La Justicia Federal procesó a otros 31 imputados en el marco de la “Megacausa Anses” que investiga una millonaria estafa al Estado en jubilaciones por discapacidad irregulares y trabó embargos por una suma total superior a los 200.000.000 de pesos.

En las últimas semanas, el juez federal Santiago Inchausti y el fiscal federal Nicolás Czizik habían tomado declaración indagatoria a una decena de médicos señalados por dos “arrepentidos”, quienes los acusaban de haber falsificado certificados de discapacidad y también a jubilados que habrían tramitado sus beneficios de manera irregular.

Para Inchausti y Czizik, María Gabriela Iros -hija de uno de los principales imputados- y los médicos Miguel Ángel Marcello, Eduardo Moyano, Juan Miguel Martínez Campoy, Marcelo Eiras, Ricardo Scalise, Juan Carlos Soria, Gustavo Domínguez y Gabriela Biribin en mayor o menor medida y con diferentes roles son parte de la asociación ilícita que operó desde el Estudio Jurídico Organización Previsional SRL que estafó al Estado por casi 100.000.000 de pesos.

Inchausti consideró que no existen elementos suficientes para ordenar la prisión de estos imputados, pero sí les trabó un embargo a cada uno por 20.000.000 de pesos y, además, la obligación de pagar 2.000.000 de pesos como caución personal.

Además, el juez Inchausti procesó a 22 personas que habían tramitado sus jubilaciones con trámites irregulares realizados con el Estudio Jurídico Organización Previsional SRL . En la mayoría de los casos sucedía que estos jubilados o no tenian los aportes necesarios para conseguir dichas jubilaciones o no tenían la discapacidad señalada para obtener el beneficio previsional de Anses. En todos los casos, los bienes de estas personas fueron embargados en 500.000 pesos.

Ampliación de procesamientos

Los titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL, Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez, y el exempleado de Anses Héctor Seri son los principales acusados en la investigación y señalados de ser los líderes de la asociación ilícita.

Todos fueron embargados por 20.000.000 de pesos y, recientemente, el juez Inchausti amplió sus procesamientos por los delitos de “defraudación contra la administración pública reiterado en 86 ocasiones”,  coautores del delito de tentativa de defraudación contra la administración pública reiterado en 246 ocasiones, coautores del delito de alteración dolosa de registros y coautores de cohecho.

Los únicos que permanecen detenidos son Cagni, Iros y Seri, ya que el juez Inchausti considera que existe riesgo procesal al concederles la libertad, mientras que Balbuena y Diez Suárez se encuentran con prisión domiciliaria.

“Ha quedado acreditado el vínculo de los nombrados con las actividades aquí investigadas (asociación ilícita, defraudación a la administración pública, tenencia ilegítima de armas, etc), lo que sumado a la gravedad de los hechos imputados y, el caudal económico de la organización investigada en cuanto a las importantes cantidades de dinero en efectivo que manejaban sus integrantes, me llevan a concluir que en caso de recuperar la libertad podrían darse a la fuga o entorpecer el curso de la investigación”, consideró el juez Inchausti.

A su vez no puede descartarse el eventual surgimiento de otras personas que puedan estar involucradas en la maniobra aquí investigada. Recordemos que esta organización criminal estaría integrada por una gran cantidad de intervinientes y actúa al menos desde el año 2006, con vínculos dentro de organismos del estado (ANSES), con lo que de recuperar la libertad, los encartados podrían entorpecer el curso de la investigación, obstruyendo prueba que aún falta recolectar o, incluso, dar aviso a personas que podrían estar siendo investigadas u otras que puedan surgir con el devenir de la investigación.

Un sobreseído, faltas de mérito y un prófugo

El juez Inchausti decretó el sobreseimiento de Daniel Alberto Nicolás y consideró que no tiene ningún tipo de vínculo con las maniobras ilícitas investigadas.

Además, en seis casos, el juez consideró que hay “falta de mérito” para avanzar en los procesamientos de los sospechosos, pero tampoco hay elementos suficientes para sobreseerlos.

Finalmente, aún hay un hombre prófugo: Fernando Biesa, quien se habría desempeñado como asesor en el estudio jurídico Organización Previsional SRL. Contra su persona hay un pedido de captura internacional desde fines de octubre.

El aporte de los arrepentidos

Gracias al aporte de los dos arrepentidos que tuvo la causa -los primeros en la Justicia Federal en Mar del Plata- la investigación pudo acceder a decenas de nuevos sospechosos, quienes hoy están procesados.

Los médicos José Fati y José Ricardo Caliyuri -quienes siguen procesados- explicaron cómo funcionaba la maniobra desde adentro, y, sobre todo, cómo era el accionar de los médicos que falseaban los certificados médicos para conseguir el porcentaje de discapacidad exigido por Anses.

Para los investigadores se trata de una causa realmente compleja y a más de un año de haber iniciado las primeras medidas, aún aparecen nuevos beneficiario que consiguieron las jubilaciones de manera irregulares y nuevas personas en connivencia con los imputados.

Los investigadores consideran que este tramo está “casi” terminado, en el que pudieron recolectar pruebas y procesar a los líderes de la organización ilícita -los miembros del estudio jurídico Organización Previsional SRL-, empleados de AFIP y Anses que participaban de las estafas, los médicos de la Comisión Médica y particulares y decenas de beneficiarios.