El subsecretario de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Mariano Muñoz, habló con LA CAPITAL sobre el situación de empleabilidad de Mar del Plata y la región. Arrojó los primeros datos del Operativo Verano y señaló cuáles serán los principales lineamientos sobre los que basarán la gestión de 2017.

El funcionario, que días atrás estuvo en la ciudad para encabezar una reunión junto a las autoridades de la Cámara Textil de Mar del Plata con el objetivo de analizar dos programas que pretenden beneficiar la actividad, destacó que la situación particular de la ciudad se da por “la existencia de varios fenómenos”.

“No sólo tiene un alto índice de informalidad, sino que tiene un alto índice de trabajo cuyos encuadramientos no están debidamente definidos. Estamos en un universo de actividades, como la pesca y la textil, que presentan mucho trabajo que puede ser calificado en una zona gris del sistema”, explicó.

Señaló que, por ejemplo, en la industria pesquera hay 17 mil trabajadores que prestan sus servicios “de manera directa e indirecta”. Muchos de ellos trabajan bajo la figura de cooperativas, aseguró, encuadramiento que desde Trabajo quieren controlar.

“A partir de un acuerdo tripartito que hemos firmado el diciembre pasado con las cámaras y los sindicatos, y entre Nación y Provincia, estamos comenzando un proceso de relevamiento y de peinado fino para ver cuáles de esas cooperativas son realmente cooperativas y cuáles están enmascarando un fraude laboral o un trabajo fraudulentamente cooperativo”, expresó el funcionario.

El acuerdo entre las partes mencionadas pretende enmarcar la tarea “en una responsabilidad tripartita”, por la que han comenzado a diseñar el protocolo individual de adhesión de cada una de las instituciones de acuerdo al marco suscripto con la actividad correspondiente.

“La idea es que las propias empresas y los sindicatos comiencen a colaborar con nosotros en revisar e indagar para saber cómo está compuesto ese tejido productivo marplatense en la actividad pesquera, y de allí, después de hacer un trabajo serio, separando la paja del trigo, verificando cuáles son realmente cooperativas y cuáles son personas, hombres de paja o testaferros, que ocupan posiciones y les dan un formato para eludir obligaciones laborales u obtener quitas de cargas sociales del Estado”, sostuvo.

Al mercado laboral informal, Muñoz agregó la figura de “monotributistas sociales”, una alternativa que, según las denuncias de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, utilizan los empresarios de los mercados frutihortícolas de la región.

“Hemos tenido participación en inspecciones, específicamente en los mercados y en parte del cinturón frutihortícola. Concretamente, en el caso de los mercados, estamos trabajando porque la mayoría de estas personas tiene una situación entre gris y negra. Le vamos a dedicar una parte importante de la labor inspectiva en 2017”, sostuvo.

También incluyó en el “lado gris” del empleo al trabajo a domicilio, ley 12.713, “que es una construcción normativa que tiene más de 70 años, ordenamiento que debe ser revisado. Son realidades que hay que saber administrar sobre todo tras unos meses difíciles en cuanto a creación de puestos de trabajo”, dijo.

En este sentido, el abogado especializado en derecho laboral, aseguró que “Mar del Plata es uno de los conglomerados más importante de la provincia y requiere de actividad específica”. Y agregó: “Hasta ahora hemos trabajado en el reordenamiento de la delegación, hemos colocado una subdelegación en el puerto, que va a atender la problemática específica del puerto, y además estamos trabajando en conjunto con las cámaras y sindicatos”.

Operativo Verano

Con 259 inspectores para dar cobertura a más de 430 mil establecimientos registrados en la provincia de Buenos Aires, el subsecretario asegura que “el Estado no tiene todos los recursos como para ser el único responsable de la verificación y de la corrección de todos los desvíos que hay en materia laboral”.

Calificó a la tarea de “compleja”, pero que se encuentran “trabajando fuertemente en la prevención del conflicto y también en su administración, gestión y dinámica”.

