Jubilados que habían obtenido beneficios previsionales por discapacidad de manera irregular, imputados en la Megacausa Anses en una estafa al Estado que ronda los 100 millones de pesos, recuperaron sus pensiones tras una resolución de la Justicia Federal que insta a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a reintegrarles las jubilaciones hasta tanto no haya una sentencia firme.

La Cámara Federal de Mar del Plata consideró que en tiempos de pandemia “el Poder Judicial debe encontrarse particularmente presente, para evitar todo modo de exceso”, sobre todo en medio de un “delicado contexto de excepción, del que no puede derivarse en modo alguno, la ausencia de los controles constitucionales”.

En este caso, en octubre del año pasado Anses había dejado de pagarle el beneficio a una jubilada de 59 años, por tener una de las más de cien pensiones tramitadas de manera irregular por el estudio “Organización jurídico previsional SRL” -a cargo de los procesados Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez– en el marco de la Megacausa Anses por una estafa de más de 100 millones de pesos al Estado Nacional.

La Cámara revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado la acción de amparo y sostuvo que la situación de la jubilada está “inserta en un específico marco de humanidad, en el cual el peligro en la demora resulta ser de carácter vital y no material o pecuniario”.

Además, se hizo lugar al planteo de la abogada de la jubilada, Mónica Castañeira, y se ordenó de manera directa a la Anses a restablecer “en forma inmediata el pago del beneficio jubilatorio” hasta que haya sentencia definitiva.

La abogada Castañeira nuclea siete reclamos de jubilados que habían perdido sus pensiones por estar imputados en la causa de estafa contra el Estado y que la Justicia Federal ordenó a Anses que reintegrara esas jubilaciones.

“Pido el reintegro de las jubilaciones porque la estafa que se produjo ocurrió porque hubo connivencia entre el estudio jurídico y Anses, más allá del conocimiento o no del beneficiario, sin el asesoramiento malicioso de los procesados y la anuencia de Anses jamás le hubieran pagado”, consideró la abogada.

Además, la abogada también impulsa una demanda tanto contra los integrantes del estudio “Organización jurídico previsional SRL” y Anses por mala praxis dolosa y connivencia dolosa. La abogada considera que ambas partes fueron los protagonistas de la estafa al Estado. “Si Anses no hubiese dado el visto bueno y realizado el control necesario, los jubilados no hubieran podido obtener el beneficio. Independientemente de la conducta de los jubilados, sin el Anses y sin el estudio jurídico no hubieran podido lograr el beneficio”, explicó.

A la espera del juicio

El juez federal Santiago Inchausti firmó la elevación a juicio de la primera parte de la causa, que incluye a 13 abogados, médicos y exfuncionarios públicos, además de 20 beneficiarios. Entre los acusados se encuentran los integrantes de la sociedad “Organización Jurídico Previsional SRL” -Roberto Balbuena, Luis Miguel Iros, Ruben David Cagni y Luciano Conrado Diez Suarez- y la pesquisa llegó evidenciar la presunta defraudación al estado nacional por cerca de 100 millones de pesos.

De esta manera, irán a debate oral y público 13 de los supuestos integrantes de la asociación ilícita -entre quienes se encuentra también la contadora del estudio previsional, entonces funcionarios públicos de AFIP, ex funcionarios de la Comisión Médica y médicos- y de 20 beneficiarios, por un universo de cuarenta y siete beneficios previsionales. Sin embargo, la cantidad de integrantes de la asociación ilícita de acuerdo a la investigación fiscal asciende a 25 personas y el número de casos a 361. Este otro tramo de la causa se encuentra a la espera de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

De acuerdo a la pesquisa, para alcanzar sus objetivos, la organización se valió de diversas maniobras, como la alteración de registros de la Afip, tenencia de DNI, utilización de diversa documentación falsa como certificaciones de servicios y recibos de sueldo, de sellos médicos, de la instalación de un consultorio médico no habilitado a tal fin, del supuesto extravío de los expedientes administrativos, la influencia sobre diversos funcionarios públicos mediante ofrecimientos económicos, y la dilatación intencionada de los trámites previsionales, entre otros.