encierro carcelario”.

“En otras palabras, carece de fundamento la presunción de que el real o eventual cuidado que pueda recibir una embarazada para dar a luz en cautiverio supere un alumbramiento en el medio libre, sea en un centro hospitalario o en su hogar”, argumentó el juez de garantías y agregó: “Incluso en caso de recaer
sentencia definitiva, es menester tener en consideración que podría resultar aplicable la detención domiciliaria”.

En cuanto a si se trató o no de un caso de legítima defensa, Bombini consideró que con la prueba reunida se puede afirmar que un hombre ingresó a una vivienda ajena portando un arma de fuego y con aparentes fines ilícitos y que “vale decir la eventual existencia de una causa de justificación o permiso para actuar en legítima defensa por parte de la moradora”.

Una hipótesis basada en un testimonio con identidad reservada

El juez Bombini remarcó que no se puede dejar de tener en consideración que a partir de la incorporación al legajo de un testimonio de identidad reservada, la pesquisa deberá determinar si Ojea participó o no del crimen de Villarreal.

Es que este testigo aseguró que en realidad, quien le disparó a la víctima fue la hermana de Ojea y que ella se hizo cargo de la acción por haber resultada herida de bala en la mano y por estar embarazada.

Esta hipótesis, que no cuenta con otros elementos probatorios, deberá ser investigada por el fiscal Leandro Arévalo para verificar si la mujer que se encuentra imputada es realmente la autora de los disparos.

Excarcelación, pero no sobreseimiento 

El juez Bombini rechazó el pedido de prisión preventiva y ordenó la excarcelación de Ojea, pero no su sobreseimiento.

Además, para evitar cualquier tipo de riesgo procesal, el juez ordenó una serie de pautas que Ojea deberá cumplir mientras está en libertad, como mantener el domicilio constituido, comparecer siempre que sea llamada y someterse al control del Patronato de Liberados.