Dentro de esta dinámica incluyó al Operativo de Verano, el cual aseguró que “no tiene por objeto un fin sancionatorio, sino tratar de buscar la corrección de los desvíos. Nosotros tenemos un problema estructural en la provincia de Buenos Aires, porque no sólo tiene uno de cada tres habitantes en estado de pobreza, sino que tiene casi un 42% de su economía en la informalidad”, sostuvo el funcionario.

El operativo en sí constó de inspecciones laborales específicamente, como la registración de los trabajadores, y los controles vinculados a las condiciones de higiene y seguridad de los locales. “Se hace mucho foco en el riesgo eléctrico a través de capacitaciones, también damos capacitación de vías de evacuación y cuestiones que están vinculadas a los incendios”, informó.

Hasta el momento la cartera lleva relevados 2.100 establecimientos, lo que significó haber brindado contención a unos 12 mil trabajadores.

“En este primer balance estamos optimista porque hemos encontrado un 16% de desvíos, algunos en forma flagrantes, y dieron lugar a aplicaciones directas”, señaló, mientras aclaró que, por otro lado, están analizando 320 verificaciones que podrían dar lugar a nuevas intimaciones para que las empresas en cuestión regularicen sus situaciones.

También formaron parte de los controles de verano, las inspecciones de Transporte, donde se verificó que todos los choferes estén cumpliendo, fundamentalmente, con la premisa de no exceder sus horas de trabajo y obtener consecuentemente el adecuado descanso.

“En Transporte, en este año, hemos desarrollado una labor inspectiva en más de mil unidades, en 7 lugares distintos de la provincia, y hemos detectado irregularidades en más del 10%, realizando 6 suspensiones de servicio por no tener adecuadamente cumplidas estas notas de cuidado”, aseguró.

Recuperar derechos laborales y derechos civiles

Aseguró que su balance del primer año de gestión es “positivo”, donde llegaron a restituir “a más de mil personas” del mercado laboral informal, hecho que significó no sólo la recuperación de “derechos laborales, sino también derechos civiles”.
En este sentido, Muñoz resaltó que Marcelo Villegas, ministro de la cartera, “tiene la idea de que más que restaurar vía la multa”, se debe “contribuir a regularizar trabajo como contribución al sistema de previsión social. A modo de ejemplo cada punto porcentual regularizado significaría casi 2 mil millones de pesos anuales de ingresos para el sistema de seguridad social”, dato que el funcionario traduce en en “más jubilaciones, más salud. Porque, entre otras cosas, debemos recordar que el 30% de los fondos que se utilizan para el pago de jubilaciones sale de impuestos generales”, sostuvo.

Cifras de desempleo

Sostuvo, a su vez, que los grandes cambios vendrán luego de “un trabajo de planificación, de reestructuración de determinados sistemas productivos y sobre todo de toda la sociedad”.

Ratificó los ejes principales de la gestión del Ministerio, basados en fortalecer el sistema inspectivo y en la restitución de los derechos de los trabajadores, y destacó el trabajo de todo el equipo del área.

“A lo largo de 2016, el área del Ministerio que se dedica a las relaciones laborales con el sector privado y otro con el sector público administró más de 1.200 conflictos, de los cuales sólo unos 400 fueron expedientes con trámites internos dentro de la autoridad de trabajo”, detalló.

“A través de esos 1.200 conflictos administrados hemos podido armotiguar , y mucho, todo lo que es el fenómeno del desempleo. Es decir, una intervención prudente, y a tiempo, a nosotros nos ha permitido que el índice del desempleo de la provincia comparada con el índice de desempleo de Nación sea muy razonable”.

En este sentido, explicó que “si el desempleo a nivel nacional fue de unas 125 mil personas, en la provincia ese número no superó las 25 mil. Si entendemos que Buenos Aires es el 40% de todo, incluso de población económicamente activa (PEA), estamos casi a un 50% del ratio proporcional que correspondería aplicar, lo que debería acercarnos a los 48 mil casos, cosa que no ha sucedido”, concluyó atribuyéndole los resultados a “un buen diagnostico, administración y contención de los conflictos en territorio”.