La Justicia Federal imputó a una pareja que violó el aislamiento y que había sido registrada por las cámaras de seguridad municipales mientras estaba sentada en el paredón de la costa a la altura de Playa Grande. “No entendieron nada“, había reprochado en redes sociales el intendente Guillermo Montenegro, y había compartido la foto de este hombre y mujer que hoy deberán declarar ante el fiscal general Daniel Adler.

El fiscal Daniel Adler, al recibir el informe de personal de la comisaría novena, imputó a Luis Alfredo Guerra, de 59 años y a Estela Alicia Buzetaal, de 63, por haber violado el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige hasta el 24 de mayo e infringir el artículo 205 del Código Penal.

En la causa que inició la Justicia Federal, consideran por probado que el sábado 16 de mayo, a las 13.20, en la zona de la Normandina de Playa Grande, los imputados se encontraban sentados sobre el paredón costero, mientras charlaban e ingerían alimentos y bebidas. Personal de la comisaría novena se acercó a ellos y, al preguntarles qué hacían, la pareja dijo conocer las disposiciones de aislamiento y no brindaron ningún justificativo ni exhibieron autorización que le permitiera circular por la vía pública.

Para el fiscal Adler, la conducta de estas personas resultó “especialmente gravosa, pues se encontraban sobre la zona costera, como lo muestran las imágenes captadas y publicadas en distintos medios periodísticos, y se encontraban consumiendo alimentos y bebidas, lo cual denota que la circulación tenía un exclusivo fin de esparcimiento, violando las normas dispuestas para el ASPO, poniendo en riesgo la salud de la población en general, y generando costos para el Estado. Es claro que estamos en presencia de un delito que ha generado multiplicidad de gastos para el erario público, por el necesario despliegue de personal sanitario y de seguridad que conllevan los operativos realizados al efecto”.

“La actitud desplegada por los imputados conlleva una ausencia de solidaridad social en relación con las normas de orden público dictadas por las autoridades competentes en el marco de la pandemia generada por el virus COVID-19, a la par que por su exposición genera un riesgo de imitación de conductas antinormativas”, concluyó el fiscal Adler.