Por Miguel Angel Rouco

A dos meses de haber asumido su mandato, el Presidente Mauricio Macri parece haber optado por hacerle pagar el costo del ajuste al salario real. A pesar de sus públicas quejas por un “inaceptable” nivel de inflación, pocas son las acciones conducentes para una reducción de precios.

El gobierno eligió el camino de un constante ajuste de tarifas para disminuir el gasto en subsidios en un mecanismo donde también se beneficia por la alta presión fiscal que pesa sobre los bienes y servicios públicos, tanto sea combustibles como energía.

Al mismo tiempo que se ahorra el pago de subsidios, embolsa una cifra similar de impuestos, sin reparar en que el costo de esa decisión la paga el bolsillo de los trabajadores y jubilados, dejando dañada la demanda global.
La disputa en las próximas paritarias mostrará la necesidad de recomponer los salarios porque de otra manera, la economía en su conjunto sufrirá las consecuencias.

Al tiempo que los sindicalistas demandan una recomposición salarial, los empresarios están reclamando una mejora en la competitividad y reglas de juego claras.

Por ahora, las mejoras para la competitividad de la economía se han limitado al sinceramiento cambiario, la eliminación o reducción de derechos a las exportaciones y el levantamiento de las restricciones a la importación.
Pero el peso que tienen las regulaciones laborales, la presión tributaria y el atraso cambiario en la ecuación de las empresas está provocando malestar entre los hombres de negocios.

Tampoco se corrigen las prebendas que el gobierno mantiene con ciertos sectores de la economía que alimentan además la suba de precios. El caso de los electrodomésticos y electrónicos producidos en Tierra del Fuego o la producción petrolera patagónica o la producción azucarera del NOA son algunos de los sectores beneficiados.

Los subsidios a esas producciones superan las inversiones realizadas y los precios internos de esos bienes en el mercado doméstico son infinitamente superiores a los internacionales.

El sinceramiento de la variable cambiaria dejó una inflación estimada en el 5 por ciento para diciembre, un 4 por ciento en enero y un 3 por ciento en febrero.

En marzo con el impacto tarifario y el inicio del ciclo lectivo, los precios tenderán a crecer aún más.
A pesar de un favorable cambio de expectativas de los inversores hacia la Argentina que se percibe en todo el mundo, el perfil de respaldo real que tiene el gobierno es aun endeble.

El gobierno no consigue aumentar las reservas y a no ser por una operación de pase y el uso parcial del swap chino, el respaldo monetario no ha mejorado significativamente y el país continúa en default técnico.

La negociación con los holdouts no muestra signos de solución en lo inmediato y el gobierno no logra encauzar el problema. Una pronta solución a la crisis con los holdouts es imprescindible para poder financiar el déficit. De lo contrario, el BCRA deberá aumentar su asistencia al Tesoro, lo cual recalentaría la inflación.

Pero financiar déficit con endeudamiento es lo mismo que hacerlo con emisión monetaria. La diferencia son los plazos y el resultado es el mismo: devaluación.

El financiamiento del déficit desvela al presidente del BCRA, Federico Sturzenegger y lo coloca en una situación poco confortable. Para que la inflación se sitúe entre el 20 y el 25 por ciento tal como lo pide Macri y Prat Gay, Sturzenegger deberá reducir el ritmo de expansión monetaria, subiendo las tasas de interés o ampliando el stock de LEBAC, para esterilizar los excedentes monetarios.

De acuerdo con estimaciones privadas, el stock de LEBAC rondaría los 500.000 millones de pesos hacia fin de marzo, un mes donde vence el grueso de los contratos a futuro que imprudentemente expandió el tandem Kicillof-Vanoli, durante los últimos días de Cristina Fernández.

Paritarias, inflación, déficit fiscal y cuasifiscal, vencimientos de corto plazo y la crisis de la deuda no resuelta, conforman un escenario fangoso para el nuevo gobierno.