Los datos oficiales difundidos por el municipio presagian que el ejercicio presupuestario de este año concluirá una vez más con números en rojo.

Las cifras publicadas al 30 de junio muestran que durante la primera mitad de 2017 el flujo de ingresos, conformado por la recaudación y los fondos de coparticipación, resultó significativamente menor al estimado oficialmente, mientras que diversos gastos registraron un sostenido crecimiento en un contexto en el cual algunos de ellos podrían seguir ampliándose con el correr de los meses.

Pago de sueldos

Las partidas que más incrementos sufrieron hasta el momento son las relacionadas con el pago de los sueldos de los casi 8 mil agentes y funcionarios que conforman la planta de personal y con el servicio de recolección de residuos.

Se calcula que para fines de este año ambos gastos podrían consumir aproximadamente el 80% de los ingresos totales, dejando a la Municipalidad con un escaso excedente para atender otras necesidades.

Si bien la administración del intendente Carlos Arroyo recibió en los últimos meses algo de oxígeno gracias a los fondos otorgados por la Nación y la Provincia para realizar algunas obras públicas, ciertos números encienden luces de alarma.

El estado económico y financiero publicado por el Departamento Ejecutivo indica que al 30 de junio la comuna había percibido recursos por 2.798 millones de pesos.

Esa cifra, anualizada, llegaría a unos 5.600 millones, es decir, a un valor de 1.071 millones de pesos menor que los 6.667 millones proyectados por el gobierno para todo el ejercicio.

Semejante sobrestimación de los ingresos no resultará intrascendente si se tiene en cuenta que algunos gastos ya superaron los números previstos y podrían registrar nuevas subas durante lo que resta de este año.

Uno de ellos es el gasto en personal, para el cual el Ejecutivo había asignado originalmente un monto de 3.301 millones de pesos.

Esa cifra ya se vio modificada por el acuerdo salarial que el Ejecutivo suscribió a fines de mayo con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) mediante el cual concedió un 12% de aumento para el primer semestre.
Sin embargo en ese aspecto todavía no está todo dicho.

El acuerdo incluyó el compromiso de conceder dos nuevos aumentos de haberes en lo que resta del año, uno de los cuales debería ser otorgado en septiembre y otro en diciembre, en función de lo que establezca la tasa de inflación que elabora el Indec.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, es probable que al cerrar el año el índice oficial de aumento de precios se sitúe entre el 21% y el 22%, lo que obligaría al gobierno local a otorgar una suba de haberes adicional de entre el 9% y el 10% al 12% ya concedido.

Así, el gasto en personal podría exceder fácilmente los 4000 mil millones de pesos, llegando a consumir más del 70% de los ingresos totales anuales de la Municipalidad.

La evolución de la partida de sueldos no es la única que despierta preocupación ya que el segundo gran gasto que realiza la comuna, el del contrato de la recolección de residuos, también viene registrando modificaciones.

En el presupuesto vigente, el Ejecutivo le había asignado a este rubro un monto de 744 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 13% del total de los recursos reales con los que, según los cálculos, contará la Municipalidad durante este año.

Sin embargo, a fines del mes pasado ya fueron adoptadas algunas decisiones que alterarán esa cifra.
A través de un decreto, el intendente Carlos Arroyo dispuso redeterminar el precio del contrato con la empresa Transportes 9 de Julio, fijando un nuevo canon mensual de casi 65 millones de pesos, lo que llevaría a la cifra anualizada a un valor de 780 millones.

Como contrapartida, los datos oficiales muestran que algunos programas vienen registrando una notoria subejecución del gasto.

Algunas de las mayores diferencias se registraron en el programa del presupuesto participativo, que tiene asignados 3,5 millones de pesos que aún no se utilizaron y en la partida “atención de emergencia médicas en la vía pública” a la cual se le otorgaron 23,1 millones de pesos que hasta fines de junio tampoco habían sido ejecutados.