La presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler, no fue convincente este jueves al dar explicaciones sobre la construcción ilegal de cabañas en las tierras fiscales ubicadas en el kilómetro 544 de la ruta 11 que administraba la asociación Rancho Móvil. Ante más de medio Concejo Deliberante (en un momento llegó a haber 16 de los 24 concejales), ni la funcionaria municipal ni su equipo supieron argumentar por qué después de que en septiembre se detectaron las primeras tres cabañas irregulares el ente no logró detener su proliferación: en enero ya había quince más.

Las autoridades del Emtur tampoco identificaron a los responsables de esas construcciones (dijeron que Rancho Móvil solo les había dado un listado de asociados), mencionaron una denuncia penal que ya tramita en la Fiscalía para determinar los delitos que hubo y reconocieron la magnitud de la ilegalidad. “Eran más las (construcciones) irregulares que las regulares, por distintos anclajes en el suelo”, dijo la asesora legal del ente, Carolina Muzzio.

Concejales de la oposición y parte del oficialismo lamentaron la falta de controles del Estado y alertaron que las irregularidades no solo se advierten en Rancho Móvil, sino que con solo recorrer la costa se pueden apreciar los incumplimientos de diversos concesionarios.

Formalmente, Magnoler se presentó ante la comisión de Turismo del Concejo, presidida por Marcos Gutiérrez, de Unidad Ciudadana. Pero también convocó a concejales de otras comisiones, ávidos de escuchar por primera vez de boca de su responsable política los eventos que derivaron en la caducidad del permiso precario a Rancho Móvil.

La funcionaria se limitó a contar los actos administrativos que llevó adelante el Emtur desde que, en septiembre, un grupo de vecinos les dio a conocer la denuncia sobre Rancho Móvil. Dijo que se dispuso una inspección y un relevamiento fotográfico. Y que el ente tuvo que definir nuevamente el domicilio legal de la asociación Rancho Móvil, porque había cambiado.

Magnoler mencionó una consulta a la Secretaría de Planeamiento Urbano para determinar si se habían autorizado las construcciones. Indicó que en octubre Rancho Móvil se presentó en el Emtur con documentación y que en noviembre hubo un dictamen de la Asesoría Legal del ente y un pedido de información a la dirección municipal de las ONG. Magnoler recordó la medida de fuerza que paralizó durante casi un mes la administración municipal y señaló que la respuesta de la dependencia de las ONG llegó en enero. Entonces se dispuso una nueva inspección con relevamiento fotográfico, lo que dio lugar al decreto de caducidad del intendente. “Se otorgaron cinco días hábiles (para desarmar las cabañas) y el 1 de febrero fuimos al lugar y comenzamos el proceso de recupero. Ahora seguimos en ese proceso de desalojo”, agregó.

Sobre el futuro de la unidad turística fiscal evitó precisiones. Sostuvo que “se va a elevar un proyecto que no está desarrollado en su totalidad”. Apuntó que, desde su perspectiva, a ese lugar privilegiado que es reserva forestal hay que cuidarlo y hacerlo sustentable y accesible. No renegó del objetivo original, que era llevar casillas rodantes, pero dijo que eso debería darse “con un reglamento claro y concreto que evite las malas interpretaciones que se dieron”.

Claudia Rodríguez (Acción Marplatense) fue la concejal que más insistió por mayores precisiones. Recordó que en septiembre, a partir de la publicación de un portal de noticias (Qué digital) acompañó un pedido de informes del radical Mario Rodríguez sobre lo que realmente ocurría en Rancho Móvil. La Secretaría de Planeamiento informó que había tres propiedades que estaban fuera de la norma y otras dos en construcción. “Es medio inadmisible pensar que el Estado no pueda hacer nada para que después de eso no se hagan 15 más”, lanzó la concejal de AM. ¿Planeamiento no le avisó al Emtur? ¿No volvieron a inspeccionar?”, se preguntó.

Magnoler trató de defenderse al afirmar que estaba en curso el proceso administrativo y que la prolijidad de esas actuaciones fueron clave para que la medida cautelar presentada por Rancho Móvil contra el desalojo fuera rechazada. Cuando le tocó hablar, Mario Rodríguez le desbarató ese argumento de por sí endeble: “La cautelar se cayó porque las construcciones estaban fuera de toda norma vigente. Eran absolutamente clandestinas e irregulares”.

Claudia Rodríguez leyó el informe que el Emtur mandó en octubre al Concejo, en el que destacaba que la zona de Rancho Móvil estaba en buen estado de conservación, indicaba que la asociación desconocía la titularidad de las construcciones y subrayaba que el ente había cursado una intimación para que fueran desarmadas. Pero solo hubo más construcciones ilegales.

“Se hizo todo desprolijo. No me parece un acto administrativo transparente”, achacó la concejal de Acción Marplatense. “Los controles son bastante laxos y flexibles o no son. Suerte que el 3 de septiembre pasó por el lugar un inspector”, ironizó.

Mario Rodríguez recordó que la primera publicación periodística sobre el predio (una nota de LA CAPITAL) databa del 29 de julio de 2016 y aludía al desmonte y loteo ilegal. Por eso afirmó que “el Ejecutivo debió haber actuado muchísimo antes”. Y acotó: “Es muy grave lo que ha ocurrido. Las respuestas deberían ser más convincentes”. No fue todo. “Alguien dio el ‘okey’ para que esto avanzara”, remató.

Claudia Rodríguez formuló otras preguntas concretas: “¿Sabían las autoridades del Emtur que las parcelas se vendían? ¿Quiénes son los que tenían construcciones ilegales? ¿Hay nombres comprometidos con la política? ¿Sabían que esas cabañas se promocionaban para alquiler?”.

La asesora legal del Emtur aseguró que, cuando el ente consultó por las construcciones, Rancho Móvil contestó que eran “de sus asociados”. “Y nos dieron una lista de asociados”. Una copia de esa lista quedó en el Concejo y tiene varias tachaduras. Muzzio también respondió que no le consta que se hayan comercializado parcelas. “La denuncia (que lo determinará) ya está en manos de la Fiscalía”.

Daniel Rodríguez, de Unidad Ciudadana, también se mostró preocupado por la falta de controles del Estado. Y la radical Cristina Coria dijo que eso sucede en el Emtur desde antes de que Magnoler sea presidenta. “Lo de las cabañas fue el detonante, lo obsceno. Hubo una ausencia de controles. Espero que el Emtur revise estos procedimientos porque pasó en rancho Móvil pero mañana puede suceder en otros sectores”, advirtió.

Sin nombrarla, Coria apuntó contra la directora de Recursos Turísticos, Mónica Rábano, que estaba en la mesa y hace más de una gestión que está en el cargo. “Hay algún área que no está funcionando del todo bien. Quizás alguno se toma más atribuciones de las que tiene cuando están en el manejo de un área durante mucho tiempo”.

La falta de controles en otras unidades turísticas fue otro reproche de los concejales. “En ciertos lugares de la costa hay un absoluto incumplimiento de los pliegos. Es imposible que el Estado municipal no sepa lo que está pasando”, criticó Mario Rodríguez.