Una mujer de 59 años que había obtenido una jubilación por discapacidad de manera irregular, imputada en la Megacausa Anses en una estafa al Estado que ronda los 100 millones de pesos, fue beneficiada por una medida cautelar de la Justicia Federal que obliga a la Administración Nacional de Seguridad Social a reintegrarle su pensión hasta tanto no haya una sentencia firme.

L.V. es una de las personas que tramitaron su jubilación de manera irregular con el estudio “Organización jurídico previsional SRL” -a cargo de los procesados Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez– y justamente por haber conseguido una pensión gracias a certificados falsos de discapacidad, quedó imputada por estafar al Estado.

El juez federal Santiago José Martin entendió que L.V., de 59 años, “se encuentra en un sector socialmente vulnerable que ha sido acreditado en el proceso, y además, que se encuentra comprometido un derecho de naturaleza alimentaria como lo es su beneficio previsional”.

Si bien la jubilación de la mujer fue tramitada de manera irregular, el juez consideró que hasta que la sentencia no quede firme, Anses deberá seguir abonando la jubilación de la imputada.
Además, L.V. volvió a someterse a las pericias de la Junta Médica -integrada ahora por diferentes profesionales que no están bajo sospecha de haber participado de la estafa-, que certificó que la mujer tiene trastornos afectivos bipolares, trastorno histriónico de personalidad y psicosis maníaco depresiva, lo que llevó a los médicos a dictaminar una incapacidad laboral del 70%.

“Resulta necesario considerar que, cuando se trata de créditos de naturaleza previsional, su contenido alimentario exige una consideración particularmente cuidadosa a fin de que, en los hechos, no se afecten sus caracteres de integrales e irrenunciables, ya que el objetivo de aquéllos es la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos en los momentos de la vida en que la ayuda es más necesaria, lo que no se compadece con la posibilidad de que las sentencias dilaten, sin término la decisión de las cuestiones sometidas a los jueces”, explicó el juez federal Martin.

Anses, además de haber dejado de abonarle mes a mes la jubilación a L.V. le exige el pago de 564.718 pesos en concepto del dinero que le pagaron por su pensión irregular.

La abogada de la jubilada, Mónica Castañeira, se mostró satisfecha con la cautelar firmada por el juez Martin y remarcó que, además de que Anses retome los pagos de la jubilación, piden “el retroactivo”, ya que la mujer no cobra su pensión desde el año pasado y tuvo que afrontar “importantes gastos” durante este período, principalmente en medicación y subsistencia personal.

“Presentaremos una demanda por daños y perjuicios al Anses, porque considero que fue parte de la maniobra de estafas. Si no hubiese dado el visto bueno y realizado el control necesario, los jubilados no hubieran podido obtener el beneficio. Independientemente de la conducta de los jubilados, sin el Anses y sin el estudio jurídico no hubieran podido lograr el beneficio”, consideró la abogada Castañeira.

Además, Castañeira explicó que ya ha presentado una demanda contra el estudio jurídico “Organización jurídico previsional SRL”, para que desde allí devuelvan la plata, que Anses reclama a la jubilada, es decir 564,718 pesos.

“Mucha gente ha sido llevada engañada por esta gente, y las personas que no tenían nada y les ofrecen una jubilación, aceptaron”, concluyó Castañeira.

A la espera del juicio

El juez federal Santiago Inchausti firmó la elevación a juicio de la primera parte de la causa, que incluye a 13 abogados, médicos y exfuncionarios públicos, además de 20 beneficiarios. Entre los acusados se encuentran los integrantes de la sociedad “Organización Jurídico Previsional SRL” -Roberto Balbuena, Luis Miguel Iros, Ruben David Cagni y Luciano Conrado Diez Suarez- y la pesquisa llegó evidenciar la presunta defraudación al estado nacional por cerca de 100 millones de pesos.

De esta manera, irán a debate oral y público 13 de los supuestos integrantes de la asociación ilícita -entre quienes se encuentra también la contadora del estudio previsional, entonces funcionarios públicos de AFIP, ex funcionarios de la Comisión Médica y médicos- y de 20 beneficiarios, por un universo de cuarenta y siete beneficios previsionales. Sin embargo, la cantidad de integrantes de la asociación ilícita de acuerdo a la investigación fiscal asciende a 25 personas y el número de casos a 361. Este otro tramo de la causa se encuentra a la espera de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

De acuerdo a la pesquisa, para alcanzar sus objetivos, la organización se valió de diversas maniobras, como la alteración de registros de la Afip, tenencia de DNI, utilización de diversa documentación falsa como certificaciones de servicios y recibos de sueldo, de sellos médicos, de la instalación de un consultorio médico no habilitado a tal fin, del supuesto extravío de los expedientes administrativos, la influencia sobre diversos funcionarios públicos mediante ofrecimientos económicos, y la dilatación intencionada de los trámites previsionales, entre otros.