La causa que investiga el delito de trata de personas y el abuso sexual detrás de un supuesto “Ministerio religioso” suma un nuevo capítulo. El juez federal Santiago Inchausti, ante el requerimiento del fiscal Nicolás Czizik, amplió el procesamiento contra Isaías Hurtado y su pareja Patricia Padilla Coronado: se suman nuevas víctimas, algunas de las cuales denunciaron persecución del principal imputado –aun estando detenido-, y el magistrado tuvo por probado, a través de un examen de ADN, que el hijo de una de las mujeres que denunció abuso, es hijo de Hurtado.

De acuerdo a la prueba reunida hasta el momento, para la justicia federal, Hurtado y Padilla Coronado, a través de mensajes de fe y la difusión de la existencia de un “ser superior”, redujeron a la servidumbre y explotaron laboralmente a 37 personas, de distintas edades y lugares de origen, atravesadas por situaciones de vulnerabilidad. Además, el hombre está acusado por tres casos de abuso sexual con acceso carnal, y un cuarto en grado de tentativa, porque no logró consumarlo.

En la resolución consta que el resultado del peritaje genético arrojó que existe una probabilidad superior al 99,99% de que el hijo de unas de las mujeres que instó la acción penal por abuso, es hijo biológico de Hurtado. Y de acuerdo se desprende del expediente, tanto el fiscal como el juez interpretaron que fue un encuentro sin consentimiento de la víctima, viciado por temor y amenazas.

Por otro lado, al dictar el magistrado la prisión preventiva para el principal imputado reparó en el posible entorpecimiento del avance de la investigación. En este sentido, hizo referencia a los testimonios recabados que dan cuenta de que Hurtado, aun encontrándose detenido, imparte órdenes a los fieles que aún se encuentran en el ministerio e impone castigos. “Muchas de las declaraciones incorporadas dieron cuenta de situaciones de violencia y amenazas padecidas por diversas víctimas, lo que me lleva a concluir que en caso de recuperar la libertad tal situación puede replicarse e incluso agravarse”, sumó el juez.

En esta resolución, son incluidas 37 víctimas: 21 de ellas ya estaban dentro de la acusación inicial, y otras se sumaron. Hay tres personas que en un primer momento habían sido imputadas, pero fueron sobreseídas con base al artículo 5 de la ley de prevención y sanción de la trata de personas.

Captación y sometimiento

Los responsables de “Monte Sion” contaban con al menos tres inmuebles preparados al solo efecto de alojar congregantes en las cercanías del templo. A través de distintos medios, como la radio que allí funcionaba, la red social Facebook, un canal en Youtube, el portal de internet y congresos, captaron y congregaron a un grupo de personas, a quienes redujeron a la servidumbre y sometían al trabajo informal y excesivo, sin recesos, los siete días de la semana, en completa disponibilidad para los imputados. A las mujeres, por lo general, les asignaban “exigentes labores domésticas”; mientras que a los varones los hacían trabajar fuera del ámbito casero.

En este marco, se observa en el expediente “un modo de operar de la organización religiosa en miras de obtener la transferencia de la mayor cantidad de recursos económicos posibles de quienes se congregaban a las arcas de su ministerio”. Ello, por medio de ofrendas y donaciones concretas, pero además mediante la delegación de su administración a las autoridades ministeriales.

Entre los modos más ordinarios, se han evidenciado los conocidos aportes de diezmos y los aportes consecuentes a la realización de pactos de las y los congregantes. Pero esto sólo resultó ser una herramienta inicial, presentada como un deber institucionalizado, dado que luego la exigencia se acrecentaba, con diferentes modalidades como endeudamientos constantes, manejo del dinero ajeno, engaños, entre otras.

La permanencia de las víctimas bajo su ámbito responde a la mecánica de estricto control y amedrentamiento: entre otras aristas, incluía la provocación del desarraigo de sus familias y lugares; el adoptar a los imputados como “padre” y “madre”; y la vigilancia de todas las actividades y movimientos, lo que quedó evidenciado en la necesidad de pedir permisos para salir, comprar cualquier cosa o moverse, según lo que relataron las víctimas, basado en un discurso de “cobertura espiritual”.

“Esa cohesión del grupo bajo su órbita –subrayó el magistrado- fue garantizada mediante un alevoso uso de la violencia, las amenazas y la coerción. Bajo ese sometimiento, todas las tareas emprendidas por sus víctimas fueron bajo situaciones asemejables a la esclavitud, carentes de autodeterminación. En contrapartida, la explotación redundaba exclusivamente en beneficio de los imputados en esta causa”.

Al analizar los delitos de abuso sexual imputados a Hurtado, el juez comprendió que “usando su condición de ‘apóstol’ y principalmente bajo el pretexto de que Dios le hablaba, muchas de las directivas que impartía a las mujeres se encuentran relacionadas con su vida sexual e íntima, primordialmente para obligarlas a mantener relaciones con él pero también por ejemplo, para prohibirles estar con sus respectivas parejas sin su consentimiento, o indicarles con quién y cuándo casarse”.