Por Ramiro Melucci

Guillermo Montenegro comenzó a jugarse anoche, en el sector de la avenida Luro cercano a Champagnat y en las inmediaciones de la vieja terminal, uno de los compromisos más importantes que formuló desde que asumió: el de que no habrá más oferta y demanda de sexo en la puerta de la casa de ningún vecino.

A primera vista aquel acuerdo, firmado tácitamente con los habitantes de los barrios que históricamente albergaron la Zona Roja, no parece sencillo de cumplir. Pero en una semana dominada por los cuestionamientos de las trabajadoras sexuales y los vecinos de barrios linderos a la avenida 10 de Febrero –el único lugar en el que se permite la actividad–, el gobierno municipal dio pasos para asegurar que la disposición se acate.

El jueves a la mañana, el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, mantuvo un encuentro con jueces de falta. Los funcionarios le mostraron el modelo de actas de constatación para labrar en caso de incumplimiento. La sola divulgación de ese dato expone las intenciones del gobierno municipal, que al mismo tiempo coordinó con la policía los operativos de prevención en las zonas en que suele llevarse a cabo la actividad. “Se van a plantear situaciones ríspidas”, anticiparon los propios funcionarios antes de salir a la calle.

También se dispusieron operativos de tránsito. De interceptación vehicular. ¿Por qué, si las trabajadoras sexuales se mueven a pie? La respuesta no es un detalle menor: porque el municipio también irá contra la clientela que acuda a los lugares no permitidos. Se apegará a la letra de la ordenanza, que dice que “la oferta y/o demanda” de sexo en la vía pública “solo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal” y no “en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”.

En el municipio recordaron que las organizaciones de la comunidad trans que criticaron la decisión de llevar la Zona Roja a la avenida 10 de Febrero habían mantenido encuentros con la Subsecretaría de Derechos Humanos en el plazo de 45 días para realizar reuniones que establecía la ordenanza. Es evidente que no llegaron a un acuerdo.

La semana pasada, las trabajadoras, con el respaldo de vecinalistas de los barrios Don Diego, Las Canteras, Florencio Sánchez y Santa Celina, hicieron público los cuatro sectores alternativos que proponen: la avenida Champagnat, Luro entre Tierra del Fuego y Chile, la ruta 88 y la plaza Rocha.

El municipio considera que en parte de esas áreas “hay frentistas”, por lo que no se cumpliría la normativa, o no podría garantizarse la seguridad vial. Sería el caso de la ruta 88, en el acceso a la ciudad. Pero también recuerda un artículo del decreto reglamentario de Montenegro que le deja abierta la puerta al diálogo. El que le delega al secretario de Seguridad la facultad de modificar el lugar o el horario y de establecer nuevas zonas. “No estamos cerrados”, deslizó un alto funcionario.

La avenida 10 de Febrero, es cierto, queda a kilómetros de donde suele desarrollarse la actividad. Para las trabajadoras sexuales, trasladarse hacia allí es una dificultad concreta. “Cuando propusimos un lugar más cercano al centro, la diagonal Canosa, salieron todos a matarnos”, reprochan en Seguridad, sin ocultar la coautoría de aquel primer proyecto que tenía al concejal Nicolás Lauría como cara visible, y que quedó sepultado en el Concejo.

La foto conjunta de los sectores que se oponen a la norma robusteció el rechazo y escenificó la falta de consenso. El gobierno dio por hecho que, a través de sus terminales en uno y otro lado, la fogoneó el kirchnerismo. “Solo coincidieron en el intento de entorpecer la ordenanza”, evaluó.

Un artículo del decreto reglamentario le delega al secretario de Seguridad la facultad de modificar el lugar o el horario y de establecer nuevas zonas. “No estamos cerrados”, deslizó un alto funcionario.

La controversia tiene todos los condimentos para escalar. Sol de la Torre, del Frente de Todos, anunció que cualquier detención “por el solo hecho de caminar por la calle” se denunciará como una “violación a los derechos humanos”. Horacio Taccone, de Acción Marplatense, pronosticó que, contra lo que pregonó Ferlauto, no se terminará con esta norma la prostitución en la puerta de las casas de los vecinos.

La intervención del edil en la última sesión del Concejo dio lugar a un fuerte cruce con el oficialista Agustín Neme. Taccone vapuleó la forma en que el gobierno municipal encaró el tema. La tildó de “payasesca”. Neme respondió que, en ocho años de gobierno, Gustavo Pulti “no hizo absolutamente nada” por la problemática.

Esa clase de alusiones directas al ex intendente no es habitual en Juntos por el Cambio. Montenegro ha procurado mantener los puentes con el partido vecinal para garantizarse votos en ordenanzas claves. Y en más de una ocasión lo ha diferenciado del kirchnerismo. Por eso, cuando Taccone cuestionaba a la gestión, el interbloque oficialista respondía en un tono más sosegado. En la última sesión esa dinámica se alteró con el contraataque de Neme.

Está claro que la calma que sucedió al atentado contra Cristina Kirchner resultó un espejismo. En vano explayarse sobre motivos nacionales. Sobran. El Concejo aportó su cuota con una controversia inverosímil entre radicales y kirchneristas en un homenaje a 38 años del informe de la Conadep.

Hubo más. Miguel Gulielmotti, concejal del Frente de Todos y ex secretario general de la CGT local, responsabilizó al intendente por el 8,6% de desocupación, que ubicó a Mar del Plata en el segundo lugar del ranking nacional. En el municipio no contestaron. Parecen no sorprenderse cuando las mejoras en el índice se adjudican a los gobiernos nacional y al provincial y los declives solo al municipal.

En rigor, el factor estacional emerge fundamental en el incremento de 2,8% que se verificó respecto al primer trimestre. Habría que reparar en la baja interanual de tres puntos, pero tampoco pasa inadvertido que otras grandes urbes de la provincia, como Bahía Blanca y La Plata, están por debajo, con 6,7% y 4,5%. En cambio, Mar del Plata quedó casi en un mismo plano que el conurbano, que alcanzó el 8,5%.

En ese contexto, Juntos por el Cambio no demoró en reimplantarse el chip de opositor a los gobiernos provincial y nacional. Rechazó discutir desde ahora el destino del Golf de Playa Grande, como propuso el senador Pablo Obeid, y en cambio exigió a la Provincia novedades sobre la circunvalación y la obra de la Rambla. Reclamó la reapertura de la unidad de quemados del Materno Infantil y habló de una “insensibilidad total” por parte del gobierno de Kicillof. Machacó –a través del radical Daniel Núñez– sobre el recorte en educación, y consideró un ejemplo de “discriminación” el hecho de que se publicite la construcción de 100 escuelas en la provincia y “no se haya puesto un solo ladrillo en Mar del Plata”.

“Los recortes –respondió Mariana Cuesta, del Frente de Todos– se producen en las escuelas municipales: hace tres años que los chicos no comen carne”. 

Todo, en definitiva, se va pareciendo más a lo que era.