La “falta de seguridad” fue la respuesta del 81 por ciento de los consultados al ser preguntados sobre “cuál es la mayor problemática poblacional”, lo que implica un crecimiento de “más del cien por cien” desde que el Instituto Promocional Argentino comenzó con la encuesta en 2004. En aquella oportunidad, esa problemática fue elegida por el 39 por ciento de los consultados. “La inseguridad fue considerada una sensación por las autoridades provinciales y nacionales -se explicó en el relevamiento- y en 14 años ésta problemática aumentó más del 100 por 100”.

En el relevamiento realizado sobre 300 casos, durante la primera quincena del corriente mes en la ciudad, el ranking de las preocupaciones señaladas por los consultados figuraron “el trabajo/desempleo (34 por ciento); economía (inflación, disminución del poder adquisitivo (con el 20 por ciento); la corrupción (15 por ciento); educación (11 por ciento); droga (10 por ciento); salud (8 por ciento)”.

La situación económica significa el “54 por ciento de la problemática poblacional (con exclusión de la inseguridad)”, ya que se sumaron los ítems “trabajo/desempleo e inflación y disminución del poder adquisitivo”.

Dentro del universo de los encuestados, se realizó un sondeo entre los que trabajan por cuenta propia (talleristas, pintores, gasistas, electricistas), pequeños empresarios, comerciantes y pymes y se les preguntó: “Ante la necesidad de tomar empleados, ¿por qué no lo hacen?”. Más de la mitad respondió que no lo hacían por “la industria del juicio”.

Así, el “paper” reveló que “el 60 por ciento se niega por los juicios laborales o la industria del juicio; el 40 por ciento por el costo adicional sobre el salario debido a las cargas sociales”.

En el ranking de las preocupaciones ciudadanas detectadas en el estudio realizado por la consultora dirigida por Mauro Palumbo, la corrupción quedó en tercer lugar con el 15 por ciento.

“Muchos manifestaron -aseveraron los encuestadores- que la corrupción mata. Debiéramos analizar y ver qué parte de responsabilidad tenemos cada uno, si aceptamos el ‘roba pero hace’ o rechazamos la corrupción”.

Víctimas

En cuanto al tema inseguridad, el “78 por ciento de los consultados” aseguró que fue víctima de un hecho delictivo, ya sea de manera directa o indirecta (a través de un familiar o amigo), en los últimos 10 años.

Asimismo, el “60 por ciento” aprueba que la víctima y/o familiares de ellas puedan ser parte en los juicios y en la de ejecución de la pena, aunque el 28 por ciento reconoció desconocer el tema.

En cuanto a las causas principales del flagelo, el 42 por ciento consideró que se debe “al accionar deficiente de la Justicia”; 19 por ciento lo atribuyó “a la droga”; el 18 por ciento a “los gobiernos y leyes que favorecen a los que delinquen”; el 15 por ciento al “accionar deficiente policial” y el 6 por ciento a otras causas.

“Hay una opinión mayoritaria que manifiesta que las personas que delinquen tienen por parte de la Justicia una mayor protección que las víctimas”, explicaron los especialistas al analizar los datos.

En ese sentido añadieron que “en la Justicia, las llamadas teorías garantistas han hecho que las mismas sean benevolentes para quienes delinquen, en lugar de garantizar un juicio justo”.

Sensación

En cuanto a la sensación de los consultados en relación a la inseguridad, la mayoría consideró que permanece igual que años anteriores. Así, el 66 por ciento aseguró que “permanece igual”, mientras que para el 11 por ciento “creció” y para el 17 por ciento disminuyó. Un 6 por ciento adujo “no saber”.

Al ser consultados si con las nuevas medidas implementadas -Policía Local, más patrulleros, más fuerzas policiales, cámaras de seguridad- creen que mejorará la situación, el 33 por ciento “dudó del resultado”, en tanto que el 25 por ciento consideró que “disminuirá” y para el 26 por ciento “continuará igual”. En tanto, el 9 por ciento aseguró que “aumentará” el delito y el 7 por ciento aseguró desconocer la respuesta.

Acerca de qué acciones (no judiciales) debieran implementarse para prevenir delitos, el 65 por ciento opinó que se necesitan “más policías en los barrios” y el 25 por ciento optó por “más cámaras de seguridad”.

En cuanto a la implementación de acciones judiciales o policiales para prevenir delitos, el 22 por ciento consideró que “las personas que delinquen cumplan su condena”; 20 por ciento pidió que “se agraven las penas por reincidencia” y el 18 por ciento pidió “leyes más duras”. En tanto, el 15 por ciento optó por “bajar la edad de punibilidad”, el 13 por ciento se manifestó a favor de “la mano dura” y un 9 por ciento recaló en “la pena de muerte”.

A los que plantearon la postura “pena de muerte” se los consultó en qué casos implementarla, manifestando que por “delitos aberrantes como violación seguida de muerte o delitos contra ancianos y/o personas indefensas”.

Variedad

Muchos encuestados consideraron que si un menor es hábil para votar como un mayor a los 16 años, también lo es para cumplir con la ley. “Indudablemente y basados en estos estudios -se explicó en el informe- el poder político (ya sea Ejecutivo, Legislativo o Judicial) no encontró respuesta a este flagelo que tanto preocupa a nuestra sociedad”.

En ese sentido, detallaron que “muchos encuestados manifestaron que la sociedad no es la responsable de esta problemática, como muchos pretenden hacerla ver, sino que es la víctima por la inacción, la impericia y/o inoperancia de quienes gobiernan, donde muchas veces privilegian los intereses políticos en lugar de los reclamos sociales”.

Asimismo, los mismos encuestados manifestaron que “culpar a la pobreza del aumento del delito es un insulto al pobre, porque hay muchos pobres que trabajan, buscan trabajo, o anhelan mejorar su situación económica pero no delinquen”.

También pudieron determinar que “la droga es otro flagelo que va de la mano con el delito. Durante muchos años fue aumentando, en consumo y/o tráfico en nuestro país, pero esto fue negado por quienes gobiernan y el tema fue usado como eslogan para sus campañas electorales”.