El gobierno de Carlos Arroyo redobló en los últimos días su embestida judicial contra el Concejo Deliberante. Antes del intento oficial de desbancar al titular del cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui, el Ejecutivo presentó en la Suprema Corte de la provincia una acción de inconstitucionalidad sobre la ordenanza que modificó la forma de calcular la bonificación docente.

La presentación fue confirmada a LA CAPITAL por fuentes del gobierno local. El Concejo todavía no fue notificado.

En este caso, el planteo considera inconstitucional la ordenanza aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante el 4 de diciembre. Esa norma, votada por 17 de los 24 concejales, repuso por insistencia la bonificación docente que había sido vetada por el intendente.

El conflicto se originó a fines de octubre, cuando Arroyo recortó a los docentes municipales una bonificación que tomaba como referencia la remuneración de un agente municipal con una carga laboral de 35 horas semanales.

En el decreto 2272/18, dispuso que ese plus comenzara a ser liquidado en base a lo que percibe el personal con una carga laboral de 24 horas semanales. El argumento oficial fue que se igualaba así la situación de los maestros municipales con las de los bonaerenses. Los municipales pusieron el grito en el cielo: reclamaron que se igualara para arriba, no para abajo. 

La secuencia fue vertiginosa: el Concejo primero votó una ordenanza para restablecer la anterior forma de cálculo, el intendente la vetó y finalmente el cuerpo deliberativo insistió. Esta última es la aprobación que rebate la nueva presentación judicial. Y vale recordarlo: la votación tuvo lugar en la misma jornada en que el Concejo interpeló a los secretarios de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, y de Educación, Luis Distéfano.

En la primera demanda, el Ejecutivo planteó un “conflicto de poderes”. La Corte hizo lugar a la demanda hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y suspendió la ordenanza.

El asunto sigue generando fuertes controversias. La secretaria docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alejandra Ayek, le reclamó en la cara a Mourelle la bonificación en una reunión de la comisión de Educación del Concejo que se desarrolló en el recinto. 

En el mismo sentido, la concejal radical Vilma Baragiola hizo responsable al secretario de Hacienda de los juicios que en el futuro pueda perder la municipalidad ante planteos de docentes que decidan recurrir a la vía judicial para recuperar su bonificación tal y como estaba contemplada desde hace tres décadas.