El Tribunal Oral Federal condenó este miércoles a tres miembros de una banda de narcoviolencia que operaba en el barrio La Herradura.

Se trata del grupo liderado por Elio Cajal, quien fue sentenciado a la pena de 8 años de prisión. Sus cómplices, Carlos Ambrosio y Carlos Camarzana, recibieron 6 años y 6 meses, y 6 años de cárcel, respectivamente.

Los jueces Roberto Falcone, Martín Poderti y Roberto Minguillón dictaron su fallo tras tener en cuenta los exactos pedidos del fiscal Juan Manuel Pettigiani, y el ayudante fiscal Carlos Fioritti. De esta manera, además, rechazaron las nulidades que habían solicitado las defensas de los imputados.

En el documento judicial al que accedió LA CAPITAL, los magistrados ordenaron también decomisar las propiedades conocidas como “El Quincho” y “La Leñera”, donde la banda liderada por Cajal vendía droga al menudeo, y procesaron a un testigo que participó de un operativo policial por considerar que incurrió en el delito de “falso testimonio”.

Por otra parte, en el marco de la investigación sobre el accionar criminal del grupo, el tribunal dispuso que se reabra una causa por “amenazas” que fue archivada en la Justicia provincial en su momento. Es que, vale recordar, de la pesquisa que finalizó con las condenas dictaminadas este miércoles surgió que los delincuentes mantenían al barrio atemorizado, y hasta llegaron a torturar a vecinos que querían denunciarlos.

Tan así que dicho accionar fue resumido durante el alegato del fiscal Pettigiani como el “Método Cajal de Narcotráfico”. El mismo consistía “en amenazar a cuanta persona se ponga delante de los intereses de la organización que integra”.

Cajal, Ambrosio y Camarzana habían sido acusados del delito de comercialización de estupefacientes luego de que el 12 de febrero de 2021 se secuestraran más de 600 gramos de cocaína (equivalente a 8.323 dosis para la venta) y 815 gramos de marihuana (12.735 dosis) durante un operativo policial en la zona donde vivían.

Ese día fueron allanados los domicilios de los tres debido a la causa caratulada “Amenazas” que se había formado tras una denuncia interpuesta por un expolicía. Se trata de Juan Muro, quien había declaró que el 1 de febrero de ese año había sido interceptado en el camino San Francisco de Batán por una camioneta de la que bajaron cuatro hombres, entre ellos Camarzana y Ambrosio, quienes lo hicieron arrodillar y le dijeron que lo iban a matar. También indicó que, tras apoyarle en la cabeza un arma de fuego, dispararon contra el piso.

Por ese hecho fueron los allanamientos en los que se encontró la droga y que mereció el inicio de otra investigación, a cargo del fiscal Leandro Favaro. Sin embargo, después de todo un recorrido por la Justicia provincial, el tribunal que debía juzgar por la tenencia de cocaína y marihuana a los tres hombres se declaró incompetente y todo el trámite pasó a la órbita federal.

Así se llegó al juicio en el que la Fiscalía Federal que encabeza Pettigiani solicitó 8 años de prisión para Cajal, 6 años y 6 meses para Camarzana, y 6 años para Ambrosio, lo cual finalmente fue aceptado por los jueces.

Para tener una noción más precisa de la actividad y el entorno del líder de la banda, vale decir que su es Hernán Cajal, quien fuera condenado junto a Sergio Contreras a 22 años de prisión por el asesinato de Nicolás Vieytes. El homicidio de Vieytes -un hombre que fue ingenuamente al encuentro de una mujer y resultó asaltado- ocurrió en octubre de 2020 en Sartora al 1800, en el barrio La Herradura, a menos de 100 metros de la casa de Elio Cajal.

Y un elemento más: Sergio “El Gordo” Contreras era uno de los hombres que, según el expolicía Muro, bajo de la Toyota Hilux para simular el fusilamiento.

Las amenazas y torturas eran parte del Método Cajal según la fiscalía. El 17 de agosto de 2021 dos primos de 17 y 22 años fueron interceptados cerca del barrio La Herradura por una camioneta, cuyos ocupantes los llevaron a un domicilio cercano donde los golpearon. El motivo del ataque era que ambos primos se negaban a formar parte del narcomenudeo. El mayor de ellos fue liberado y el otro llevado a un lugar diferente, donde le “pasaron” corriente por el cuerpo. El adolescente terminó en el HIGA por las descargas eléctricas recibidas. Unas semanas después fue detenido por este hecho Elio Cajal y en los allanamientos se secuestraron armas y cocaína. Eso sí, nunca en el domicilio de Cajal.

La fiscal Florencia Salas pidió la prisión preventiva de él, pero la Justicia de Garantías no hizo lugar. Cajal volvió a ganarle así al sistema judicial. “No encontramos registro de alguna condena”, dijo una fuente judicial a este medio.

Para la fiscalía federal, Cajal tenía hasta una suerte de silla eléctrica en su leñera donde con una batería y cables precarios “picaneaban” a algunas personas. También allí, en ese sitio del barrio La Herradura, se preparaba la droga. Fue precisamente el expolicía Muro el que brindó muchos datos, ya que trabajó allí antes de sufrir las amenazas. Muro, integrante de este submundo de droga y violencia, está detenido desde julio pasado por el asesinato de Ezequiel Vázquez (34). El momento de ser detenido Muro intentó esconderse en un “point” de drogas.

Cajal al ser detenido tras el secuestro de dos primos.

Más allá del perfil delincuencial de Muro la fiscalía lo empleó como un testigo clave, aunque bajo estrictas medidas de seguridad para salvaguardar su vida. Pero lo que más sirvió a la fiscalía para asegurar la hipótesis de que Cajal es un poderoso narco y distribuidor a gran escala fue un audio recuperado de su propio teléfono.

Se trata de un archivo de 1 hora y 17 minutos en donde el mismo Cajal da detalles de cómo se corta la droga, el precio que tiene, que la cocaína era traída de Bolivia, que había distintas calidades, entre otros detalles. Su defensa vislumbró la idea de que ese audio no puede ser usado, ya que el teléfono fue secuestrado en otra causa, en la del homicidio de Vieytes.

Varias personas denunciaron amenazas y hechos violentos perpetrados por “Cajal o su gente”, lo que motivó el inicio de causas que aún tramitan sin demasiados avances. Pero esa intimidación también llegó al juicio, algo que el fiscal Pettigiani expresó al asegurar que fueron silenciados testigos, se lanzaron panfletos con frases amenazantes, hubo hostigamientos.