Por Nino Ramella

“No hay una verdad, sino muchas mentiras”
Albert Camus

La iniciativa de crear un Observatorio de la Desinformación, llamado Nodio, dependiente de la Defensoría del Público, que tendría como objetivo verificar la veracidad de informaciones que circulen públicamente y desarticularlas, es un arma más peligrosa que lo que son las noticias falsas.

No solo se propone que el Estado sea juez de lo que es verdad y lo que es mentira, sino que lleve adelante acciones para la desarticulación de estrategias argumentativas”, un término que requeriría una explicación más exhaustiva por parte de quienes defienden el nuevo organismo diciendo que no tiene funciones sancionatorias.

¿Cómo sería, pues, esa “desarticulación”? Tendrían que contárnoslo. Sería interesante saber si quienes han impulsado este organismo lo harían con el mismo entusiasmo encaso de que el gobierno estuviera en manos de la oposición.

No es necesario analizar mucho para saber que no, toda vez que en ese caso sospecharían que la fiscalización y censura estarían dirigidas contra ellos.

Las noticias falsas son perniciosas. Tratar de remediar sus efectos con un organismo que las controle y desarticule es sencillamente condicionar la libertad de expresión, consustancial a cualquier democracia. El Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana de Derechos Humanos) del cual nuestro país es firmante establece en su artículo 13, inciso 3, que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información y por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Nodio es, además, un organismo de muy dudosa constitucionalidad en razón de lo dispuesto en los artículos 14 y 32 de nuestra carta magna, que garantizan de manera inequívoca la libertad de expresión. Hay, además, fallos de la Corte Suprema de Justicia, que son jurisprudencia, salvaguardando la no regulación de la libertad de prensa.
¿Los medios pueden decir lo que quieran? ¿Los particulares pueden decir lo que quieran? Si… ateniéndose a las consecuencias de lo que la ley sanciona, pues la legislación define lo que es delito en el campo de la comunicación.

Quien se vea afectado puede recurrir a la Justicia para lograr una sanción o una reparación. Pero siempre las acciones son basadas en el principio de ulterioridad, es decir aposteriori. ¿Es un gobierno el juez imparcial para establecer lo que es verdad y lo que no lo es? Nuevamente sería una buena pregunta a quienes hoy impulsan esta iniciativa en caso de que los oficialistas sean sus rivales. Existen, además, iniciativas del sector privado tendientes a analizar contenidos del mundo digital como por ejemplo “Chequeado” y “Reverso” en nuestro país, “CrossCheck” en Francia, “Electionland” en los Estados Unidos, “Verificado” en México, “Comprova” en Brasil, “Checkpoint” en India y “Comprobado” en España.

Que los mentores de Nodio, curiosamente… bueno, no curiosamente… todos pertenecientes a un mismo sector político digan que se procura buscar un mayor pluralismo de voces en el espacio público es un argumento algo estrafalario e incomprensible para justificar la iniciativa.

La sanción de leyes “contra el odio” en algunos países con escasa vocación democrática han sido herramientas usadas contra los disidentes. Pareciera que sólo la ley sirve para acallar el odio en un solo sentido. Si me odian a mí es odio. Si odian a mi enemigo es justicia republicana.

El senador Oscar Parrilli, defendiendo los objetivos de Nodio exclamó: “Pido que la Defensoría tome estos temas para mostrar cuántas veces se ha mentido para dañar la honorabilidad, la gestión y el prestigio de los políticos, diciendo que somos todos corruptos, iguales, inútiles, inservibles, choripaneros”.

Y, sí Parrilli… ha ocurrido y seguramente seguiráo curriendo eso. Acá y en todos los países democráticos. Y las más de las veces la usina de esas acusaciones o rumores se ubican en los sótanos de la política.

Hay que reconocer, eso sí, un gesto amplio en lo que pide Parrilli y es que habla de los políticos, lo que incluye a sus opositores. Defensa corporativa si las hay. Los primeros que deben terminar con las expresiones altisonantes o difamatorias son los dirigentes.

Eso sería un buen aporte para dejar de traicionar la voluntad de hacer desaparecer la mentada “grieta” que tanto declaman. Yo, como ciudadano y como periodista rechazo que el Estado esté fiscalizando lo que opino. Y si me paso de la raya ya tendré que vérmelas con la Justicia.