El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 a través de la ley 27.345.

La norma fue sancionada por el Congreso el 14 de diciembre último, en acuerdo con los movimientos sociales y que habilita “las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias” para proveer fondos hasta 30.000 millones de pesos para su implementación.

El decreto 1.293 que se publicó hoy en el Boletín Oficial extiende por tres años la emergencia social en los términos de la ley 27.200 sancionada en octubre de 2015, con el objeto de “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional”.

En su enunciado, la ley busca “garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional” a los trabajadores de la economía popular.

La norma promulgada hoy con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc), en la órbita de la cartera social, como “ámbito institucional permanente” para determinar los lineamientos a seguir en el cumplimiento de los objetivos de la ley.

Además, la ley crea el Registro Nacional de la Economía Popular para posibilitar “la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro” y determina que “los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del Cepssc, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario”.

Para cumplir con estos objetivos, la norma faculta a la jefatura de gabinete a efectuar “las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias” para proveer fondos hasta 25.000 millones de pesos para su implementación, con la posibilidad de ampliar a 5.000 millones más dichas reasignaciones.

La ley de emergencia social fue una iniciativa impulsada por los movimientos sociales con el apoyo de la Iglesia, que obtuvo media sanción en el Senado y luego fue reformulada en acuerdo con el Ejecutivo, en un nuevo proyecto que obtuvo la aprobación de ambas Cámaras del Congreso en sesiones extraordinarias.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) fueron las tres organizaciones sociales que encabezaron la propuesta en diálogo con la cartera social y con movilizaciones callejeras, destacándose la realizada el 7 de agosto entre Liniers y plaza de Mayo en ocasión de la celebración de San Cayetano.