El intendente Guillermo Montenegro solicitó este lunes ser querellante en la causa que investiga la posible adulteración de la población de La Matanza en el Censo 2010 y la incidencia de ese dato en la distribución de la coparticipación provincial.

La causa se originó tras una denuncia del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y es llevada adelante por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°11.

En la presentación realizada, Montenegro advirtió que “el Municipio de General Pueyrredón podría ser damnificado por la indebida distribución de los fondos mencionados, dispuestos en beneficio de La Matanza y en detrimento de los demás que conforman la Provincia de Buenos Aires”.

Por ello, solicitó ser querellante en la causa que investiga la “posible adulteración de los registros recabados por el INDEC durante el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, los que constatarían una cantidad de habitantes en el distrito de La Matanza que no se ajustaba a la realidad de ese momento y que se refleja en un porcentaje cercano al veintisiete por ciento (% 27%) más de pobladores de los que efectivamente se habrían verificado”.

En su denuncia penal, Valenzuela destacó que la coparticipación provincial es el mecanismo a través del cual la Provincia de Buenos Aires transfiere fondos a los 135 municipios que la conforman, generados a partir de la percepción de tributos del Estado provincial y aportes provenientes del Estado nacional; estos últimos, en función de la Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.

En este marco, el intendente de Tres de Febrero dejó en claro que, si bien no es el único, la población es el principal ítem que toma en cuenta la Provincia al momento de la distribución de los fondos.

Según el Censo de 2010, La Matanza alcanzó los 1.775.816 habitantes, lo que señalan como un “abrupto ascenso poblacional sin que exista para ello un fenómeno demográfico atípico que pueda brindar una explicación plausible”.

Valenzuela interpretó que “los datos arrojados en el censo exhiben distorsiones inexplicables si se los contrasta con otros registros, también de carácter público y confeccionados por otros organismos oficiales, como la población vacunada según el Ministerio de Salud y los electores habilitados a emitir sufragio según la Cámara Nacional Electoral”.

A finales de marzo, el diputado nacional por Juntos por el Cambio Martín Tetaz aseguró que su espacio político cuenta con “evidencia de que se adulteraron los datos del Censo 2010 para inflar la población de La Matanza” y solicitó un pedido de informes para que el director del Indec, Marco Lavagna, “informe cuáles son las garantías de que no vuelva a ocurrir y qué medidas están tomando para garantizar la seguridad de los datos”.

Para Valenzuela, de corroborarse la materialidad de la denuncia “podríamos encontrarnos ante un verdadero escándalo institucional con implicancias políticas, responsabilidades penales y un claro impacto económico y financiero para las municipalidades de la provincia”.

En este marco, el intendente Guillermo Montenegro también presentó ante la Justicia datos que podrían ayudar a esclarecer la población de La Matanza.

“Sin demasiado esfuerzo se verifica que el Partido de La Matanza muestra una proporción inusualmente baja de la matrícula educativa en relación a su población total sin existir una justificación objetiva que la sustente frente a la homogeneidad de los números de los restantes municipios”, señaló el jefe comunal en su presentación y remarcó que “tal y como fuera señalado en la denuncia que dio origen a las actuaciones, no existe fenómeno demográfico que avale las distorsiones expuestas”.