Con una modalidad que conjuga la presencialidad y la conexión remota, el juicio que tiene a 31 personas acusadas de ser parte de una asociación ilícita para cometer más de 300 fraudes contra ANSES, entre otros delitos, entrará esta semana en etapa de testimoniales. Está previsto que declaren los primeros nueve de los 200 testigos ofrecidos y admitidos en el debate.

Si bien eran 70 las personas imputadas en la causa, llegan 31 a esta instancia. En la previa, doce de ellas suscribieron acuerdos de juicio abreviado, en los cuales se asumió la responsabilidad de los delitos imputados, tres fallecieron y otras 24 fueron sobreseídas por reparación integral, al haber saldado la deuda con el organismo ANSES, originada con los fraudes en los que estaban involucradas.

Los delitos por los cuales se acusa a quienes llegaron a debate son asociación ilícita, 369 fraudes contra la administración pública, cohecho, tenencia de armas y de documentos de identidad ajenos, y falsificación de documentos. El perjuicio estimado al momento de iniciarse el caso, en 2016, era de 90 millones de pesos. Los acusados sobreseídos por vía de la reparación integral abonaron desde esa fecha a la actualidad un total aproximado de 18 millones de pesos a través de reconocimientos de deudas con el organismo.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, cuyos integrantes son subrogantes y siguen el debate vía Zoom desde sus despachos en distintas jurisdicciones, está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imas y José Mario Tripputi, y actúa como jueza sustituta Karina Yabor. Las audiencias se desarrollan todos los martes por la mañana.

El juicio se inició el pasado 29 de agosto con la ratificación de acuerdos de juicio abreviado y la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal. En su representación actúa el fiscal Nicolás Czizik, de manera remota, quien además tuvo a cargo la instrucción parcial de esta causa cuando estaba al frente de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, hasta abril de 2019.

En las jornadas siguientes, las partes acusadoras privadas –ANSES, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos– realizaron resúmenes de sus acusaciones, hubo otros acusados que ratificaron también juicios abreviados y se sustanciaron pedidos de sobreseimiento por reparación integral.

El 19 de septiembre fueron tratados y resueltos otros pedidos de sobreseimiento por esa misma causal, y se recibió declaración indagatoria a 26 acusados. Todos ellos se negaron a declarar y se resolvió incorporar los descargos que oportunamente, según el caso, habían realizado durante la instrucción.

En la última semana de juicio se recibió declaración indagatoria a uno de los acusados que se había negado a declarar en la audiencia previa, quien optó por efectuar un descargo. También se recibió declaración indagatoria a otros dos acusados, y a los dos imputados colaboradores. Estos últimos se negaron a declarar, y el tribunal incorporó, sin objeciones de las partes, los acuerdos de colaboración que habían celebrado con la fiscalía durante la etapa de instrucción y la filmación de sus declaraciones en ese marco, que servían de respaldo y para control de las partes y el tribunal.

Entre quienes suscribieron acuerdos de juicio abreviado, que serán analizados por el tribunal al final del juicio, se destacan siete médicos acusados por fraguar informes en trámites de retiros tempranos por invalidez, una persona acusada de intervenir en la falsificación de recibos de sueldos utilizados para simular relaciones laborales falsas, una persona encargada del armado de empresas fantasmas utilizadas para declarar falsas relaciones laborales, una contadora privada, un funcionario de la AFIP y un gestor. Todos ellos aceptaron la responsabilidad en los hechos atribuidos y acordaron una pena de 3 años en prisión en suspenso, a excepción del gestor, que acordó una pena de un 1 y 6 meses bajo la misma modalidad.

Entre los 31 acusados que se someten al juicio se hallan cuatro personas que lideraban el estudio jurídico que intervino en la totalidad de los fraudes, un exempleado de ANSES que, según la hipótesis, funcionaba como nexo entre ellos y el organismo, un empleado de la AFIP, una abogada del estudio y cuatro médicos; entre estos últimos, los dos que suscribieron acuerdos de colaboración con la fiscalía durante la etapa de instrucción.

El juicio podría prolongarse hasta el próximo año.