Excepto en un par de calles cercanas al cementerio Parque, si una persona, cualquiera sea el género que lleve como forma autoperceptiva de vida, es sorprendida ofreciendo sexo en la vía pública del partido de General Pueyrredon, será sancionada. Se le labrará un acta y pagará una multa que puede llegar a los 5 millones de pesos. Así, su comportamiento cívico se corregirá y dejará de causar incomodidad en los vecinos.

Semejante utopía tiene apariencia de ordenanza y lleva el número 25.590. Y es una utopía porque que si fuera una realidad, no existirían dos infractoras con una deuda acumulada cercana a los 200 millones de pesos, otra que ya suma 185 y una más con 150 millones. En síntesis, hoy por hoy la aplicación de la normativa que busca perimetrar la oferta sexual en la calle y moverla hacia un sector periférico de Mar del Plata cae en abstracto y solo produce costo operativo y mucha frustración.

Días atrás, el Gobierno municipal difundió que en 2024 ya se labraron 427 actas de infracción por oferta sexual y 81 por demanda. A pesar de que la Secretaría de Seguridad efectúa regulares operativos en donde se detecta esta actividad prohibida, en los últimos tiempos se ha advertido el surgimiento de micro “zonas rojas” que preocupa. La única herramienta con la que cuenta el municipio para controlar la expansión de la comercialización de sexo en la calle es la inocua ordenanza 25.590.

La difusión hecha por vecinos de la plaza Rocha confirmó que en ese sector de la ciudad la problemática estaba instalada, pero también hubo reportes de que mujeres trans tenían “paradas” en el área comprendida entre Dorrego, Olazábal, Luro y San Martín. Además, otro punto de oferta sexual de casi todas las noches es la intersección oeste de Chacabuco y Champagnat. “Estamos viendo que hay actividad en aumento, nuevamente, en la zona de El Monolito, Luro y Victoriano Montes”, indicó una fuente oficial consultada.

Aquella idea de que la ordenanza sirviera para modificar comportamientos quedó absolutamente disuelta y ni siquiera sirvió para que la “zona roja” se estableciera en la avenida 10 de Febrero, en proximidades del Cementerio Parque.

La solución

El procedimiento para aplicar la ordenanza y multar a los infractores se queda en el estadío intermedio de la emisión del acta. Es decir, cuando miembros de la Secretaría de Seguridad advierten una conducta compatible con la oferta sexual en la vía pública, interceptan e identifican a la persona involucrada. Entonces, se labra el acta y se le pide que se retire de allí, pero no mucho más que eso. Y, encima, los datos filiatorios que se vuelcan son inverificables. “Mienten con nombres, mienten con seudónimos, algunas personas ni siquiera están documentadas”, aseguran las mismas fuentes. Esto lo que provoca es que cuando las actas llegan a los juzgados de paz, lugar en el que debe determinarse el monto de la multa y comunicar al multado, no haya ninguna manera de notificar.

Desde que se puso en vigencia la ordenanza, se labraron 2.407 actas por oferta sexual (236 por demanda) y jamás se cobró una sola multa.

Aunque los infractores no estén identificados con nombre y apellido, los inspectores municipales y agentes de la Secretaría los reconocen fisonómicamente. De esa manera, se lleva un registro de los recurrentes, esto es, los que reinciden en la misma contravención: hay dos mujeres trans con 80 infracciones, y otras con 74, 60 y 48, respectivamente.

La imposibilidad de hacer efectivo el cobro de las multas es por la incapacidad que tiene el Estado municipal para coaccionar al infractor, al no existir un bien de por medio o una habilitación. Por ejemplo, si un ciudadano comete una infracción de tránsito, no podrá renovar su carnet de conducir si no está al día con las multas. O no podrá transferir su vehículo si lo vende.

Por este motivo, desde la órbita municipal, ante el notorio incremento de la oferta sexual en la calle y la comprobación de que la ordenanza 25.590 no logra su cometido, se está analizando el arresto para comparecencia. La normativa dice: “De verificarse la oferta y/o demanda de sexo en lugares u horarios no habilitados, se impondrá a los participantes una multa de mil (1.000) UF (Unidades Fijas) a cinco mil (5.000) UF (Unidades Fijas) y/o arresto de cinco (5) a treinta (30) días”.

Días atrás, la Municipalidad solicitó a la Dirección de Migraciones que seis mujeres trans trabajadoras sexuales detenidas en una causa por estupefacientes fueran expulsadas del país. Esta disposición va a tono con un “endurecimiento” en la postura para contrarrestar la actividad y mantener control sobre el espacio público de acciones que molesten a vecinos o generen alteración.