Martino también tiene problemas con Greenpeace
Tras la renuncia a la dirección técnica del seleccionado argentino, la organización ambientalista le reclamó al rosarino que desista a la solicitud de desmonte de casi 2.500 hectáreas en Salta.
Gerardo Martino no está pasando por un buen momento. Ya era conocida su renuncia al seleccionado argentino de fútbol, tras la final perdida ante Chile en la Copa América Centenario. Pero ahora el rosarino tiene un problema más: un reclamo público de la organización ambientalista Greenpeace, por el pedido de desmonte de casi 2.500 hectáreas que hizo ante el gobierno salteño.
“Si bien ya hemos reclamado formalmente al gobierno de Salta que no lo autorice, hacemos un llamado público a Gerardo Martino y sus socios a que desistan de la solicitud de desmonte, ya que afectará seriamente a varias familias campesinas y la rica biodiversidad existente”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Gerardo Daniel Martino, Jorge Walter Theiler, Favio Lucas Cicutti y Shirley Elizabeth Theiler solicitaron un permiso de desmonte de casi 2.500 hectáreas para desarrollo agropecuario en la finca Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia de la provincia de Salta.
Durante la audiencia pública, realizada en mayo, el plan de desmonte fue rechazado por familias campesinas que habitan la finca hace varias décadas y por la Fundación Refugio.
El mes pasado Greenpeace entregó una carta a la Secretaría de Ambiente provincial solicitando que no autorice dicho emprendimiento; y advirtió que “la destrucción de esos bosques tendrá un impacto ambiental significativo, ya que la zona se ha transformado un refugio de biodiversidad ante la deforestación en su periferia, y afectará a muchas familias. Permitir su desmonte vulnera en forma flagrante las leyes vigentes e ignora las demandas de la sociedad.
“Gerardo Martino solicitó un permiso de desmonte de casi 2.500 hectáreas para desarrollo agropecuario en la finca Totoral”.
En ese sentido, el artículo 19 de la Ley Nacional de Bosques (26.331) dicta que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
El gobierno de Salta anunció públicamente que el permiso aún no ha sido otorgado y se encuentra en proceso de evaluación.
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