(The economy, stupid), fue una frase muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George H. W. Bush (padre), que le permitió al demócrata convertirse en presidente de los Estados Unidos.

(Yo, Cristina pelotudo), será sin lugar a dudas otra frase que utilizarán detractores de la ex presidenta en Argentina a partir de las revelaciones (en violación de su intimidad y del secreto de un expediente) y que se generalizará mutando en acepciones típicamente argentinas.

Ahora bien cuando se trata de corregir la crónica lentitud de la justicia, con paliativos razonados exclusivamente desde lo cuantitativo, pareciera que los dos epítetos le van a cualquier funcionario que no haya recorrido (“padecido”) el ejercicio profesional.

El tema es de fondo no es feria si, o feria no, sino de la modificación de la cultura de trabajo, pensando a la Justicia como un servicio, en el que la centralidad esté dada en el justiciable y el liderazgo en jueces que no delegan esenciales funciones.

Como sabemos, existen dos órbitas en la Justicia, la Federal (que es de excepción y que fundamentalmente se ha encargado de administrar los desaguisados de la política) y la ordinaria de jurisdicción provincial.

No obstante esta distinción ambas tienen como común denominador un Servicio de Justicia obsoleto.

Especialmente en el orden federal en Mar del Plata la demora de hasta 14 años en el nombramiento de jueces sobre las vacantes generadas, desanima a pensar cualquier modificación de forma de trabajo, horarios, vacaciones etc.

Para ser claros, en los últimos 20 años la justicia federal local funcionó en un 50% en tanto las vacantes desocupadas no se cubrieron.

En la Provincia, el nombramiento de jueces es bastante dinámico, pero el servicio prestado entiendo debe ajustarse a los requerimientos de la gente que busca justicia.

Y acá aparece rápidamente un tema cultural donde los jueces y en alguna medida los abogados contribuimos a su déficit.-

Los jueces, fiscales y defensores oficiales trabajan la mayoría media jornada y/o por turnos, generando un sistema de trabajo en el que el titular del órgano muchas veces se convierte en corrector de resoluciones proyectadas por funcionarios y personal a su cargo.

Pero si ya con las patologías mencionadas no alcanzara, toda la práctica judicial se encuentra hilvanada con telarañas burocráticas que “momifican” los derechos que se esgrimen ante los órganos judiciales y del que no escapan las cabezas de los distintos órganos, peritos en ejercicio, funcionarios y empleados judiciales.

Justamente en este sombrío panorama el abogado se destaca por su oficio de “conjurar” hechizos empujando personalmente el movimiento de los expedientes hasta su resolución final.

Consecuentemente, sin políticas claras de capacitación en los recursos humanos, que le den la oportunidad de cambio de mentalidad a quienes transitamos Tribunales, la intención discursiva del Ministro de Justicia no va a pasar más que de un titular de los diarios o una patada a un ecosistema que debe corregirse y mucho, pero no romperlo.

La eficiencia entonces no pasa una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. No se mide sumando o sacando días o una feria judicial, sino destacando la formación profesional de todos los operadores judiciales.

Todos debemos entender que el principal destinatario de las decisiones, es la gente que llega a tribunales con las manos llenas de conflictos, a los que debe sumarse la incertidumbre del tiempo que llevará una decisión que les arrime un poco de paz.-

Desde ya que cada Corte podría disponer que los jueces trabajen al menos 8 horas en su despacho, seguramente les será fácil a las incorporaciones de abogados en ejercicio a la magistratura apelar a su memoria del tiempo que le destinaban a la profesión era incluso mayor.

Podría repensarse la prestación de empleados judiciales, siempre que no vulneren sus derechos, generando nuevas funciones y horarios, acordes a la llegada de la tecnología a la prestación judicial.

En conclusión suprimir la feria sería una medida desacertada si no se enrola en una nueva idea del servicio de justicia, ni que hablar sobre la administración de las vacaciones de los operadores de justicia, que coinciden justamente con la del receso escolar y universitario, haciendo racionalmente más económico, certero y previsible el merecido descanso de esta comunidad que debe cuidar al justiciable todo el año, salvo que se exprese una idea descontextualizada, pelotuda o estúpida.

Fernando Román González
Abogado de 28 años de ejercicio
Presidente del CAMDP (2006-2014)ÀES LA FERIA EL P