La tensión general acelera el pulso cardíaco en la sociedad venezolana. En el contexto del paro de 48 horas convocado por la oposición, intentan presionar al Gobierno para suspender la Asamblea Constituyente del próximo domingo.
Sin matices y con funcionamiento de instituciones paralelas, entre la “hora cero” y la “madre de las batallas” la República Bolivariana atraviesa una de las crisis más enmarañadas.
Desde la convocatoria al plebiscito no vinculante promovido por la oposición, nucleada en la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) el día 16 de julio, la escalada de violencia política y social se profundizó con los paros de todas las actividades formales e informales convocadas como mecanismos de presión por los opositores a la gestión de N. Maduro.
La falta de reconocimiento de la alta convocatoria a la consulta informal en contra de la Asamblea Constituyente puso en marcha mecanismos de co-gobierno de autoridades judiciales: una impuesta por el chavismo y otra por la Asamblea Nacional presidida por Julio Borges y Freddy Guevara.
La anulación de facto de la AN el 30 de marzo del 2017 y las constantes provocaciones del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) conformado por la facción chavista formalizaron las intenciones intuidas por el sector anti-chavista sobre el propósito de perpetuación en el poder del actual presidente, sin embargo el coqueteo constante con invitaciones a diálogos sordos enardeció a gran parte de la sociedad que para estas horas han peregrinado buscando todas las soluciones posibles.
Las cartas ya están echadas y la Mesa de la Unidad Democrática liderada por Henrique Capriles insuflados por el gran apoyo social, acelera la carrera para frenar las votaciones de los 545 asambleístas que serán elegidos el domingo 30 de julio por el oficialismo. La tensión es creciente.
El arresto de los magistrados Angel Zerpa, Jesús Rojas Torres y Zuleima González, integrante del TSJ nombrados por la AN anulada por Maduro, llevado adelante por el servicio bolivariano de Inteligencia, SEBIN, ha tornado cada vez más complicado el panorama general en el contexto de huelgas, miles de emigrantes que atraviesan las fronteras colombianas y el código QR que pretende observar el comportamiento cívico de los ciudadanos.
La misiva de Maduro y Diosdado Cabello es contundente: capturar a los 33 jueces nombrados por la oposición y a todo aquel que se interponga en la concreción de la Asamblea Constituyente el próximo domingo.
El carnet de la Patria
Las intenciones de todo el conglomerado político en torno a Nicolás Maduro no tienen tapujos en mostrar con prepotencia diferentes formas de control de la ciudadanía.
El código QR que pretende emular al utilizado en la República Popular de China, difiere en la operatividad del mismo, ya que en el caso de Venezuela el carnet será la forma de sistematización del control ciudadano monitoreado por el estado con el fin de tener un registro minucioso de los mismos, corroborando la lista de los que han sido beneficiados por la adquisición de asistencia social, coaccionando de manera subliminal sobre los ciudadanos y transformando las votaciones de la Constituyente del día domingo en cuasi “voto cantado”.
El carnet de la Patria de Venezuela es disímil al código QR utilizado en China cuya aplicación es empleada por empresas privadas para transferencias o servicios. Cualquier dispositivo aplicado en países de regímenes comunistas es adaptado a las pretensiones autoritarias del mandatario venezolano y quienes lo secundan.
La “carnetización” según N. Maduro facilitará la adquisición de alimentos y medicamentos, acusando a las empresas de prácticas monopólicas que según el gobierno han generado el desabastecimiento de los productos básicos. ¡Vamos a generar un nuevo poder popular! Aclama el mandatario con la férrea decisión de profundizar la “Revolución bolivariana”.
La cartilla de racionamiento no es otra cosa que el símbolo de un régimen que no tiene más salida que arremeter contra las libertades de sus conciudadanos desoyendo los reclamos y actuando con ceguera irritante hasta llevar a la catástrofe económica terminal que ha sumido a Venezuela en un proceso inflacionario de escalada sin límites: la más alta del mundo global.
Figuras claves
El vicepresidente Tarek Aissami es otro bastión al cuál acude N. Maduro con la única aspiración de profundizar la “revolución bolivariana”. El ex gobernador del estado de Aragua, joven y brioso, aclama con palabras y gestos contundentes por la formación de un nuevo Estado y una nueva Constitución el próximo domingo otorgándole a Nicolás Maduro supra-poderes por tiempo indefinido. Tarek Aissami no está solo en el “Dream Team madurista”, otros personajes fuertes entraron en escena para ser candidatos a asambleístas: El inflexible diputado Diosdado Cabello; Cilia Flores, esposa de N. Maduro; el hermano mayor del ex presidente H. Chávez, Adán Chávez, la excanciller Delcy Rodriguez; y el diputado Pedro Carreño, figuras centrales en la redacción de la nueva constitución. Nepotismo y Doctrina; familia y disciplinados serán los encargados de conducir la Constituyente que para estas horas se ha convertido en “el aniquilamiento de la República y la democracia” palabras del opositor Leopoldo López.
El peor escenario: asesinatos sistemáticos, enfermos y hambreados, caza de jueces y de todo aquel que interfiera en el proceso revolucionario; carnet de la Patria; huelgas generales; movilizaciones; migraciones masiva hacia Colombia y el aislamiento internacional que atraviesa Venezuela, deja inmutable y sin pestañar la mirada que el mundo posa sobre Venezuela, herida de muerte. El artilugio del terror como mecanismo de control y persecución, acciona y direcciona la voluntad de los venezolanos doblegándolos.
Pero la resistencia en las calles no cesa, Venezuela vive momentos de máxima tensión, el panorama dibuja con trazo grueso la peor catástrofe social, política y económica conformando con espanto la fórmula más letal: profundización del régimen madurista con tintes dictatoriales y la pérdida del respeto hacia los derechos humanos.
(*): Profesora en Historia.
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