La Justicia Federal elevó a juicio un nuevo tramo de la “Megacausa Anses” y 47 personas deberán responder ante un tribunal por cerca de 370 casos de estafa a las arcas del Estado por al menos 90 millones de pesos, a través de jubilaciones de Anses. Entre los imputados se encuentran los líderes de la organización ilícita, médicos, abogados, ex funcionarios públicos y beneficiaros.

Luego de que la Fiscalía Federal N°2 requiriera al juez Santiago Inchausti la elevación a juicio de este nuevo tramo, el magistrado clausuró la instrucción en la que se investiga una asociación ilícita que tramitaba de manera irregular beneficios previsionales ante el organismo nacional de Anses, lo que habría ocasionado una defraudación el Estado por al menos 90 millones de pesos.

La primera parte de la pesquisa había sido elevada a juicio oral y público en 2020 al Tribunal Oral Federal N°1, en la que se juzgarán a trece integrantes de la asociación ilícita que tenía como epicentro el estudio jurídico “Organización Jurídico Previsional”, además de exfuncionarios públicos de AFIP, ex funcionarios de la Comisión Médica y médicos- y de 20 beneficiarios, por un universo de cuarenta y siete beneficios previsionales.

En esta segunda parte de la acusación se imputa un universo de más de 370 maniobras, que incluyen tanto a nuevos hechos que se le atribuyen a los imputados que se vieron alcanzados en el primer requerimiento, así como se refiere a nuevos partícipes identificados y sus correspondientes imputaciones.

En la causa se investigó una asociación ilícita, compuesta por al menos 26 personas, que se dedicaba sistemáticamente a defraudar al Estado Nacional mediante la tramitación de beneficios de la seguridad social irregulares, y que ocasionó un perjuicio millonario a las arcas del Estado. Para desarrollar las maniobras imputadas, se habrían cometido otra serie de delitos, tales como el cohecho, la tenencia ilegitima de DNI, la alteración dolosa de registros, la falsificación de documentos, entre otros.

De acuerdo a la acusación fiscal, la organización estaba conformada por abogados, gestores, contadores, médicos, y funcionarios y ex funcionarios públicos de diversos organismos, como Anses, la AFIP, la comisión Médica y el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El juez Santiago Inchausti elevó la causa a juicio.

La “megacausa”

La investigación se inició en 2016, y desde entonces se han realizado más de treinta allanamientos, se dictaron diez resoluciones de mérito, se embargaron bienes por sumas millonarias y son 68 las personas procesadas entre integrantes de la asociación ilícita y beneficiarios. La causa, además, cuenta con el primer arrepentido en la Justicia Federal de Mar del Plata, el médico José Fati, quien tras estar prófugo durante meses, al entregarse reconoció haber firmado de manera irregular certificados de discapacidad mientras se desempeñaba en el Hospital Interzonal para que estos luego fueran utilizados por los miembros del estudio jurídico Organización Previsional SRL para que pudieran tramitar jubilaciones en Anses.

En la totalidad de los casos se constató una misma metodología para defraudar las arcas del Estado: un determinado beneficiario inicia el trámite ante la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Mar del Plata, bajo el patrocinio de alguno de los integrantes del estudio jurídico Organización Previsional SRL.

Con el fin de obtener y reunir los requisitos exigidos por ley, se falseaban relaciones laborales, con empleadores inexistentes en muchos casos. A su vez, el beneficiario aducía alguna patología –para ello contaban con certificados de los médicos procesados-, por lo que eran evaluados por personal de la Comisión Médica 12, donde se le otorgaba un determinado porcentaje de incapacidad que no llegaba a ser, en la mayoría de los casos, el que la ley exige para habilitar la concesión de la pensión.

Por lo tanto, apelaban ese dictamen ante la Comisión Médica Central, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que dictaminaba un porcentaje de incapacidad que tampoco alcanzaba para otorgar el beneficio. De esta manera, tomaba intervención la Cámara Federal de Seguridad Social que, previo a resolver, solicitaba vía exhorto a los Juzgados Federales Civiles de esta ciudad que el beneficiario sea visto por un perito médico oficial o de un centro médico público. Para que puedan intervenir los profesionales implicados, la organización delictiva fijaría el domicilio de los beneficiarios en Mar del Plata.

El estudio jurídico Organización Previsional SRL fue allanado al inicio de la investigación.

El rol de los médicos

En particular, la intervención de los médicos procesados dentro del aparato delictivo montado consistía en su participación en los trámites de RTI.

Pudo comprobarse que los miembros del estudio jurídico investigado derivaban a los clientes al consultorio médico de uno de los imputados, a los fines de que extendiera un certificado médico, historia clínica o un resumen para acreditar su incapacidad física/psíquica. Luego, se presentaban estos certificados o dictámenes ante la Comisión Médica Nº12, con el fin de tramitar un RTI.

En forma similar, el otro médico que tiene la especialidad de psiquiatría realizaba exámenes a los clientes del estudio y extendía certificados médicos con la patología “Reacción Vivencial anormal Grado III”, entre otras, lo cual no se reflejaría con la realidad psiquiátrica del paciente, a los fines de obtener un beneficio de retiro transitorio por invalidez.

Quién es quién

Los principales acusados y señalados como los líderes de la organización delictivo son los titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL: Roberto Balbuena, Luis Miguel Iros, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez. Son quienes, además, deberán responder por todos los delitos en el juicio.

Para la Justicia Héctor Seri es otro de los que tuvo un rol preponderante, al haber sido, como extrabajador de Anses, el contacto directo con el estudio jurídico.

En otro nivel de responsabilidad se encuentran los profesionales -médicos, abogados y contadores- que realizaron diversas maniobras para concretar las estafas: José Caliyuri, María Gabriela Iros, Miguel Cohelo, Daniel Fernández, Daniela Livi, Rodolfo Barone, Miguel Marcello, Rodrigo Jones, Alejandro De La Torre Kriskovich, José Fati, Juan Martínez Campoy, Gustavo Domínguez, Juan Soria, Marcelo Eiras, Eduardo Moyano, Gabriela Biribin, Nazareno Di Giovanni, Fernando Biesa y Rosana Arata.

Finalmente, se encuentran los beneficiarios de recibir jubilaciones que no les correspondían: Angela Rosa Pretz, Eduardo Mario Felicevich, Ana María Andersen, Irene Rosa Quiroga, Mauricio Herrera, Mirta Alicia Palacios, Antonio Ernesto Baamonde, Maria Rosa Caram, Carlos Alberto Ponce, Carlos
Alberto Berra, Rosa Imelda Cajal, Jorge Luis Belusci, Rosa Adeilada Dornhofer, Cecilio Isaac Coronel, Vivian Edith Gallegos, Daniel Osvaldo Díaz, Silvia Angelica Cancina, y Julio Damian Vega, Néstor Adrian Funes, Haydee Cristina Declerk, Beatriz Elena Suarez, Miguel Angel Santos y Juan José Delgue.