Con calculadora en mano, oficialismo y oposición trabajan a destajo para reunir el número de voluntades necesarias de cara a la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados por la ley de movilidad jubilatoria que el presidente Javier Milei vetó días atrás.

La oposición busca revertir el veto, una misión de cumplimiento improbable, toda vez que necesita una mayoría agravada de las dos terceras partes de los presentes en el recinto a la hora de votar.

La convocatoria a la sesión especial para el miércoles a las 10 fue firmada por el radicalismo, Encuentro Federal, y la Coalición Cívica, y tiene el apoyo asegurado de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

En defensa del veto se atrinchera La Libertad Avanza y sus socios como el PRO y el MID de Oscar Zago.

Para garantizarse el rechazo de la ley el oficialismo debe sumar 86 votos. De entrada no los tiene, ya que a la sumatoria de los votos de LLA, el PRO y el MID le faltaría un puñado más de voluntades.

No obstante, igualmente podría cumplir el objetivo con menos votos, ya que la mayoría especial de dos tercios que requiere la oposición es sobre los diputados presentes al momento de la votación, y no sobre el total de 257 diputados que tiene la cámara.

En este sentido, el trabajo del Gobierno consistirá no solamente en juntar votos propios, sino en “bajar diputados” de la oposición dialoguista.

Para ello, jugará sus fichas en la negociación con gobernadores de distinto signo político, especialmente radicales y del bloque Innovación Federal. En esas bancadas podrá restarle voluntades al bando que busca voltear el veto.

Para garantizarse la ley jubilatoria en Diputados y revertir el veto, la oposición necesitará 171 votos, aunque también podría lograr su objetivo con menos, tomando en cuenta que muy probablemente habrá ausentes en la sesión.

El bloque que más votos aportará es indudablemente Unión por la Patria, que tiene 99 integrantes. Si la bancada presidida por Germán Martínez no fue la que convocó a la sesión, fue por razones puramente estratégicas.

El bloque K convive con el estigma de “mancha venenosa”, por lo que suele ser muy difícil que la oposición dialoguista (UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica) le siga la corriente a la bancada mayoritaria en alguna iniciativa en particular.

Ya se demostró el 24 de abril pasado cuando al día siguiente de la masiva Marcha Nacional Universitaria UP convocó a una sesión especial para debatir aumento del presupuesto para la educación superior y reposición del FONID.

Pese a que la UCR y otros bloques estaban básicamente de acuerdo con esas iniciativas, no dieron quórum porque no querían quedar pegados al kirchnerismo bajo ninguna circunstancia.

Es más fácil y conveniente, entonces, que el bloque panperonista espere que sean otros bloques de la oposición dialoguista los que convoquen al recinto y luego sumarse al convite.

De todos modos, se trata de una gesta muy difícil de cumplir.

Para empezar, el bloque radical no estará completo para dar quórum.

La convocatoria a la sesión estuvo firmada por 17 diputados de la UCR. Hay unos cuantos que tienen una relación de proximidad con el Gobierno y se desmarcarían del posicionamiento del bloque que preside Rodrigo De Loredo.
Federico Tournier asumió en agosto y dejó a la bancada radical con un integrante menos: conformará un monobloque aliado al oficialismo.

De los 33 restantes, por lo menos los mendocinos que responden al gobernador Alfredo Cornejo están en duda y evalúan ausentarse: Pamela Verasay y Lisandro Nieri. También lo están el catamarqueño Francisco Monti, la santacruceña Roxana Reyes y el tucumano Mariano Campero.

En Encuentro Federal, de los 16 integrantes, solamente Ricardo López Murphy ayudaría al Gobierno ausentándose, aunque tampoco está confirmado.

La gran incógnita es qué sucederá con los ocho integrantes de Innovación Federal, que en los últimos meses operó como aliado del oficialismo.

Se sabe que los diputados de este bloque vinculado a gobernadores tienen intereses en relación al Presupuesto que empezará a debatirse en muy breve plazo.

En este sentido, esos ocho votos están en venta y dependerá de si el Gobierno paga lo que le piden con promesas respecto a obras y recursos para esas provincias.

Como el veto de la ley jubilatoria fue total, el trámite es el ordinario, con giros a las mismas comisiones por las que pasó el tema por primera vez en la cámara de origen (Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda).

Dado que los convocantes a la sesión no quisieron esperar a que el asunto comenzara a tratarse en las comisiones, y en consecuencia no hay dictamen, entonces para poder habilitar el tratamiento en el recinto se requerirán dos tercios de los votos de los presentes. Antes deberá juntar quórum de 129 legisladores para abrir la sesión.

Después, para aprobar la ley se necesitará replicar la mayoría de dos tercios de los presentes. Si la oposición percibiera que no tiene el número suficiente para voltear el veto en el primer intento, seguramente tratará de emplazar a las dos comisiones para dictaminar en un plazo de tiempo lógico.

El proyecto de ley

El proyecto contempla otorgar un 8,1% adicional para compensar la inflación de enero ya que el Gobierno había otorgado un 12,5% y el IPC de ese mes fue del 20,6% y ese es el punto que centralmente rechazaba el Gobierno Nacional con el argumento que afectará su política de déficit cero.

También establece, como el DNU del Gobierno, aumentar las jubilaciones de acuerdo al Índice de Inflación, pero fija que se dará un aumento adicional en marzo de cada año, pero hay diferencias entre los porcentajes otorgados y el promedio del 50% de los salarios de acuerdo al Ripte.

En ese sentido, fija que “adicionalmente, en el mes de marzo de cada año se aplicara el siguiente aumento: un cincuenta por ciento (50%) de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el ano calendario anterior.

Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado”.

También fija un mecanismo para pagar la deuda con las cajas previsionales donde fija que se deberán cancelar las deudas con las cajas previsionales de provincias con los recursos que se obtengan de impuestos que tienen asignación específica para la ANSeS, así como el pago de las sentencias firmes dentro de los seis meses de sancionada la ley, aunque en este caso habrá una prórroga de seis meses.

El Gobierno argumentó para rechazar la ley que, si se llega a aplicar, generará un gasto adicional de 6 billones de pesos para 2024 y de 15 millones billones para 2025, que “equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso, y 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.

En tanto, marcó que, de aplicarse la ley sancionada por el Gobierno, implicará un incremento del 18,5% del gasto de ANSeS para 2024 y de 29,2% para 2025.