Por Juan Manuel Pettigiani (*)
La clase política se halla sorprendida por los hechos vinculados al crimen que ocurren en Rosario, producto de la autonomía que ha generado la dinámica del narcotráfico en esa ciudad, discutiendo acerca de cual sería la mejor solución posible.

Fruto de ese debate surgieron ideas que lo único que hacen es alejar la solución del problema. Una de las que más se ha repetido, y es la que me lleva a escribir estas líneas, es que la solución vendría de la mano de la implementación del sistema acusatorio y la creación de 23 fiscalías y sus correspondientes estructuras, junto con las defensorías y los organismos judiciales a tales fines.

Tal decisión no aporta elemento alguno a la solución de la problemática, ya que el problema no está en el procesamiento de la información sino en que no llega información al sistema judicial. El descenso en la calidad y cantidad de las investigaciones es notorio.

Hasta no hace muchos años, la gente tenía la sensación de que con la inauguración de un edificio de comisaría, en determinado espacio geográfico, sus problemas de inseguridad terminaban. El tiempo y la realidad fueron mostrando que esto no era así y que la solución solo llegaba con la presencia de personal policial en las calles.

A pesar de ser una salida rápida para la política, la propuesta de creación de 23 fiscalías se alimenta de la misma filosofía, y va a seguir la misma suerte. La Provincia de Buenos Aires, con una monumental inversión de recursos públicos ha modificado su sistema de enjuiciamiento en el año 1998 y, a pesar del esfuerzo de sus operadores, la realidad muestra, que esa no fue ninguna solución, el delito creció. La inseguridad también.

La política, en la búsqueda de medidas eficientes, ha extraviado su norte. La solución al flagelo del narcotráfico y de la inseguridad, requiere más acción territorial. Mas presencias de todas las fuerzas de seguridad disponibles, cada una en su competencia. Pero también de todas las agencias estatales disponibles.

El desafío al delito implica que el Estado tenga mas información acerca de lo que pasa en el territorio. Esta es la única superioridad útil en la lucha contra el delito. Esto no se logra con gente dentro de los costosos edificios que se quieren crear, al contrario eso genera mas desconexión con la realidad.

De la mano de la tecnología tenemos que mejorar la calidad de la información y la cantidad de información existente en los bancos de datos públicos. Una vez generada la información, a través de todas las agencias disponibles, la coordinación pasa a ser tarea del Ministerio Público.

Pero también se necesita una relación más intensa y eficiente entre las fuerzas que investigan y los fiscales, pues ambos dependen de diferentes poderes.

El combate al delito actual se da con generales (fiscales) de una fuerza diferentes a los soldados (policías) que deben dirigir. Se habla de independencia judicial pero la justicia para investigar necesita la colaboración del Poder Ejecutivo. La política se ha encargado de que esto sea así.

La unificación de ese ejército en manos de los fiscales, con la creación de una fuerza de investigación que dependa de ellos, otorgaría mayor eficiencia a esa lucha.

Hace muchos años ya planteamos que la policía judicial a crearse se podría componer, sin gasto actual para el Estado, con los agentes que revisten en la policía de investigaciones y científicas de cada fuerza. Esta transición se podría hacer manteniendo los actuales estados de revista de los agentes, a los fines de respetar su carrera y, a partir de las jubilaciones que se vayan produciendo, ir dando de alta nuevos integrantes, que ya serían de la policía judicial.

(*) FISCAL GENERAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA