Alejandro Salaverry, el hombre detenido por participar del asesinato del policía Cristian Agusti en 2003 y por resistirse a los tiros a ser detenido en 2022, seguirá preso en la cárcel de Batán a la espera de la realización de un juicio oral.

El Tribunal en lo Criminal N°2, por medio de sus jueces Alexis Simaz, Nestor Conti y Roberto Falcone (h), denegó el pedido de excarcelación o arresto domiciliario interpuesto por la defensoría oficial (María Laura Solari en reemplazo de Victoria Sosa) al rechazar los argumentos sanitarios ante la enfermedad que padece Salaverry.

El fallo llega a poco más de un mes del 16 de abril, fecha en la que está previsto el juicio oral por dos causas acumuladas, la del homicidio de Agusti y la de la resistencia a la autoridad, abuso de arma y tenencia de arma en el momento de ser capturado. Sin embargo, el debate debe aún ser confirmado por el Tribunal ya que existe una controversia importante.

Cuando se fijó el juicio a Salaverry se estableció que era en relación al crimen de Agusti y a los episodios de su detención. Pero luego de sortearse el tribunal y programarse la fecha, el Tribunal de Casación falló a favor de declarar prescripta la causa por el homicidio, tal como lo había hecho la Justicia de Garantías local. A Casación había llegado la discusión porque la Cámara de Apelaciones, haciendo lugar al pedido de la abogada Adelina Martorela (en representación de la familia Agusti).

Por ese motivo es que ahora la defensa de Salaverry solicita que solo se lo juzgue por los hechos derivados de su detención.

Todo el proceso penal contra Salaverry es un gran berenjenal. En octubre de 2003, formó parte de la banda que cometió un robo contra la firma “Unicomp Computación”, de 20 de septiembre al 2900. Los asaltantes eran Claudio López, Fernando Palomino (que estaba con libertad asistida por su procesamiento en el crimen de la profesora Marcela Campana), Carlos Marcelo de los Santos y Alejandro Javier Salaberry.

Agusti, que era agente de la DDI intentó impedir la huida, fue asesinado de un disparo en el pecho. Palomino y López recibieron pena perpetua, pero Salaverry (al igual que De los Santos) desapareció. De los Santos fue atrapado en 2012 y condenado también a perpetua.

Pero Salaverry se mantuvo en la clandestinidad hasta que el 31 de mayo de 2019, al cumplirse el plazo para que prescriba la causa, logró su sobreseimiento. El 10 de julio siguiente, Salaverry se presentó en Tribunales y firmó el documento que lo liberaba de responsabilidades.

Sin embargo una publicación de LA CAPITAL tuvo alcance nacional y provocó que algunas personas lo reconocieran en el partido de Merlo. Ese hombre era el que allí conocían como Lucas Lamas, que tenía una causa abierta por tentativa de homicidio, por querer atacar a un vecino.

Ante esta situación, la abogada Martorela presentó un escrito para anular la prescripción debido a que los delitos imputados a Lucas Lamas eran en realidad para Salaverry, circunstancia que anulaba el plazo de prescripción. La jueza Rosa Frende rechazó ese pedido.

Dos años más tarde, Salaverry, que ya padecía cáncer, fue detenido en el Museo Mar cuando fue a vacunarse, y quedó solo a disposición de la Justicia por los hechos de Merlo con arresto domiciliario.

En mayo de 2022 la Cámara de Apelaciones hizo lugar al pedido de la familia Agusti, determinó que debía ser juzgado y pidió la detención, por lo que la policía fue a buscarlo a su casa. Fue entonces cuando atacó a tiros a los efectivos policiales, aunque fue atrapado. Desde entonces está en Batán.

La Justicia avanzó hacia el juicio ordenado por la Cámara de Apelaciones, pero el año pasado Casación resolvió como Frende: ya no se puede juzgar a Salaverry por el crimen de Agusti. En consecuencia, el debate oral del próximo día 16 de abril solo sería por los hechos de mayo de 2022.

Como sea, Salaverry llegará a Tribunales en un camión penitenciario desde Batán.