Por Juan Salas
El testimonio de un médico que ocupaba un rol central en el complejo fraude al Estado confeccionado por los integrantes del estudio jurídico Organización Previsional SRL develó detalles del entramado con el que se tramitaron al menos 400 jubilaciones por discapacidad en Anses por una suma superior a los 100 millones de pesos.

El juez federal Santiago Inchausti y el fiscal Nicolás Czizik aceptaron que dos médicos que estaban imputados y procesados en el marco de la “Megacausa Anses” quedaron bajo el marco de la ley del arrepentido (Ley 27304) por la importante información que estaban dispuestos a aportar.

Esa información aportada no sólo complicó aún más a los principales acusados -los detenidos y procesados Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez-, sino que fue fundamental para que la investigación avanzara con nuevos allanamientos, imputaciones, detenciones y pedidos de capturas.

De las catorce nuevas imputaciones, se destacan el caso del exempleado de Anses recientemente detenido Héctor Seri, la detención -aunque fue excarcelado- de Rodolfo Barone, trabajador del estudio jurídico investigado; Fernando Biesa, quien se encuentra prófugo y con pedido de captura internacional y once médicos que habrían confeccionado certificados por discapacidad a cambio de dinero.

El contacto en Anses

El exempleado de Anses Héctor Adolfo Seri se encuentra detenido desde el sábado, cuando fue capturado en el aeropuerto internacional de Ezeiza al llegar de Brasil.

Según se desprende de los aportes de un de los dos “arrepentidos”, Seri, abogado y trabajador jubilado de Anses, tenía un rol fundamental dentro de la estafa, ya que sería quien proveía de información interna al abogado Balbuena para que pudiera iniciar las maniobras fraudulentas.

La función de Seri habría sido la de otorgar expedientes que pudieran ser manipulados -le sacaba hojas, ponía otras con sellos del organismo, modificaba papeles de prueba, de aportes y hasta extraviaba expedientes-, para luego reingresarlos a la dependencia de Anses del Puerto.

Uno de los arrepentidos de la Megacausa Anses aseguró que pagaba cerca de 35.000 pesos a médicos para que hicieran certificados por discapacidad, necesarios para los trámites jubilatorios.

Esta información ortorgada por uno de los arrepentidos habría sido confirmada por los investigadores de la fiscalía federal y, entre los documentos secuestrados, se encontrarían formularios de apertura que la Organización Jurídica Previsional hacía figurar como clientes recomendados por el “Dr. Seri”.

Para los investigadores, es al menos “llamativo” que un funcionario de Anses recomiende a un estudio jurídico para que le tramite la jubilación a una persona. La principal hipótesis sostiene que durante los años que operó la estafa, no pudo hacerse sin la connivencia de funcionarios de Anses.

Para el juez Inchausti la situación de Seri se agrava por su rol de funcionario público de Anses y porque habría ayudado a ocultar y fraguar prueba, por lo que el riesgo procesal es claro.

El “alquimista” de los recibos de sueldo

Rodolfo Barone había sido detenido hace dos semanas durante los 26 allanamientos realizados a casas, estudios jurídicos y consultorios médicos. Tras su declaración indagatoria, recuperó la libertad.

Barone trabajó durante unos 15 años en el estudio jurídico Organización Previsional SRL y está acusado de haber sido el encargado de confeccionar los recibos de sueldo apócrifos utilizados para las estafas. Por este particular “talento” era conocido en la banda como “el alquimista”.

“El alquimista” Barone habría logrado una forma de hacer los recibos de sueldos apócrifos con la utilización de máquinas de escribir con distintas tomas y sellos.

En una oportunidad, el abogado Balbuena habría llamado al “alquimista” para explicarle que los recibos de sueldo estarían “todos iguales” y le pidió que “debería hacerlos como si estuvieran sucios o rotos para que no estuvieran tan parejos”.

De la prueba analizada por el fiscal Czizik, se desprende que la hija de Barone, a los treinta años, consiguió una jubilación por discapacidad en Anses, tramitada, claro, por el estudio jurídico Organización Previsional.

El “prolijo” captador de clientes

Fernando “el prolijo” Biesa se encuentra prófugo y está señalado como ser el principal captador de clientes y armar empresas ficticias, necesarias para que el estudio jurídico pudiera orquestar las estafas.

Entre las maniobras que se le atribuyen, están las de haber armado una empresa con un hombre de 97 años que murió a los pocos meses y otra presidida por un indigente que contrataba a las personas que después se jubilarían por discapacidad.

Además, uno de los “arrepentidos” denunció que Biesa le habría ofrecido 10.000 dólares luego de los allanamientos realizados por las fuerzas federales, para que mantuviera silencio.

La Justicia Federal ya detectó al menos 400 casos de jubilaciones por discapacidad tramitadas fraudulentamente por los imputados y la estafa superaría ampliamente los 100 millones de pesos.

Biesa tiene antecedentes por estafa en una causa de la Justicia Provincial que no prosperó. Tiene realizado un trámite por invalidez presentado por uno de los detenidos, Cagni.

Biesa se encuentra prófugo y si bien existe un pedido de captura internacional en su contra, para la Justicia existía riesgo procesal desde un primer momento.

Esto se entiende porque Biesa ya cuenta con antecedentes por estafa, tiene familiares a quienes les tramitó la jubilación de manera fraudulenta, le ha ofrecido dinero a otro de los imputados para que guardara silencio.

La venta de certificados médicos

Los testimonios de los arrepentidos fueron fundamentales para entender el rol que los médicos cumplían en la operación, ya que reconocieron que ellos mismos cobraron por hacer certificados médicos “truchos”.

El rol de los médicos en la organización ya estaba confirmado por los organizadores y su función era justamente la de confeccionar certificados con elevados porcentajes de incapacidad, exigido por la ley, para que se les otorgara el beneficio de una jubilación especial.

Uno de los imputados arrepentidos reconoció que era él el encargado de pagarle a los médicos por cada certificado médico, aproximadamente 35.000 pesos.

Según este testimonio, el dinero era proporcionado siempre por Ruben David Cagni.

Además, el “médico arrepentido” reconoció que era el encargado de confeccionar informes médicos, una suerte de historia clínica que sobrevaloraba cualquier estudio para que el paciente llegara al porcentaje de incapacidad requerido.

En uno de los procedimientos, la Justicia secuestró una especie de “instructivo” en el que se explicaba a los médicos los posibles fundamentos a utilizar en caso de que una patología determinada no fuera tenida en cuenta o le fuere otorgado un porcentaje bajo a un cliente.

Para graficar el nivel de la estafa, uno de los médicos recientemente imputados es un psiquiatra que mientras estuvo ligado a la organización habría elaborado unos diez o doce certificados por semana. Es decir, que pudo haber conseguido unos 350.000 pesos semanales gracias a este fraude al Estado.

Según explicó el “médico arrepentido” a los investigadores, los certificados por invalidez que se realizaban de manera exagerada o simulada para obtener el beneficio provisional de Anses solían justificarse con enfermedades psiquiátricas, ya que dicha patología resultaba ser “de lo más subjetivo”.

Además, explicó que los psicólogos que participaban de la estafa “entrenaban” a los clientes para pudieran “aparentar” las enfermedades psiquiátricas.