Un primer grupo de jubilados imputados en el marco de la megacausa por la millonaria estafa a Anses comenzará a declarar en agosto, quienes son acusados de haber defraudado al Estado por cobrar de manera irregular beneficios por discapacidad.

El juez Santiago Inchausti citó a 25 beneficiarios de las jubilaciones investigadas, quienes están imputados por “defraudación a la administración pública”, al haber conseguido jubilaciones irregulares a través del estudio jurídico Organización Previsional SRL.

Para el juez Inchausti y el fiscal Nicolás Czizik, estos jubilados participaron de las maniobras por las que fueron detenidas cinco personas: los abogados Rubén David Cagni, Conrado Suárez, Luis Miguel Iros, el asesor Roberto Luis Balbuena y el médico Daniel Fernando Fernández; y tres que también fueron procesadas pero permanecen en libertad: el médico José Ricardo Caliyuri, el perito Norberto Coehlo y la contadora Daniela Livi.

Una de las grandes diferencias en la causa, es que para los investigadores los jubilados no son parte de la organización ilícita, sino que son acusados de haber participado por la estafa individual de su caso, es decir por haberse beneficiado ellos con su propia jubilación irregular.

De esta manera, desde agosto, el Juzgado Federal N°3 tomará las declaraciones indagatorias de los 25 jubilados investigados y, terminado este primer grupo de imputados, avanzará sobre todos los casos bajo sospecha.

Según informaron fuentes de la investigación consultada, día a día se descubren nuevos hechos en los que habrían participado los integrantes del estudio jurídico Organización Previsional SRL, en los que, con connivencia de un funcionario de la Comisión Médica de Trabajo N°12, consiguieron tramitar de manera irregular jubilaciones por discapacidad en Anses.

Para quienes investigan la estafa a la Anses, se trata de una “megacausa” por la cantidad de personas involucradas y el gran volumen de información, que todavía no ha podido ser clasificada y analizada en su totalidad.

La causa

La maniobra se iniciaba con denuncias apócrifas mediante las que lograban que se reconocieran años de aportes a individuos que no habían trabajado con esos empleadores –se inscribían como empleadores personas muy mayores o de existencia irreal –. En algunos casos, inclusive, se presentaban declaraciones juradas rectificativas que “pisaban” las originales, dejando a los empleados verdaderos sin aportes ni contribuciones para ese período rectificado.

De esta manera, según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, los abogados del estudio jurídico Organización Previsional SRL obtenían de manera irregular beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.

Al momento hay registrados unos 130 casos de jubilaciones irregulares que, por el tiempo en que los beneficiarios llevan cobrando ese dinero, se trata de una estafa que supera los 100.000.000 de pesos.