Una mujer  beneficiada con una jubilación por discapacidad tramitada con el estudio jurídico acusado de cometer estafas  con sus maniobras por cerca de 100 millones de pesos, perdió su pensión y Anses ahora le exige el pago del dinero que percibido: 564,718 pesos.

Ante esta situación, la jubilada demandó a los integrantes del estudio “Organización jurídico previsional SRL” -los detenidos y procesados Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez– por daños y perjuicios, ya que aseguró que ella cumplía con todos los requisitos exigidos por Anses para tramitar la jubilación.

A raíz de haber tramitado su jubilación con los procesados, L.B. quedó imputada en el marco de la “Megacausa Anses”. Desde febrero perdió el beneficio y, sin él, se quedó sin cobertura médica con una grave “patología psiquiátrica y física”, sin poder acceder a la medicación. Además, la mujer “tuvo un agravamiento del estado emocional ante el desamparo social y de salud como el horror ante el reclamo económico que intimara a reintegrar una suma imposible de dinero”, explicó su abogada Mónica Castañeira.

En la demanda contra Balbuena, Cagni, Iros y Diez Suárez, Castañeira explica que al haber existido un vínculo contractual entre clienta y abogado, “el dominio pertenece al profesional y no al cliente. Es el abogado quien diseña la estrategia jurídica del caso que presenta o defiende, con los conocimientos teóricos y prácticos propios y obrar conforme con las reglas y métodos pertinentes”.

“El fundamento de la demanda descansa no ya en la mala práctica profesional por desconocimiento de la Ley, o por torpeza, sino justamente por utilizar todos sus conocimientos para transgredir la norma y a través de la conducta dolosa defraudar a la administración pública utilizando como medio necesario la figura del cliente, para obtener un beneficio seguro”, argumentó en la demanda la abogada de la jubilada.

Castañeira le quita la responsabilidad a su clienta en las estafas al Estado y explica que, como en cientos de casos, es una víctima de la situación, pero imputada en el marco de una Megacausa que investiga la Justicia Federal desde hace poco más de un año. “Se encuentra en un proceso penal, pero sin reclamo alguno ni de parte del Estado, ni de parte de la Justicia sobre los honorarios percibidos de los mandantes y ese justamente fue el beneficio seguro de los demandados”, expresa la abogada.

Para Castañeira, lo realizado por Anses -primero quitarle la jubilación a su clienta y luego exigirle el pago de más de medio millón de pesos- es “un verdadero despropósito y un abuso del derecho por parte de la demanda, del Anses”.

En la demanda, presentada al Juzgado Civil y Comercial N°11, Castañeira pide que los abogados de “Organización jurídico previsional SRL”, quienes “deshonraron la profesión”, como reparación, le entreguen a su clienta la misma suma que le reclame Anses, es decir $564.718,91.

Una estafa millonaria

Los investigadores consideran tener por probado que el estudio “Organización Jurídico Previsional” tuvo como fin tramitar beneficios jubilatorias de manera irregular con los que se estafó al Estado por cerca de 100 millones de pesos.

La maniobra se iniciaba con denuncias apócrifas mediante las que lograban que se reconocieran años de aportes a individuos que no habían trabajado con esos empleadores.

Es así que, en muchos de los casos se declararon remuneraciones de importes elevados que se tradujeron directamente en el haber previsional y no realizando sobre dichos servicios el pago de los aportes y contribuciones correspondientes.

De esta manera, según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, los abogados del estudio Organización Previsional SRL obtenían de manera irregular beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez que firmaban médicos que también pertenecían a la organización.

La organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades y maniobras ilícitas como ser la alteración de registros del sistema de AFIP, utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la Anses que en el sistema del organismo aparecían como extraviados, la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico que no estaría habilitado para realizar certificados por discapacidad a sus clientes que luego eran homologados con médicos, al servicio del estudio jurídico, que trabajaban en la Comisión Médica de Anses.

De ese modo se producía una defraudación hacía el Estado, ocasionando un importante perjuicio económico, al mismo tiempo que la asociación se veía beneficiada a partir de los ingresos patrimoniales producto de los beneficios previsionales irregulares.