Por Adrián Freijo

El Secretario de Hacienda dirime sus peleas personales privando a centenares de trabajadores de cobrar el sueldo que les corresponde. Riesgo legal para el municipio.

Hernán Mourelle no puede detenerse en su obsesión por confrontar con todo el mundo. Enardecido en el tramo final de su gestión, anulada toda posibilidad de continuar en un posible futuro gobierno de Juntos por el Cambio pese a sus denodados esfuerzos por «colarse» en los equipos de Guillermo Montenegro de los que fue sistemáticamente eyectado, jaqueado por las luchas internas que contra él dirigen quienes tratan de convencer al intendente de la inutilidad de abandonar su puesto en medio de un combate perpetuo –que a juzgar por el resultado de las PASO culmina con una derrota estrepitosa- el Secretario de Hacienda vuelve a utilizar el salario de los trabajadores de los bloques del Concejo como instrumento de una presión que se parece mucho a una extorsión.

Es que el funcionario ha resuelto retener los salarios de los agentes comunales exigiendo para su liberación la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva por parte de los ediles.

De nada sirvió el dictamen del Contador Municipal Guillermo Constanzo, en nota entregada hace 48 hs. en la Privada de Carlos Fernando Arroyo, advirtiendo acerca de las consecuencias legales que para la administración puede tener la cerril actitud del hombre llegado desde Lanús. Ya el intendente había sido notificado por la Tesorería Municipal de la imposibilidad de controlar adecuadamente las liquidaciones por no contar el área “con los recursos humanos y materiales necesarios que posibiliten el control del gasto mayor que realiza la comuna” tras la extemporánea decisión de Mourelle de sacar dicha función de su ámbito natural, que es la Contaduría General, para trasladarla a su secretaría sin contar con la estructura mínima para semejante tarea.

Y es que la única intención era la de manipular algo tan delicado como el salario de los trabajadores para poder presionar decisiones de los concejales a cambio de cumplir con una obligación claramente impuesta por la ley.

Ya el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires había advertido que este tipo de maniobras debían ser evaluadas como improcedentes “para el caso que haya personal de planta política, secretarios o asesores que hayan cumplido funciones y/o tareas en el transcurso de este año, las mismas deberán serle remuneradas teniendo en cuenta que caso contrario podría producirse un enriquecimiento sin causa a favor del H. Cuerpo quien tuvo personal designado sin hacer el pago de la correspondiente remuneración. Máxime teniendo en cuenta que las autoridades del Cuerpo serán responsables ante eventuales reclamos salariales efectuados…”.

Para concluir que «la no inclusión de agentes municipales en la liquidación de sueldos puede derivar en reclamos laborales que ocasionen un perjuicio financiero a la Comuna, atento a que no se ha informado de los motivos que derivaron en la decisión señalada». Más claro…

Por estas horas muchos se sorprenden por la tibieza del presidente del cuerpo Guillermo Sáenz Saralegui quien no ha intimado a Mourelle ni ha solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo en defensa de los empleados afectados. También él ha recibido el informe de Costanzo y no puede ignorar que la situación planteada se convierte en una espada de Damocles sobre su gestión y un potencial daño al erario público.

Y así, entre caprichos, extorsiones, silencios sugestivos y tibieza de quienes tienen peso y voz para poner fin a este atropello ilegal, centenares de personas quedan a la espera de cobrar lo que por derecho legal y moral les corresponde. Un ejemplo de este tiempo de sistemático desconocimiento de las obligaciones del estado ante terceros y que será recordado por los avances sobre la propiedad privada, los caprichos y enconos personales convertidos en instrumento de gobierno y por la ruptura del contrato social que supone el cumplimiento de las leyes y el debido respeto a los ciudadanos y, en este caso, los trabajadores. Y que en esta ocasión pone al municipio en el riesgo de tener que afrontar consecuencias legales y pecuniarias de singular gravedad.

Un tiempo que llega a su fin y que parece culminar bajo el signo de una peligrosa costumbre de atropellar al otro y desconocer las normas que rigen la administración de los bienes comunes.

Aunque el costo terminemos pagándolo todos…