La Clínica Mitre quedó en el centro de una ramificación de la megacausa Anses por una millonaria estafa en la que habrían participados los ya condenados integrantes del estudio jurídico Organización Jurídico Previsional SRL., los directivos del nosocomio y una veintena de personas que se beneficiaron de manera ilegal con jubilaciones por discapacidad o que no les correspondían por nunca haber trabajado en el lugar.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y del juez Santiago Inchausti, personal de la Clínica Mitre obtuvo de manera irregular beneficios previsionales sin que se abonaran las cargas sociales correspondientes, como así también sin siquiera haber trabajado en el lugar en o como retiros transitorios por invalidez con certificados médicos espurios.

En la causa, fueron procesados los ya condenados integrantes del estudio jurídico encargado de tramitar las jubilaciones: Rubén David Cagni, Roberto Luis Balbuena, Luis Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez, todos imputados como coautores del delito de defraudación contra la administración pública reiterado en dieciséis ocasiones y coautores del delito de tentativa de defraudación contra la administración pública reiterado en tres ocasiones, todo ello en concurso real, que a su vez en concurre de manera ideal con el delito de uso de documento privado falso.

Además, también fueron procesados los directivos de la Clínica Mitre Aníbal José Arrarte y Guillermo Acosta Haab; la contadora Andrea Livi y el médico Ariel Fati.  Por su parte cada uno de los beneficiarios de estas jubilaciones deberá responder de manera particular por resultar coautor del delito de defraudación contra la administración público.

Si bien la Anses no ha determinado de momento el perjuicio patrimonial total, la Justicia obtuvo un monto aproximado tomando como base aquellos casos en los que la administración ha determinado los cobros
indebidos y el perjuicio al erario público.

Este perjuicio patrimonial determinado hasta el momento da un total de $28.043.561,63, pero al actualizar el monto con el método de “Tasa de Interés para uso de la Justicia”, la suma asciende a $ 365.961.097,84.

Con los procesamientos no fueron ordenadas ninguna detención, pero sí la Justicia trabó embargos millonarios: para los cuatro integrantes de la Organización Jurídico Previsional SRL y los directivos de la Clínica Mitre el embargo es de $ 600.000.000; para la contadora Levi y el médico Fati, el embargo es de $ 150.000.000 y para cada uno de los beneficiarios imputados, el embargo es de $ 25.000.000.

La maniobra

Para los investigadores, hay pruebas suficientes para entender que la estafa se realizaba con tres modalidades diferentes: jubilaciones para personas que nunca trabajaron, retiros con sueldos inflados y sin realizar los aportes y, finalmente, jubilaciones por discapacidad con la connivencia de médicos que firmaban certificados que no correspondían a la realidad del paciente.

Todo esto fue utilizado para obtener de manera fraudulenta diferentes beneficios previsionales, en los que necesitaron de la intervención del cuerpo de autoridades de la Clínica Mitre, puesto que fue esta entidad la que
figuró en los casos analizados como falso empleador en algunos o, como empleador pero por períodos diferentes a los cargados en la declaraciones juradas sobre las cuales luego se realizarían los cómputos, que permitieron tener por acreditados los años de trabajo que exigiría cada norma previsional a los fines de otorgar un beneficio.

Pero además, en algunos casos no sólo se fraguaba la antigüedad laboral sino que también los beneficiarios accedían a pensiones extraordinarias ya que encuadraban sus trámites dentro del art. 48 la ley 24241 valiéndose de falsos
diagnósticos médicos, firmados por Ariel Fati o por otros profesionales, por los cuales se les otorgaba un porcentaje de incapacidad suficiente para poder acceder a esos beneficios de privilegio.

De esta manera, que el empleador (Clínica Mitre) acudía a la “Organización Jurídica Previsional”, para gestionar los trámites previsionales, para que allí se adaptaran de la manera más conveniente los requisitos exigidos para obtener una jubilación (ordinaria o extraordinaria) de aquellos empleados reales con los cuales la Clínica no había cumplido los aportes de la seguridad social.

Para los investigadores, se trata de “una organización criminal de forma permanente y continuada”, con roles específicos en cada caso, que se dedicaba a la gestión y tramitación de beneficios previsionales ilegítimos. Obtenido el beneficio, la organización percibía honorarios por el trámite realizado, que excedían los establecidos por ley para estos casos. Por lo general se quedaban con el pago del retroactivo efectuado por el ANSES, motivo por el que dilataban intencionalmente la tramitación de los beneficios.

Contador de la clínica con jubilación por discapacidad

El caso de Aníbal Arrarte se destaca en medio de tanta estafa. Contador, se desempeñó como autoridad de la Clínica Mitre para la época de los hechos investigados y solicitó un beneficio de Retiro Transitorio por Invalidez ante la
UDAI Mar del Plata el 5 de julio de 2011 con la representación del imputado (y condenado en la megacausa Anses) Rubén David Cagni.

De de acuerdo a las constancias aportadas por ANSES, ese trámite fue extraviado en el archivo de la UDAI, por lo que se tuvo que reconstruir el 4 de abril de 2013, pero con fecha inicial de pago el 1 de marzo de 2011. De esta manera, en junio de 2013 recibió el alta mensual, con una jubilación de $ 14.971,18  y un pago retroactivo de $ 323.471,94.

Para ese trámite, y obtener el beneficio previsional, utilizaron certificados médicos presuntamente falsos correspondientes al Centro de Estudios Digestivos, al Laboratorio de Patología y Citopatología y al Instituto
Radiológico, los cuales fueron desconocidos o no fueron habidos en los archivos de esas entidades.

Es así que el expediente recayó en la Comisión Médica N| 12, que concluyó en fijar un 66 a 70% de incapacidad, lo que fue suficiente para que el directivo de la Clínica Mitre consiguiera su jubilación por incapacidad.

Estafadores ya condenados

El caso conocido como Megacausa Anses se conoció en 2018 y a fines del año pasado fueron condenadas 14 personas, entre los que figuran los líderes de la asociación ilícitas y cabezas del estudio jurídico Organización Jurídico Previsional SRL.

Luis Miguel Iros fue condenado a 8 años y 3 meses; Rubén David Cagni y Roberto Luis Balbuena a 8 años y Luciano Conrado Diez Suárez a 6 años.

Por su parte, los médicos Rodrigo Néstor Jones, Juan Carlos Soria, Eduardo Alberto Moyano, Gustavo Enrique Domínguez y Nazareno Di Giovanni, fueron sentenciados a 3 años de prisión de ejecución condicional como integrantes de la banda, y su colega José Ricardo Caliyuri a 2 años y 9 meses en la misma condición.

Por su parte, Alejandro De La Torre Kriscovich y Ariel Fati, otros dos hombres que integraban la banda, recibieron penas 3 años de prisión, y dos años y 6 meses de prisión, respectivamente, también de ejecución condicional.

En tanto, Walter Dubois fue condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional por ser considerado autor del delito de defraudación a la administración pública, y Martín Daniel Barreix a un año y 6 meses de cárcel de ejecución condicional por ser considerado partícipe secundario del mismo delito.

Por último, Héctor Seri recibió la pena de 3 años de prisión por tenencia de arma, ya compurgada bajo prisión preventiva.