La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó a Nicaragua por “el hostigamiento” a la Iglesia Católica, el “cierre forzado” de ONGs y la “persecución” de la prensa, a la vez que volvió a reclamar al gobierno de Daniel Ortega la liberación de “presos políticos”.

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la OEA, se adoptó la resolución sobre la situación en Nicaragua por 27 votos a favor de los 34 miembros activos, entre ellos el de Argentina, uno en contra (San Vicente y las Granadinas) y cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México).

No concurrieron las delegaciones de Colombia, gobernada desde el domingo por el nuevo presidente de izquierda Gustavo Petro, y la de Nicaragua.

La OEA expresó su enérgica condena “al cierre forzado de organizaciones no gubernamentales” y el “hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones”.

Los sacerdotes nicaragüenses fueron duramente criticados por Ortega desde las protestas opositoras de 2018 a causa de haber dado refugio a los manifestantes que resultaron heridos o huían de la represión que se saldó con 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, la OEA insiste en que Nicaragua “libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

Alude a unos 190 opositores detenidos, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia que buscaban desafiar a Ortega en las elecciones de noviembre pasado, en las que el exguerrillero obtuvo su cuarto mandato consecutivo y el segundo al hilo con su influyente esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

Ortega consideró estas protestas como un fallido golpe de Estado promovido por la oposición con el apoyo de Estados Unidos y la complicidad de los obispos.

El 18 de noviembre de 2021 anunció que se retiraba de la OEA.

La organización le recordó sin embargo que legalmente debe cumplir con sus obligaciones hasta el 18 de noviembre de 2023, cuando se haría efectiva su retirada.

“El ambiente de opresión se ha agravado”, advirtió la OEA, que se declaró preocupada porque Nicaragua desoyó las declaraciones, resoluciones y mandatos de la Asamblea General y del Consejo Permanente que la instaban a respetar los derechos humanos.

Hoy reiteró su ofrecimiento “a trabajar” con el gobierno para que “restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos”.

La resolución fue propuesta por Antigua y Barbuda y copatrocinada por Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Brasil, Haití, República Dominicana y Ecuador.

Previamente, la Iglesia Católica había informado que la policía le notificó que por “motivos de seguridad” prohibía la procesión prevista para mañana en Managua para cerrar el congreso mariano y el fin de la peregrinación de la imagen de la virgen de Fátima.

La Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, informó que “dando testimonio de tolerancia y espíritu de paz, en las circunstancias que actualmente vive nuestra patria hace saber que (…) la policía nos ha comunicado que por motivos de seguridad interna no se permite el desarrollo de la procesión”.

La prohibición de la procesión también fue denunciada por un párroco en Terrabona, municipio de la norteña ciudad de Matagalpa, 127 kilómetros al norte de Managua, y sede de la diócesis que preside el obispo Rolando Álvarez, quien permanece retenido en la curia arzobispal desde hace una semana.

Las autoridades iniciaron una investigación a Álvarez, de 55 años, por intentar “organizar grupos violentos” e incitar a “actos de odio” para desestabilizar al país.